El procurador de Justicia de Ángel Aguirre dice que va a dar la cara por su familia. No alcanzó a conocer si hubo omisión del secretario de Seguridad Pública Leonardo Vázquez Pérez en proteger a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, motivo por el cual fue detenido, dice
Chilpancingo, Guerrero, 4 de noviembre de 2022. El procurador de Justicia de Guerrero en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, Iñaki Blanco Cabrera reconoció que entre las 21 órdenes de aprehensión que fueron canceladas y que podrían reactivarse, como lo anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estaría la que hay en su contra.
El señalamiento contra Blanco Cabrera que originó esa orden de aprehensión son sus presuntos vínculos con el crimen organizado, concretamente con Guerreros Unidos, al que se responsabiliza de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
En razón de ello declaró por teléfono que ha enviado los argumentos a su favor pero que no fueron tomados en cuenta en su momento por la Agencia del Ministerio Público.
También dijo que en las primeras investigaciones de la Procuraduría (hoy Fiscalía General del Estado) sobre el caso Ayotzinapa, no logró saber si hubo omisión de parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, motivo por el que fue detenido el ex secretario Leonardo Octavio Vázquez Pérez.
Ante el riesgo de que una de las 21 órdenes de aprehensión que podrían reactivarse por el caso Ayotzinapa, sea la suya, el ex funcionario adelantó que va a dar la cara por su familia, “y es por ellos que voy a buscar cómo salvaguardar mis derechos porque no me parece correcto que se les coloque en una situación de riesgo y especial vulnerabilidad a partir de filtraciones sin ningún sustento”, declaró.
Insistió en que lo que ha declarado en ocasiones anteriores de que los señalamientos en su contra por delincuencia organizada, concretamente por sus presuntos vínculos con el grupo delictivo Guerrero Unidos, a quien se implica en el caso Ayotzinapa, son a partir de imputaciones generadas, “por un testigo colaborador que fue uno de los principales perpetradores y asesinos de los normalistas, Gildardo López Astudillo, conocido como Juan”.
En su defensa declaró que durante los hechos la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 del 2014 sólo hubo una autoridad que actuó, en referencia a la Procuraduría General del Estado que encabezaba entonces.
“Todo eso obra en el expediente pero no se le hizo saber al juez, y por eso voy a denunciar al fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo”, adelantó.
Consideró que en el desempeño de su encargo (poco más de tres años), Gómez Trejo incurrió en “omisiones graves” que deben dar lugar a la imposición de sanciones penales y administrativas.
Por ejemplo, dijo que no subsanó los errores de las consignaciones que llevó a cabo la anterior administración de la PGR, obteniendo y ofreciendo datos de prueba (testimonios, análisis forenses de telefonía, transcripciones de escuchas legales y documentales diversas) en carácter superveniente para evitar la liberación de decenas de delincuentes, todos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
“En resumen, el hoy exfiscal consintió y toleró la liberación de diversos integrantes de los Guerreros Unidos y se alió con varios de los mismos, entre ellos Gildardo López Astudillo, a pesar de su probada participación en los lamentables acontecimientos de Iguala, reconociéndolos como testigos colaboradores con la clara intención de construir una verdad acorde a sus intereses” denunció el ex procurador.
Concretamente a la orden de aprehensión que se solicitó en su contra y que podría reactivarse, declaró que “se actuó dolosamente, dado que al juez que la obsequió no se le hicieron saber todos los antecedentes del caso vinculados a su actuación en la atención del mismo, esto es la investigación que llevó a cabo la Procuraduría del Estado muchos meses antes del 26 y 27 de septiembre de 2014, la cual permitió conocer la estructura, las zonas de influencia y el modus operandi de los Guerreros Unidos derivado del hallazgo de fosas y osamentas, la obtención de números telefónicos, direcciones y nombres de miembros de dicha organización delictiva, así como la detención y consignación de algunos de ellos y el desmantelamiento de un narco laboratorio en colaboración con el Ejército”.
Dijo que tampoco se le explicó que, contrario a lo que sostiene el testigo colaborador Juan (Gildardo López Astudillo), al que se le ha dado credibilidad en ciertas cosas y en otras no, “en el sentido de que yo recibía dinero de la organización criminal, el Ministerio Publico Estatal detuvo y consignó a más de 100 de sus integrantes en poco más de un año, resaltando en ese sentido los resultados alcanzados en las investigaciones del secuestro del diputado local Olaguer Hernández Flores y el atentado del empresario Pioquinto Damiám Huato, tal como se hizo público en su oportunidad”.
Dijo que tampoco se le indicó al Juez en cuestión que José Luis Abarca (ex alcalde de Iguala) ordenó ejecutarme, “tal como me lo hizo saber en ese entonces un integrante del Grupo de Coordinación Guerrero que hoy es un alto funcionario federal”.
Según el ex procurador esto es relevante porque resulta contrario a lo dicho por el testigo colaborador Juan, el cual es singular y de oídas, además de contradictorio e inconsistente en el sentido de que existió colusión entre mi persona y los Guerreros Unidos, “a quienes, como he señalado, investigué, detuve y consigné”.
Iñaki Blanco añadió que, “por cierto, hay otras personas a las que alude El Gil y sobre las cuales existen datos de prueba para establecer su participación en el caso de mérito y a pesar de ello, Omar Gómez Trejo no realizó acción alguna en su contra”.
El ex procurador dijo que durante las primeras investigaciones de la dependencia a su cargo sobre el caso Ayotzinapa, no alcanzó a conocer si hubo omisión de la Secretaría de Seguridad Pública, motivo por el que fue detenido el ex secretario de Seguridad Pública Leonardo Octavo Vázquez.
Mencionó que los señalamientos en contra del ex funcionario están relacionados con lo que argumentó la anterior administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que denunció en su recomendación a distintos funcionarios entre ellos el secretario de Seguridad Pública.
“Entiendo que lo hicieron responsable de conductas de carácter emisivo, esto es que siendo una autoridad de carácter preventivo debió patrullar y no lo hizo, y hasta donde se dio la instrucción de que se concentrara el personal en el cuartel y en el Cereso, entiendo que eso dio lugar a que la CDNH lo señalara de omisión, por lo demás son aspectos que se están investigando y no tengo valor de prueba”, agregó.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo
