Ciudad de México, 19 de julio de 2022. La Fiscalía General de la República (FGR) busca apropiarse de cinco inmuebles del detenido Rafael Caro Quintero y su familia para ponerlos en venta y entregar los recursos a Estados Unidos, como parte de una solicitud de asistencia jurídica internacional.
Con la finalidad de hacer efectiva una sentencia dictada el 15 de abril de 2021 por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en la que se declaró el decomiso civil de los inmuebles, la FGR presentó una demanda de extinción de dominio sobre los bienes de la familia Caro Elenes.
Las cinco propiedades se localizan en Zapopan, Jalisco, y están registradas a nombre de Caro Quintero, su esposa María Elizabeth Elenes Lerma y sus hijos Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Henoch Emilio y Mario Yibrán Caro Elenes.
Los inmuebles incluyen dos casas, dos departamentos y una bodega.
La demanda fue tramitada y radicada ante Argelia Román Mojica, Jueza Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, Especializada en Juicios Orales Mercantiles en la Ciudad de México, quien decretó el aseguramiento de los inmuebles.
“(Solicita) la enajenación o monetización de los bienes descritos, por conducto del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, solicitándose se sirva ordenar a dicho instituto la entrega del producto de los bienes al Gobierno de los Estados Unidos de América, por conducto de la FGR”, se señala en la demanda de la Fiscalía.
“En la totalidad o en la parte correspondiente en el caso de la existencia de acuerdos de asistencia jurídica sobre compartición de activos, en términos del artículo 250 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio”.
La FGR solicitó a la juez Román Mojica una declaratoria judicial de extinción de dominio sobre estos bienes en favor del Estado y decretar la pérdida de derechos sin contraprestación ni compensación para sus dueños y quienes se ostenten como tal.
En su demanda, también requirió a la juzgadora ordenar la inscripción de su futura sentencia en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco, así como autorizar la venta de los inmuebles para entregarle el producto a Estados Unidos.
El 14 de mayo del año pasado, Arnulfo Moreno Flores, Juez Cuarto de Distrito en la misma especialidad, había ordenado el aseguramiento de estos bienes, pero en un principio se había rehusado a tomar esa decisión porque la Fiscalía no pidió la extinción de dominio sino sólo las medidas cautelares.
El 2 de marzo pasado, la FGR finalmente presentó su demanda de extinción ante la juez Román Mojica, quien también acordó su aseguramiento como parte del procedimiento legal.
A través de edictos en el Diario Oficial de la Federación, los fiscales de la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio de la FGR ya emplazaron desde el mes pasado a la esposa y los hijos de Caro Quintero, para que respondan la demanda contra sus bienes.
Alertan por violencia en Sonora y Sinaloa
Los Gobiernos morenistas de Sinaloa y Sonora reforzaron la seguridad en las regiones donde opera el denominado Cártel de Caborca ante una alerta de posibles actos de violencia tras la captura del máximo jefe de esa organización, Rafael Caro Quintero, quien fue arrestado la semana pasada por fuerzas federales en el municipio sinaloense de Choix.
El mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha, indicó ayer que fuerzas estatales y elementos del Ejército están alerta tras el operativo de aprehensión, que se implementó en el llamado Triángulo Dorado del narcotráfico.
“Estamos muy atentos en eso, seguimos en la Mesa de Seguridad, hoy mismo (ayer) lo estamos viendo, estamos teniendo desplegada a la fuerza del estado en los diferentes puntos donde nosotros vemos que a veces se nos vienen problemas de delincuencia fuertes; entonces, estamos atendiendo”, dijo.
“No tengo ninguna información relativa a sí a él (Caro Quintero) se le podría hacer cargo de temas como la violencia en Choix. Lo que sí sé es que, si hubiera sido una persona con demasiada actividad en el tema, debería haber tenido un ejército que lo cuidara”.
Fuentes federales reportaron que el Cártel de Caborca tiene operaciones en territorio sinaloense, donde esa organización criminal disputa el control territorial con el Cártel de Sinaloa, en específico con “Los Chapitos”, identificados como Ovidio, Jesús Alfredo, Iván Archivaldo y Joaquín, todos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La disputa delincuencial se registra también al noroeste de Sonora, sobre todo en los municipios fronterizos de Caborca y San Luis Río Colorado, donde la violencia ha dejado 141 asesinatos entre enero y mayo de este año.
El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció que se reforzó la seguridad en Caborca, donde opera la organización fundada por Rafael Caro Quintero y que además es encabezada por sus sobrinos José Gil Caro Quintero y Rodrigo Páez Quintero, todos enfrentados contra Los Salazar y La Barredora, ambos grupos aliados del Cártel de Sinaloa.
“Estamos reforzando todas las posiciones, todos los espacios, particularmente aquellos donde tuvo (Caro Quintero) una participación criminal más activa, la zona de Caborca, esa región en particular, pero nunca descansan, tenemos presencia en todo el estado”, afirmó Durazo.
“Estamos reforzando de inmediato y duplicando la capacidad de investigación que tiene la Fiscalía (estatal) para dar con los responsables. Siempre hay disputas en las organizaciones criminales por tomar el liderazgo de ellas, nosotros estamos atentos y reforzando de manera muy particular todos los espacios y las regiones del estado”.
El pasado viernes, horas después de la detención del capo de 69 años, el Gobierno de Estados Unidos alertó a sus viajeros por una posible oleada de enfrentamientos entre criminales y fuerzas de seguridad en Sinaloa y Sonora.
Texto y gráficos: Agencia Reforma
