“Nadie debe arrastrar al Congreso ni al estado hacia la ilegalidad, por eso exigimos que se llegue hasta las últimas consecuencias”, dice el coordinador de los diputados priistas, Héctor Apreza, al justificar la iniciativa
Chilpancingo, Guerrero, 28 de abril de 2022. El pleno del Congreso local aprobó la creación de una comisión especial que se encargará de investigar la alteración a un artículo transitorio de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública, a la cual se le asignó un plazo de 45 días naturales, es decir, hasta el 11 de junio próximo, para informar sobre quiénes son autores materiales e intelectuales del hecho.
La propuesta fue presentada por el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, en la que ya se proponía los nombres de los integrantes: como presidenta la diputada del PRD Elzy Camacho Peñaloza. Los otros son los morenistas Antonio Helguera Jiménez y Leticia Castro Ortiz, la petista Leticia Mosso Hernández y la priista Gabriela Bernal Reséndiz.
La sesión transcurría de manera normal, pero antes de llegar a este punto, la presidenta de la Mesa Directiva Flor Añorve Ocampo dijo que a solicitud de diputados decretaría un receso de diez minutos, que finalmente fue de hora y media.
En ese tiempo, los coordinadores de los grupos parlamentarios se reunieron en diferentes puntos del salón de plenos para ponerse de acuerdo en cómo sería integrada. Finalmente los nombres se agregaron a la propuesta del PRI, aprobada sin discusión y por unanimidad.
La ley 179 fue aprobada por el pleno del Congreso local la noche del 12 de abril, y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 14. Sin embargo, en este último tramo sufrió una alteración al artículo segundo transitorio, cambio del que la presidenta de la Mesa Directiva Flor Añorve Ocampo se deslindó y lo mismo hizo el Ejecutivo estatal.
El hecho ha causado una crisis al interior del Poder Legislativo, ya que esta modificación se realizó pasando por encima de la decisión del pleno de este poder.
Ayer cuando se creó la comisión especial se determinó que tendría un plazo de hasta 45 días naturales para dar resultados y se pueda conocer a los responsables. Apreza Patrón argumentó en tribuna que “en Guerrero hay una evidente falta de certeza jurídica, pues la ley que aprobamos no es la ley que se publicó, algunos dicen que incluso no hay ley vigente, por eso insistimos en que hace falta certeza jurídica, lo que es altamente complicado para Guerrero”.
Y señaló que “nadie debe arrastrar al Congreso ni al estado hacia la ilegalidad, por eso exigimos que se llegue hasta las últimas consecuencias”.
Anexo a consulta en materia de educación indígena e inclusiva
El pleno del Congreso también aprobó por unanimidad un anexo al protocolo para la consulta sobre educación indígena e inclusiva, que pretende “desarrollar de manera libre, previa, informada y de buena fe el proceso de Consulta para poder crear, reformar, adicionar o derogar las leyes que impacten en la esfera de derechos a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos”.
Esto con la intención de cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 299/2020 en materia de “Educación indígena” y “Educación inclusiva”.
La propuesta fue un acuerdo parlamentario planteado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con lo que agregan este anexo al protocolo aprobado en febrero pasado y ratificado por el pleno el 3 de marzo.
De acuerdo con lo leído, sus objetivos son consultar de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuado y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre el capítulo sexto denominado “Educación indígena”, conformado por los artículos 39, 40 y 41, y el Capítulo octavo denominado “Educación inclusiva”, conformado por los artículos 44, 45, 46, 47 y 48, de la Ley de Educación del Estado de Guerrero.
En el anexo aprobado se especifica que el Poder Legislativo será la autoridad responsable, a través de la Jucopo, la cual tendrá la facultad de coordinar el proceso, y en calidad de coadyuvante el Poder Ejecutivo a través de las secretarías General de Gobierno, de Asuntos Indígenas y Afromexicanas, del Bienestar, de Educación, de Salud, así como del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y el Centro de Rehabilitación Integral de Guerrero.
No respalda Morena exhorto a Sagarpa por fertilizante
En la sesión, el diputado priista Adolfo Torales Catalán presentó una propuesta de punto de acuerdo como “asunto de urgente y obvia resolución” para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal (Sagarpa), Víctor Manuel Villalobos, para que de acuerdo con las reglas de operación del Programa de Fertilizantes 2022, “se garantice la entrega oportuna” y se realicen “las gestiones necesarias para ampliar los apoyos destinados a los agricultores, como la entrega gratuita de granos y semillas para la siembra y estos insumos sean recibidos a tiempo.
Sin embargo, esta propuesta fue votada en contra por los 21 diputados de Morena presentes en la sesión, y con los votos a favor de 20 diputados del PRI, PRD, y PVEM, el punto de acuerdo no alcanzó la votación necesaria para pasar como de urgente y obvia resolución, por lo que fue turnada a la Comisión Desarrollo Agropecuario y Pesquero.
En tribuna Adolfo Torales argumentó que el llamado es para que los lineamientos de ejecución, como el padrón de beneficiarios del programa “estén acordes a la realidad de nuestra población productora” y que organizaciones de campesinos, el gobierno del estado, se coordinen con los responsables de la entrega del fertilizante del gobierno federal para la entrega oportuna.
Dijo que es necesario que en esta ocasión el fertilizante no “se entregue a destiempo, con retardos y con irregularidades en la observancia de sus reglas de operación”.
Proponen reforma al Código penal para protección de niñas y niños
La priista Julieta Fernández Márquez presentó una iniciativa de reformas al Código Penal del estado y a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer las agravantes en delitos de abuso sexual cometidos contra menores de 18 años, y para que se elabore un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual.
Dijo que el promedio de edad de la víctima de abuso sexual en México es de 5.7 años; el 77 por ciento de las víctimas son mujeres; los principales agresores son personas cercanas, y una de cada dos víctimas no recibió ningún tipo de ayuda, las cuales suelen presentar síndrome de estrés postraumático.
En 40 por ciento de los casos alteraciones de los hábitos escolares; 10 por ciento en los hábitos del sueño, y alrededor del 70 por ciento sufre de miedo al salir o jugar.
La propuesta reformar el Código Penal para aumentar la penalidad hasta una mitad si el delito es cometido en contra de una persona menor de 15 años; y sancionar de 8 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa a quien realice cópula con una persona menor de 18 años o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no pueda resistirlo, aún con su consentimiento.
La diputada morenista Beatriz Mojica Morga participó por el “Día de las Niñas y los Niños”, en tribuna dijo que existe una agenda pendiente en relación con el ejercicio pleno de sus derechos humanos, que dé solución a los graves problemas que aquejan a este sector.
Queja contra la dirección de Comunicación Social
La presidenta de la Mesa Directiva Flor Añorve Ocampo acusó en tribuna al director de Comunicación Social del Poder Legislativo, César Felipe Leyva, por no garantizar el suministro de información y difusión de los diputados, lo que calificó como una irresponsabilidad.
Recordó que esta dirección debe actuar de manera institucional y difundir las actividades legislativas de las y los legisladores, a pesar de depender de la presidencia de la Jucopo.
Flor Añorve denunció en tribuna que el 18 de abril solicitó de manera personal y por escrito al encargado de la Dirección de Comunicación Social la publicación de un boletín de su conferencia donde se deslindó de la alteración que sufrió la Ley Número 179 de Seguridad Pública, pero “en un acto por demás irresponsable y desafiando la institución de esta presidencia hizo caso omiso y jamás publicó dicho boletín”, con lo que que el funcionario violó los artículos de la ley en los que se establecen sus facultades y obligaciones.
“Quiero dejar en claro la ineficiencia e incapacidad para ocupar este cargo”. Lo acusó de violentar los derechos de diputados y pidió no permitir “el despliegue de actitudes de ese tipo en ninguno de sus servidores públicos y sobre todo cuando se trata del área encargada de difundir las actividades legislativas”. Llamó a que la legislatura realice las designaciones de los titulares de las áreas administrativas y técnicas del Congreso y que se vigile que las “propuestos para ocupar los cargos, sean las personas idóneas, con capacidad, espíritu de servicio, pero sobre todo con un gran compromiso”.
El morenista Jacinto González Varona participó con el tema “Soberanía Energética en México”, y señaló que la Reforma Eléctrica presentada ante el Congreso de la Unión por el presidente de la República pretendía implementar las bases para un nuevo sistema eléctrico nacional y soberanía energética, y sustituir el esquema depredador planteado “por el anterior régimen”.
El morenista dijo que la iniciativa buscaba devolver el dominio del sector a la Comisión Federal de Electricidad, pero que “una vez más hubo quienes traicionaron al pueblo que les confió su voto”.
En el mismo tema participaron las priistas Julieta Fernández Márquez, Gabriela Bernal Reséndiz y Jesús Parra García, las y los morenistas Marben de la Cruz Santiago, Beatriz Mojica Morga, y Carlos Cruz López, así como los perredistas Raymundo García Gutiérrez y Ociel Hugar García Trujillo.
Texto: Rosalba Ramírez García / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
