Madrid, España, 14 de enero de 2023. La Fiscalía de Perú confirmó ayer que 42 personas han muerto, -41 civiles y un agente de Policía– 531 resultaron heridas y 329 han sido detenidas desde el inicio de las protestas antigubernamentales que comenzaron en el país en diciembre pasado.
La Defensoría del Pueblo señala que 41 manifestantes murieron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, además del policía, mientras otras siete personas perdieron la vida “por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo” de vías.
El Ministerio Público peruano ha indicado que los arrestados –entre los que se encuentra un menor de edad– están siendo investigados por haber presuntamente haber cometido “delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos”.
En este sentido, ha reiterado que el “Ministerio Público garantiza que las investigaciones se realicen con estricto respeto a las leyes que rigen en el país y la defensa de los Derechos Humanos con orden, firmeza y celeridad”, según se lee en un comunicado.
Por otro lado, la diputada peruana de Perú Libre, Kelly Portalatino, ha presentado ayer una denuncia constitucional contra el gabinete del primer ministro, Alberto Otárola, por presuntos delitos en el marco de las protestas en el departamento peruano de Puno, que se han saldado con la muerte de decenas de personas.
Mientras, el gobierno de Perú ha firmado ayer el decreto supremo por el que el presente 2023 se declara como el “año de la unidad, la paz y el desarrollo”, frase que se consignará en los documentos oficiales hasta diciembre.
Desde comienzos de la década de los 60, las autoridades peruanas otorgan oficialmente a cada año un nombre, normalmente una frase relativa a los acontecimientos en curso. 2020 fue el “año de la universalización de la salud”, mientras que 2022 fue el del “fortalecimiento de la soberanía nacional”.
Castillo vuelve a pedir a la CIDH que lo visite a la prisión
El expresidente peruano Pedro Castillo, a través de su abogado, ha publicado una carta en redes sociales en la que solicita una reunión con la misión de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la cárcel en la que se encuentra preso.
“Compatriotas: desde mi arbitrario e ilegal encierro y, ante la visita de la misión de alto nivel de la CIDH publico esta carta donde mi equipo legal y yo solicitamos nuevamente audiencia en el penal de Barbadillo para darles detalles de mi injusta prisión y persecución política”, ha expresado en su perfil de Twitter.
En la carta, el abogado de Castillo, Wilfredo Robles Rivera, pide a la misión de la CIDH visitar al expresidente en la prisión de Barbadillo. “Cabe señalar que en la visita técnica de la CIDH realizada el diciembre pasado no se tomó en consideración la presencia legal del sr. Castillo Torres”, reza.
Texto: Europa Press
