La CNDH pide la invalidez de la Ley 179 porque de nuevo se vulneró el derecho de los pueblos, dice el diputado morenista Masedonio Mendoza. No hubo detención ilegal de un indígena en Malinaltepec, responde la CRAC
Chilpancingo, Guerrero, 25 de julio de 2022. A partir de la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contra la determinación del Congreso del Estado de aprobar la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requirió que se le den los pormenores de la consulta realizada y todos los trabajos en torno a esta nueva ley.
En declaraciones telefónicas, el diputado morenista Masedonio Mendoza Basurto informó que el Juzgado Séptimo de Distrito notificó al Congreso local de la acción de inconstitucionalidad 81/2022, que promovió la CNDH, a través de la que piden la invalidez de la Ley 179 aprobada el pasado 12 de abril, porque de nuevo se vulneró el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Dijo que el 15 de julio, el área jurídica informó a la presidenta de la Mesa Directiva, Flor Añorve, que recibieron el oficio el 14 de julio.
La Ley 179, del Sistema de Seguridad Pública del Estado, fue aprobada en cumplimiento del mandato de la corte, que invalidó las reformas en materia indígena de 2018, y que ordenó al poder Legislativo realizar una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Durante este proceso, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y el diputado Mendoza, advirtieron de una serie de irregularidades con las que se buscaba simular consulta a los pueblos.
Después de aprobada, esta ley fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con una alteración al segundo artículo transitorio, lo que generó una crisis entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, que se deslindaron de la modificación, y aún no se esclarece, a pesar de que se creó una comisión especial que se encargaría de investigar.
Masedonio Mendoza comentó que a partir de la acción de inconstitucionalidad, promovida por la CNDH en representación de la CRAC, la SCJN solicitó al Congreso local que a más tardar el 5 de agosto entregue un informe, sobre cómo se realizó esta consulta.
En su recurso de inconstitucionalidad, la CNDH argumentó ante la SCJN que la consulta realizada por el Congreso local no cumplió con el bloque de constitucionalidad y de acuerdo con los estándares internacionales, explicó Masedonio Basurto.
La CNDH informó a la Corte que no se generó una fase preconsultiva, porque ésta no se definió de común acuerdo, entre autoridades gubernamentales y representantes de las comunidades indígenas y afromexicanas; a partir de que para la creación del protocolo para la consulta no se pidió la opinión de las poblaciones.
Niega la CRAC de Espino Blanco la detención ilegal que denunció indígena en Malinaltepec
La Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC) de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, rechazó que haya actuado de manera irregular y arbitraria en la detención del indígena de la comunidad de San Miguel, Modesto Hernández Villar.
En llamada telefónica, el coordinador Plácido Dolores Gálvez, y de acuerdo al acta que firmaron las autoridades comunitarias con el detenido y sus familiares, la detención de Modesto, el 15 de julio pasado, fue por incumplimiento de acuerdos, despojo en propiedad ajena y desacato a la autoridad, en agravio de Guadalupe Cantú Gómez y Leonila Hernández Cantú.
Hernández Villar denunció la semana pasada que policías comunitarios de la CRAC de Espino Blanco lo detuvieron el viernes 15 de julio y lo tuvieron incomunicado hasta la madrugada del martes siguiente.
Aseguró por teléfono que su detención se debió a que su cuñada, Guadalupe Cantú Gómez y su sobrina Leonila Hernández Cantú, quieren “despojarlo” de un terreno de su propiedad, aprovechándose de que el coordinador de la CRAC de Espino Blanco, Silvestre Castro Agustín es esposo de Leonila.
Hernández Villar denunció, asimismo, que la CRAC actuó de manera irregular porque San Miguel no es territorio comunitario y no son de su competencia los conflictos agrarios.
El coordinador de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Plácido Dolores Gálvez, aseguró, sin embargo, que fue detenido por incumplimiento de acuerdos, despojo en propiedad ajena y desacato a la autoridad.
Explicó que Modesto emigró muchos años de San Miguel y estuvo radicando en la Ciudad de México. Durante ese tiempo hubo un conflicto por deslinde de terrenos y la señora Guadalupe Cantú Gómez y Leonila Hernández Cantú asumieron la defensa del predio, “porque a nadie más le interesó”. Explicó que después limpiaron y cercaron el terreno con alambre.
Dijo que ahora, años después, Modesto “vino a provocarles problemas”; rompió la cerca y comenzó a construir en el predio.
Explicó que antes de que interviniera la CRAC, Guadalupe y Leonila pidieron la intervención del comisario municipal de San Miguel y del comisariado de Bienes Comunales de Malinaltepec pero no quisieron intervenir.
Entonces llegaron a un acuerdo con Modesto de que se iban a dividir el terreno, pero después ya no quiso cumplir y siguió construyendo y fue cuando las agraviadas acudieron a la CRAC.
El coordinador de Espino Blanco aseguró que previamente hicieron llegar dos citatorios a Modesto Hernández porque “queríamos que él viniera a platicar con su sobrina a la CRAC pero no quiso, se le notificó al comisario de su pueblo y al comisariado de Bienes Comunales y tampoco quisieron actuar, nada pasó, hasta que fue detenido”.
Rechazó que hayan actuado fuera de su competencia, puesto que fue a solicitud de las dos mujeres que son del mismo pueblo del detenido “y nosotros siempre hemos hecho justicia a quienes lo necesitan. Actuamos porque nos solicitan justicia y son ciudadanos de la misma comunidad donde vive Modesto”, insistió.
Argumentó que tuvieron que actuar sólo para aclaración y las partes llegaran a un buen acuerdo familiar con el objeto de evitar “algo peor, un mal incidente que nadie lo desea, es por eso es que actuamos de esa manera”.
Admitió que el coordinador Silvestre Castro Agustín es esposo de Leonila Hernández, como lo declaró el acusado, pero que previamente le aclararon que éste no iba a ser el que impartiera justicia, sino que se iban a encargar los otros dos coordinadores” y aseguró que no es verdad que Silvestre Castro haya encabezado la detención.
Negó también que haya estado incomunicado puesto que le notificaron a la autoridad municipal que se lo iban a llevar para que se “careara” en la Casa de Justicia con quienes lo denunciaron. Además, insistió que antes de su detención le entregaron dos citatorios que desacató.
De acuerdo al acta que firmaron las autoridades de la CRAC, con el detenido y sus familiares para su liberación, las autoridades comunitarias lo exhortaron a que se abstenga de realizar “actividades” dentro del predio del conflicto, “ya que esto fue lo que motivó su detención”.
También el comisario municipal de San Miguel, Juan López Castro, se comprometió a exhortar a su vecino a que resuelva el conflicto por el predio que tiene con Guadalupe Cantú Gómez y Leonila Hernández Cantú ante la Comisaría de Bienes Comunales de Malinaltepec.
Además, los coordinadores regionales de la Casa de Justicia de Espino Blanco y el comisario municipal de San Miguel exhortan al comisariado de Bienes Comunales de Malinaltepec a resolver “de manera urgente” el conflicto entre Guadalupe Cantú y Leonila Hernández y Modesto Hernández Villar.
Según el documento, este conflicto lleva más de dos años “y por falta de atención de las autoridades correspondientes se ha agravado”.
Piden actuar con imparcialidad; “conforme al derecho que a cada comunero o avecindado corresponda”.
En el documento firmado, Modesto Hernández Villar y sus familiares se comprometieron a no presentar ninguna denuncia en contra de los coordinadores regionales de la CRAC.
Firmaron el comisario municipal de San Miguel, Juan López Castro, el liberado Modesto Hernández y sus familiares Metodia Hernández Villar, Fabiola Hernández Villar, Alejandro Solano Villar y Rogelio García Solano.
Así como los coordinadores regionales de la CRAC Bonifacio Flores Naves y Silvestre Castro Agustín.
Texto: Rosalba Ramírez García y Zacarías Cervantes / Foto: Archivo
