Con el pretexto de buscar al jefe guerrillero Lucio Cabañas, el 5 de septiembre de 1972, el Ejército reunió a todos los hombres de la comunidad mayores de 14 años. El resultado fue cinco campesinos desaparecidos, tres asesinados a patadas por los soldados, 79 detenidos y torturados de los cuales 40 ya han muerto, y 24 encarcelados y sentenciados de los que 12 viven aún
(Primera parte)
Atoyac, Guerrero, 20 de julio de 2022. El 5 de septiembre de 1972 el Ejército ingresó a esta comunidad de la parte media de la sierra de Atoyac, encerró en una casa a los varones mayores de 14 años, los trasladó a Atoyac donde los torturó, a algunos los desapareció durante semanas y después los dejó ir, pero a otros los encarceló en Acapulco para justificar que se estaba haciendo algo en contra de la guerrilla, aunque las víctimas, todos campesinos, no tenían idea de lo que pasaba.
Los campesinos que hora tienen de 61 a 85 años, cuentan que antes de la irrupción de las fuerzas militares la vida era pacífica, y desde hace 50 años, después de que fueron liberados, tuvieron que aprender a luchar para exigir justicia, cargando como una losa el sufrimiento que los convirtió en víctimas de la guerra sucia que desató el recién fallecido presidente de México, Luis Echeverría Álvarez.
Arturo Ríos Morales de 61 años es hijo del desaparecido José Beda Ríos de quien dice que “era un hombre amable, trabajador”, que se suma a la lista de los desaparecidos en esa irrupción militar: Mauro García, Gregorio Flores, Aurelio Díaz y Salustio Valdez.
El grueso de la gente aún no sabe por qué les pasó eso, si lo que hacían era sembrar café, frijol, maíz, tener hijos y disfrutar de su pueblo ubicado entre cerros a 20 minutos en camioneta desde la carretera federal, en una desviación en el municipio de Atoyac.
Una explicación, dice Arturo Ríos, es que “con el pretexto de buscar a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez se citó a todos los pobladores en la cancha del pueblo”, justo el lugar donde el miércoles 13 de julio, la semana pasada, hubo una reunión de vecinos con la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Marta Yuridia Rodríguez Estrada.
Hablar con las víctimas de tortura por el Ejército después de 50 años es difícil, están cansados de contar las horas en las que los sumergieron en botes con agua al borde del ahogamiento, que les aplicaron toques eléctricos en los testículos, que los amenazaron con asesinarlos, que los patearon en cada parte del cuerpo al punto de hacerlos desmayar.
Aún así los adultos mayores, todos con alguna enfermedad, cuentan qué pasó y cómo, y tienen claro que están en una lucha constante en contra del Estado que se niega a reparar el daño que les hizo, en lo posible, porque no hay forma en que se deshagan esas horas de terror.
Después de charlar con ellos queda una idea: en nombre del combate a la guerrilla el Ejército tenía licencia para cometer cualquier atrocidad, como torturar, desaparecer, destruir campos de cultivo, violar hombres y mujeres, y como sucedió en este caso, arrasar con un pueblo completo al secuestrar a todos los hombres adolescentes y adultos.
El caso de El Quemado es emblématico y muestra de la brutalidad con la que actuaban los soldados en la década de 1970, a los que el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora pretende honrar.
El número directo de víctimas es de 79 detenidos, de esos han muerto más de la mitad, 40, sus compañeros dicen con un dejo de tristeza una broma negra, “ya es más fácil contar a los sobrevivientes”, de los 24 que estuvieron encarcelados y fueron sentenciados quedan 12 vivos.
Además está el caso de Ignacio Sánchez, quien fue asesinado a patadas de soldados, después de varios días de tortura, quienes lo vieron cuentan que deliraba y lo vieron fallecer, pero nunca se entregó su cuerpo a los familiares, así que aparece en las listas de muertos y de desaparecidos.
La brutalidad ejercida en contra de esta población, además de la ruptura del tejido social que incluye el desplazamiento forzado de algunas familias, implica el abandono de tierras de labor, la pérdida de ganado y una intensa tristeza entre las víctimas, que como lo han hecho en regímenes anteriores, en este de la Cuarta Transformación resisten en busca de justicia.
Una emboscada
En un documento, las víctimas relatan lo que pasó, “el 23 de agosto de 1972, hombres del Partido de los Pobres realizaron una emboscada en contra de un convoy militar en un lugar conocido como Arroyo Oscuro, en Río Santiago, un camino de la sierra de Atoyac rumbo a la comunidad El Paraíso”.
El ataque de los simpatizantes del maestro normalista y líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos habría dejado 18 militares muertos.
El golpe, además de las bajas, provocó vergüenza entre las filas del Ejército porque, “eran cinco combatientes, tres hombres disparaban y dos mujeres golpeaban ollas en otro lado para simular disparos”, relató el organizador de movimientos campesinos Arturo García Jiménez.
“En respuesta, el Ejército desplegó una fuerte ofensiva con el objetivo de dar con los responsables, la cual se concentró en El Quemado. Según varios habitantes de esa comunidad, a finales de agosto de 1972 militares llegaron a la comunidad muy temprano y catearon algunos hogares, y los primeros que entraban a las casas iban dejando utensilios militares escondidos en las habitaciones, como botas, ánforas, platos, ropa, y luego entraban otros soldados y se encontraban esas pertenencias para implicar al dueño de la casa, realizando así las primeras detenciones de cinco personas inocentes”, continúa el relato escrito.
“El 5 de septiembre, militares tomaron El Quemado y tras pedir al comisario el censo de los habitantes, empezaron a convocar a todos los hombres del poblado a una asamblea en la cancha de básquetbol. A los que iban llegando los formaban en una fila y conforme los iban llamando de una lista, los metían a una casa aledaña a la cancha donde les decían los soldados, que el jefe les haría unas preguntas y los dejaría ir”, agrega.
“En la casa los soldados les quitaban las camisas a los hombres, los tiraban al piso, los amarraban de pies y manos y les vendaban los ojos. Al día siguiente por la mañana, los más de noventa habitantes de El Quemado, detenidos por los militares, empezaron a ser trasladados en helicóptero al cuartel de Atoyac. Allí, la mayoría de los hombres, que seguían amarrados y vendados, fueron sometidos a torturas con el propósito de que confesaran haber participado en la emboscada del 23 de agosto”, agrega.
“Los detenidos permanecieron incomunicados en Atoyac un día, algunos estuvieron así hasta más de un mes. Si bien unos pocos fueron liberados, la mayoría fue llevada en carros a la cárcel de mujeres de Acapulco, donde habían adaptado el comedor de mujeres para concentrarlos y recibirlos. En ese lugar, los hombres eran llevados a unos separos donde los golpeaban, les daban toques eléctricos y los metían en una tina de agua para que aceptaran los delitos de los que eran acusados. Entre los detenidos había menores de edad y varios que tenían más de sesenta años. De estos últimos tres murieron bajo custodia por los golpes recibidos y sus restos no fueron entregados a sus familiares: Ignacio Sánchez, Gregorio, Goyo, Flores y José Beda Ríos. Los detenidos aceptaron los cargos para dejar de ser martirizados y fueron trasladados a la cárcel municipal de Acapulco, donde fueron recibidos por agentes del Ministerio Público para que ratificaran sus declaraciones”.
“Ante los agentes del Ministerio Público los hombres se retractaron de sus confesiones y dijeron que sólo habían aceptado los cargos debido a las torturas y las amenazas. Sin embargo, las autoridades decían tener pruebas y testigos, la mayoría de ellos soldados que habían sido víctimas de la emboscada, que confirmaban su participación en los hechos de los que se les acusaba. En febrero de 1973 el juez ordenó la liberación de 29 de los detenidos por falta de pruebas, en mayo fueron liberados otros tantos que no fueron identificados por los soldados en los careos que llevaron a cabo las autoridades. Al año, en agosto de 1973, fue liberado otro grupo y, en febrero de 1974, cuando el juez dictó sentencia a los que permanecían presos, cuatro de los aprehendidos en El Quemado fueron absueltos y 24 fueron condenados a penas entre 30 y 40 años de prisión. Estos últimos fueron liberados en noviembre de 1976.
“El Ejército ocupó El Quemado durante más de tres meses tras su incursión en septiembre de 1972. El poblado quedó prácticamente sin hombres de 17 a 60 años de edad, pues los que no fueron detenidos huyeron por temor a ser aprehendidos por los militares.
Durante ese periodo, los soldados establecieron un rígido control sobre la vida de los habitantes de El Quemado: sometidos a una vigilancia constante, a tener que pedir permisos para ir a las huertas, a los corrales para ver a sus animales e incluso ir por leña. Los militares impusieron un límite a la cantidad de alimentos que cada familia podía ingresar a la comunidad, con el argumento de que estaban alimentando a los guerrilleros que estaban en el monte, con lo cual sometieron a los habitantes a un régimen de hambre. Además, los soldados soltaban a los animales y estos iban y acababan con los cultivos que habían dejado los hombres detenidos”, continúa el relato.
Roban dinero destinado para víctimas en la CEAV, denuncian
Arturo García Jiménez, quien acompaña a las víctimas de la irrupción militar en El Quemado, contó que el ex titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal, Jaime Rochín del Rincón “se robó el dinero que ya estaba destinado para hacer un memorial sobre las víctimas”.
Como prueba mostró una resolución de 44 páginas con el sello del organismo marcado como CEAV/CIE/0407/2018, “por la que se determina el plan grupal de reparación integral como parte del derecho a la reparación colectiva a favor de las víctimas de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos…” en El Quemado.
Informó que desde el año 2017 está el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) pero no como un regalo, sino que es resultado de una intensa búsqueda de justicia de familiares que sufrieron la guerra sucia, cuando el Ejército ocupó totalmente el municipio de Atoyac en busca de guerrilleros.
Mencionó que el 2 de octubre de 2018 la CEAV fue a ver a las víctimas, “ese año dijeron que en ese diciembre se les iba a pagar, a finales de 2021 se empezaron a dar apoyos a 40 de 73 de las víctima, pero a fuerzas porque se ampararon, y les están pagando de 200 a 750 mil pesos y sin tomar en cuenta ningún parámetro internacional”.
Algo importante, insistió durante el recorrido, “es que debe de quedar claro que a casi 50 años es el momento de transitar de la pesadilla de la guerra sucia a una cultura de paz y desarrollo, los agraviados resisten pero los gobiernos no ponen de su parte”.
Texto y foto: Rosendo Betancourt Radilla
