Se trata de las que se cancelaron y que incluían a militares. Se desmoronó un alto porcentaje de pruebas del informe sobre Ayotzinapa, revela Encinas al NYT. Sin embargo, sostiene que el caso también está sustentado en otras evidencias. Se estancan las investigaciones cuando se trata del Ejército, señalan padres de los normalistas desaparecidos. Marchan en Chilpancingo contra la militarización y la criminalización de los luchadores sociales
Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, 27 de octubre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que podrían reactivarse las 21 órdenes de aprehensión que fueron canceladas por la Fiscalía General de la República (FGR), relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la conferencia matutina, el mandatario consideró que, de existir pruebas suficientes, podría buscarse la emisión de esas órdenes de arresto en contra presuntos responsables y entre los que se encontraban 16 militares.
“Sí, sí (podrían reactivarse), siempre y cuando se cumpla con todos los procedimientos legales. Porque les explicaba y fue muy buena la reunión por eso (la reunión del lunes con madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos), que se actúo a partir del informe de la comisión. Entonces, los que aparecen ahí son los que fueron procesados o a los que se les pidió, a jueces, que autorizaran órdenes de aprehensión, a ese grupo.
“Luego, por razones todavía no muy claras, se dio a conocer que no eran 20 o 25, los que estaban ahí, sino que habían 80. Mi interpretación, porque yo siempre digo lo que pienso es de que cuando se dio la instrucción de que se judicializara, de acuerdo al informe, y habían personas que contaban con protección o que posiblemente no querían que se les juzgara o se les iniciaran procesos, entonces quisieron dinamitar la decisión judicial, pensando que si metía nada más ya no se iba actuar sobre los que estaban como responsables en el informe”, dijo.
En su momento, la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión derivó en la renuncia del fiscal especializado del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Sin embargo, López Obrador advirtió que, detrás de esas acciones legales, podrían estar varios interesados en desatar una rebelión del Ejército.
–¿Podría haber más órdenes de aprehensión?, se le preguntó.
“Claro, pero lo que se buscaba era enredar, perder tiempo para dejar sin efecto las órdenes de aprehensión o que se fugaran los que estaban señalados en el informe, incluidos los militares”.
–Sobre el nuevo Fiscal, ¿hubo inconformidad, no podría politizarse la investigación?
“No, se les aclaro bien (a los padres y madres de los normalistas desaparecidos), por ejemplo, se hablaba de que al fiscal anterior se le había destituido y se les aclaró que no fue así, que el fiscal renunció, no quiso ya continuar, pero fíjense la diferencia de sostener que fue destituido a que él renunció”.
Se desmoronó alto porcentaje de pruebas del informe del caso Ayotzinapa, revela Encinas
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reveló que no se confirmó la autenticidad de un alto porcentaje de las capturas de pantalla de conversaciones entre criminales y militares que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que sirvieron de base en la elaboración del informe que presentó en agosto pasado.
Las revelaciones de Encinas fueron publicadas este miércoles en el periódico estadunidense Tle New York Times, al que declaró: “Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”.
El subsecretario, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, informó en entrevista que ante inconsistencias en las capturas de pantalla que le filtraron, las sometió a una revisión más exhaustiva. Y como resultado de la revisión, “dijo que no había conseguido verificar muchas de las capturas de pantalla y que había tenido que desechar varias de ellas”, se publicó en el reportaje, titulado, “El caso Ayotzinapa se resolvió en México. Hasta que las pruebas se desmoronaron”.
En el reportaje firmado por Natalie Kitroeff, Ronen Bergman y Óscar López, se plantea como antecedente del problema de las pruebas inconsistentes en el informe de Encinas, que concluye que “tras haber sido secuestrados en 2014, los estudiantes fueron asesinados por narcotraficantes que operaban en conjunto con la policía y el ejército”, las prisas para resolver el caso, que vinieron de la presión por declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La presión venía desde el nivel más alto: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en junio que su gobierno sabía lo que había ocurrido a los estudiantes desaparecidos y que este año resolvería el asunto, aunque los investigadores no habían certificado las pruebas aún.
“Pero las dificultades también surgieron de la disfunción al interior del gobierno, donde los funcionarios que investigaban el caso retuvieron información clave unos de otros, perjudicando su propio caso”.
Encinas reconoció sobre las 467 capturas: “Hay unos que hemos desechado”, dijo. “No tienen elementos suficientes para acreditarse”, y admitió que la fuente que brindó los mensajes podría haberlos fabricado. “Todo es posible”, dijo. “El 100 por ciento seguro en esto no existe”.
Una fuente le entregó 467 capturas de pantalla de conversiones entre militares y criminales por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las mismas que aparecen en el informe filtrado sin censura y se espera que en unos días investigadores internacionales ajenos al gobierno den a conocer el análisis de este contenido.
En el la entrevisa, Encinas da a conocer que en febrero viajó a Israel, y que durante tres horas platicó con Tomás Zerón de Lucio a quien ofreció “apoyo del presidente” López Obrador, a cambio de información del paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Sin embargo no consiguió nada.
El aumento de la presión con la protesta social y de las madres y padres de los estudiantes se apoderó de la Fiscalía, y para agosto según el reportaje, en un sentido de urgencia el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, presionó a su principal fiscal para que preparara una orden de aprehensión contra el ex procurador Jesús Murillo Karam, “quien se convirtió en el rostro de la investigación simulada del gobierno anterior, según varias personas con conocimiento del asunto que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias”, dice el texto.
En el mismo reportaje se señala que el ex fiscal Gómez Trejo, rogó que le dieran más tiempo para reunir pruebas adicionales contra Murillo Karam, pero se le negó, y después se hicieron cargo fiscales con poca experiencia en el caso y el ex procurador general fue encarcelado.
Se giraron 21 órdenes de aprehensión contra militares y funcionarios, que fueron canceladas, pero cuatro oficiales del Ejército, entres ellos un general, siguen detenidos.
El reportaje indica que los investigadores internacionales publicarán su propio análisis de los mensajes a finales de octubre.
Encinas aseguró que, incluso si los mensajes resultan falsos, aún tiene confianza en su investigación, que, dijo, estaba respaldada por otras pruebas y “tiene mucha solidez y se va consolidando”. “En todas las investigaciones”,“hay aciertos y errores”, dijo a The New York Times.
Se estancan las investigaciones cuando se trata del Ejército, dicen padres de los 43
Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, informaron que sienten un estancamiento de las investigaciones cuando se trata de personajes del Ejército mexicano.
“Cuando llegan a tocar a elementos del Ejército mexicano se cierran las puertas para que la investigación pueda seguir su curso, hemos visto un estancamiento sobre la investigación sobre el informe preliminar”, afirmó el señor Emiliano, padre del estudiante desaparecido José Ángel Navarrete González.
Agregó que el informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa el 18 de agosto pasado no significa nada concreto, además de que no existen pruebas que puedan respaldar la afirmación de que los 43 estudiantes desaparecidos se encuentran sin vida.
Indicó que el gobierno “no va a investigar” al mismo gobierno, además de afirmar que no se hizo caso del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde requería a las instituciones como la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) brindar información sobre el caso.
Pidió a organizaciones a nivel internacional y activistas de derechos humanos que presionen al actual gobierno federal sobre la falta de avances en las investigaciones del caso.
La señora Nicanora, madre de Saúl Bruno García pidió a los responsables de llevar a cabo las investigaciones que si no pueden resolver el caso que dejen el cargo público a otra persona. “Si no pueden pues que dejen a una persona que haga las cosas porque no pueden investigarse a ellos mismos, porque son de gobierno los que hicieron la desaparición de nuestros hijos”, dijo la señora Nicanora.
Agregó que aceptarán la verdad de lo que les presente el actual gobierno, siempre y cuando se encuentre respaldada mediante un punto de vista científico, además de reiterar la presentación con vida de los estudiantes.
“Vamos a aceptar aunque nos duela, pero vamos a aceptar con prueba científica, porque nosotros queremos a nuestros hijos con vida, porque con vida se los llevaron”, declaró la madre de familia.
Los padres mencionaron que tras la reunión con el presidente López Obrador, el mandatario les reafirmó el compromiso con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, de llegar hasta las últimas consecuencias.
Este miércoles se llevó a cabo la manifestación por los 97 meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La marcha se realizó en la Ciudad de México, teniendo como punto de partida el Ángel de la Independencia y llegando al Hemiciclo a Juárez donde realizaron un mitin y haciendo una pausa en el denominado Antimonumento de los 43 para un pase de lista.
Marchan contra la militarización a ocho años y un mes de los crímenes de Iguala
Integrantes de organizaciones sociales, estudiantiles y magisteriales marcharon en la capital para exigir a los gobiernos estatal y federal un alto a la criminalización de la lucha social, contra la militarización y porque se cumplió otro mes de la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa.
Unas mil 500 personas participaron en la movilización, entre ellas: padres de los 43 desaparecidos, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), Tlachinollan, el Colectivo de Familiares Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
También del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, del Sindicato Único de Trabajadores de Bachilleres (Sutcobach) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG).
El primer contingente salió minutos antes de las 11 de la mañana del monumento a Nicolás Bravo en la avenida Insurgentes hasta llegar al antimonumento por los 43, en la avenida Lázaro Cárdenas, donde se les unió la CETEG, ahí realizaron un pase de lista de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos desde hace ocho años y un mes.
Consultado en la marcha el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra informó que en la reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se abordaron las investigaciones, particularmente las órdenes de aprehensión contra militares y el nombramiento del fiscal especial en el caso Ayotzinapa.
En cuanto al fiscal manifestó que los padres de los 43 insisten en se debió tomarlos en cuenta para hacer el nombramiento. Detalló que se acordó establecer una mesa y revisar los perfiles y las propuestas que presenten los padres y madres.
“Lo que el presidente de la República nos pide es que se le dé un voto de confianza al nombramiento que él ya realizó, pero los padres dijeron que no. Por lo que se hará la valoración”, dijo.
Dijo que en la reunión hubo un “revire de él (del presidente) porque reafirma su posición. Sentí que fue un diálogo muy franco, obviamente el presidente hizo señalamientos fuertes de los que él ve y considera, pero también los padres pudieron verter sus opiniones”.
Debido al señalamiento de López Obrador de ser “comparsa de los conservadores” dijo que también los padres le manifestaron lo que piensan del gobierno y de los militares.
El señalamiento que hizo el presidente no sólo fue al abogado de Tlachinollan, sino a otras organizaciones, “es un señalamiento franco de acuerdo a cómo él ve las cosas y considera. Finalmente hubo un acuerdo, no hubo un rompimiento y terminó bien la reunión”, explicó Vidulfo Rosales.
Este miércoles Andrés Manuel López Obrador informó que podrían reactivarse las 21 órdenes de aprehensión que fueron canceladas por la FGR, relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al respecto el abogado de los 43 opinó que si lo está anunciando quiere decir que sí van “a tono con el acuerdo que se tomó. Ese anuncio es muy positivo”.
Explicó que el acuerdo que se hizo con el presidente de la República es revisar las pruebas y dijo que espera que se proceda y se reactive de ser el caso, “consideramos que por lo menos para estos 16 militares y otros cinco funcionarios sí hay elementos y se podría reactivar”.
La marcha ingresó a los carriles centrales de la Autopista del Sol, en el trayecto llamaron a más organizaciones a unirse para hacer un solo frente, después salieron de la vialidad a unos metros del restaurante Vip’s para acudir al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado.
En el mitin señalan al Ejército de hostigar a los movimientos y luchadores sociales
Las organizaciones llegaron a las escalinatas del ex Palacio de Gobierno, donde la puerta principal fue cerrada por los guardias de seguridad. Ahí leyeron un comunicado en el que destacaron que el Ejército hostiga y persigue a los movimientos y luchadores sociales en el país, y particularmente en el estado de Guerrero.
Condenaron que el Ejército y el gobierno criminalice la lucha social y que se coloque a los activistas, defensores de derechos humanos y periodistas fuera de la legalidad.
“Los gobiernos deben de respetar la diversidad y pluralidad de intereses que convergen en una sociedad democrática. El movimiento social y los defensores de derechos humanos son la columna vertebral de la lucha de clases que propicia los cambios y los avances democráticos, y mantiene vivo el anhelo de un mañana mejor, por ello es criminal que el Ejército los hostigue y los persiga y por el contrario sea omiso con las bandas criminales que matan y asesinan a plena luz del día”, declararon.
Externaron que dicha institución ha dejado una estela de muerte en el estado como la masacre de El Charco, las violaciones a las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el año 2014.
Dijeron que para las fuerzas armadas el enemigo es la gente que se organiza, los que alzan la voz. Mientras tanto a las bandas criminales se les permite que desplieguen libremente sus actividades delictivas, es más, se asocia con estos para delinquir, como se ilustra con el caso Ayotzinapa que los coroneles del 27 Batallón de Infantería de Iguala convivían con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
Exigieron el cese de la criminalización contra los movimientos sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, que el Ejército sea investigado por sus crímenes y se abstenga de vigilar y hostigar a los que luchan por un mejor mundo.
En su participación, Joaquina García Velázquez, madre del normalista desaparecido Martín Getsemany Sánchez García expuso, “un mes más vamos a seguir en esta lucha exigiendo la verdad, saber qué pasó con nuestros hijos o saber dónde están”.
Agregó que el gobierno quiso entregarles un mensaje de que el caso estaba cerrado, pero aseveró que como madres y padres seguirán en la lucha para exigir verdad y justicia.
Queman boletas de la elección del SNTE contra “el charrismo sindical”
El secretario general de la CETEG, Héctor Torres Solano dijo que la organización está en contra de “esa falsa elección”, la del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y que se encontraron boletas marcadas.
Posteriormente un grupo de maestros de la CETEG quemó un paquete de boletas electorales de la elección ocurrida el martes y dijeron que estaban contra el “charrismo sindical”.
El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz dijo que hace un año y tres meses, “nos arrancaron a un miembro muy querido, a un hombre defensor de los derechos humanos”, su hermano Vicente, quien se encuentra desaparecido.
Dijo que cuando su hermano desapareció estaba la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, “en aquel momento declaré que fue una venganza de ese chacal y lo sigo sosteniendo”.
Además recriminó que organizaciones sociales depositaron la confianza para un cambio con la nueva administración que encabeza la morenista Evelyn Salgado Pineda, pero no han tenido resultados, “todo lo contrario, estamos viendo cómo se nos ha criminalizado”.
Manifestó que el Ejército nunca va a cambiar por más que “le quieran poner pueblo uniformado”. La institución militar es una “máquina de matar” y que sus principales objetivos son los luchadores sociales.
Las organizaciones entonaron el himno Venceremos y corearon consignas, “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “26 de septiembre de no se olvida, es de lucha combativa”, posteriormente se retiraron del lugar.
Texto: Agencia Reforma, Redacción, Juan Luis Altamirano Uruñuela y María Avilez Rodríguez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
