Castillo advierte que los responsables de las muertes “pronto” serán enjuiciados. Los fujimoristas proponen adelantar las elecciones presidenciales a diciembre de este año. Bolivia desmiente las acusaciones de Perú sobre el ingreso de armas por la frontera de un grupo afín a Evo Morales
Lima / Kiev / Madrid, 27 de enero de 2023. Miles de manifestantes de diversas regiones de Perú recorrieron de nuevo ayer la carretera Panamericana Norte de Lima, con el objetivo de llegar al casco histórico, para exigir la marcha de un gobierno que consideran “asesino” y “dictatorial” por la muerte de 46 manifestantes en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
El presidente del Comité de Lucha de la región Madre de Dios, Elvis Vilca, contó en declaraciones a EFE que un millar de manifestantes de su departamento amazónico ha llegado a Lima tras cinco días de travesía para decir “no a la dictadura de este gobierno asesino”.
Entre banderas nacionales, de regiones y de comunidades campesinas de diversos puntos de país, Vilca culpó al gobierno de las muertes de sus “hermanos” y, ante las acusaciones hechas sobre la financiación de las marchas, explicó que ha sido el propio pueblo quien ha hecho el esfuerzo.
“Hemos venido en trasporte en cinco días de viaje. La prensa informa que nos está financiando el narcoterrorismo, pero el pueblo ha hecho el esfuerzo de poder venir estar acá”, dijo el líder comunitario.
“Queremos urgente que renuncie este (ejecutivo) asesino. No puede haber un gobierno dictatorial que (está) asesinando al pueblo. Queremos un gobierno democrático”, aseguró Vilca, quien agregó que se quedará en Lima hasta que Boluarte renuncie.
“Dina, presidenta sangrienta”, “El pueblo unido jamás será vencido” y gritos sobre la presencia de sus pueblos llenaron la protesta amenazada por un fuerte sol que reinaba en la capital y que no detuvo a los presentes.
Los manifestantes exigen la destitución de Boluarte, el adelanto electoral, cierre del Congreso y una nueva constitución.
La marcha multitudinaria que empezó de forma pacífica registró temprano los primeros enfrentamientos en la plaza Bolognesi del centro histórico, donde la Policía lanzó bombas de gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes.
Hasta la fecha, según datos de la Defensoría del Pueblo, 46 personas que participaban en las protestas fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes.
Por otro lado, los militares que fueron enviados a Puno el miércoles para calmar las protestas en la región llegaron ayer a la ciudad a pie debido a que los vehículos en los que viajaban quedaron varados en las carreteras por los bloqueos de los manifestantes.
Los inconformes impidieron el ingreso de los portatropas y vehículos blindados de guerra. De acuerdo con medios locales, los movilizados señalan que no aceptarán ningún diálogo con Boluarte.
El ex candidato presidencial Yonhy Lescano rechazó la decisión del gobierno de enviar tropas del Ejército a la región Puno.
“Hemos llegado a la barbarie y a la mentira. Después de insultar a Puno y pedir diálogo, Boluarte envía tropas del Ejército para someter a puneños.
Mientras, los ministerios de Interior y Defensa de Perú han emitido ayer un comunicado conjunto en el que han informado de que la Policía de Perú, junto al apoyo de las Fuerzas Armadas, efectuará el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentra en estado de emergencia debido a las protestas contra el gobierno.
En tanto, el expresidente de Perú Pedro Castillo ha advertido en un mensaje por twitter de que los responsables de las muertes durante las protestas “pronto darán la cara”, especificando que se acerca “el día de la justicia” para el pueblo peruano.
Castillo ha ensalzado ayer la “valentía y el coraje” de los integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) al denunciar en su última cumbre en Buenos Aires las “violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos” cometidas en la nación andina.
Castillo ha redactado una carta en la que ha agradecido al presidente de Colombia, Gustavo Petro; a la de Honduras, Xiomara Castro; y al de México, Andrés Manuel López Obrador, por su “firmeza” a la hora de condenar la “dictadura” en Perú, su “detención arbitraria” y por “exigir garantías constitucionales”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Constitución y congresista peruano de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, ha presentado ayer ante el Congreso una propuesta para adelantar las elecciones presidenciales a diciembre de 2023, en lugar de que se celebren en abril de 2024.
“Solicito la reconsideración a la votación del proyecto de ley y se haga un texto sustitutorio al 2023 (…) Vamos a elecciones en diciembre del 2023”, ha manifestado el legislador durante su intervención cuando el Congreso debatía la segunda votación del adelanto electoral a 2024, ha recogido la emisora RPP.
En tanto, las bancadas de varios partidos de izquierda en el Congreso de Perú han presentado este miércoles una moción de censura contra Boluarte, alegando su “incapacidad moral” para seguir al frente de la jefatura del Estado.
Por otro lado, el gobierno de Bolivia ha desmentido ayer las acusaciones del Ejecutivo peruano por las cuales acusa a un grupo indígena boliviano afín a Evo Morales de ingresar de manera ilegal armamento por la frontera.
Después de que Boluarte denunciara el miércoles que el grupo indígena Ponchos Rojos, afín al expresidente boliviano Evo Morales, está implicado en el ingreso de armas y municiones a través de la frontera entre ambos países, el Ministerio de Exteriores de Bolivia ha calificado la acusación de “falaz”, según ha recogido ABI.
“De acuerdo con las informaciones que hemos recibido por las instancias correspondientes, no es que ha ingresado ningún armamento, ninguna munición al territorio peruano, eso categóricamente hemos mencionado y además una nota oficial hemos enviado a la República del Perú para que se descarte esas posibilidades”, ha señalado en una rueda de prensa el viceministro de Exteriores de Bolivia, Freddy Mamani.
Por su parte, el Congreso de la República de Perú ha aprobado ayer una moción mediante la cual se ha declarado ‘persona non grata’ al expresidente de Bolivia Evo Morales, protagonista de recientes polémicas con las autoridades andinas.
Mientras, Perú retiró a su Embajador en Honduras, Jorge Raffo, por “la inaceptable injerencia” en los asuntos internos del país por parte del gobierno de Xiomara Castro, informó ayer la Cancillería de la nación sudamericana. (Con información de Agencias).
Texto: Redacción / Agencia Reforma / Europa Press
