Ciudad de México, 24 de noviembre de 2017. A punto de cumplirse 38 meses del ataque a estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, y la posterior desaparición forzada de 43 de ellos, este jueves se celebró una jornada de reflexión en torno al caso en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como parte de las actividades de la exposición Forensic Architecture: Hacia una estética investigativa.
A través de una plataforma cartográfica interactiva, en la que se mapean y examinan las diversas narrativas, la exposición reconstruye los hechos ocurridos en septiembre de 2014, desde la tarde del día 26 hasta la mañana del 27, bajo la guía de la agencia de investigación Forensic Architecture, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Para la reconstrucción de los hechos, también se recurrió a los dos reportes publicados por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), y el libro Una historia oral de la infamia, del periodista John Gibler.
“Nos amenazan, pero no nos vamos a retirar”
Con la presencia de doña María, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez; y doña Martina, madre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, se presentó un video de 18 minutos que recrea los ataques a los estudiantes por parte de miembros de la policía municipal, estatal y federal, así como del Ejército, la noche del 26 de septiembre de 2014. De pie, tres personas sostenían lonas: una, con la impresión del rostro de Miguel Ángel; otra, con la de Jhosivani, y una más, con los rostros de los 43.
María Luisa Aguilar, del Centro Prodh, recalcó que las autoridades mexicanas no cuentan con una reconstrucción tan detallada como la que presentó Forensic Architecture y que los esfuerzos por esclarecer lo sucedido parten de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.
Doña María tomó el micrófono para recordar que, de las 20 recomendaciones que el GIEI realizó a la Procuraduría General de la República, son cuatro aquellas que los padres exigen que se ejecuten de manera inmediata: 1) Tomar la declaración de funcionarios del municipio y de integrantes del 27 Batallón de Iguala. 2) Realizar las capturas pendientes de miembros policiacos involucrados en la desaparición. 3) Seguir la red de telefonía entre los responsables de la desaparición, para identificar a otros involucrados. 4) Investigar el tráfico de estupefacientes –a través de autobuses de pasajeros como los que tomaron los estudiantes– como una de las líneas de investigación.
“Nos dicen necios porque no hemos dejado de exigir –dijo doña María–. Ellos se los llevaron. Luego, nos quieren entregar una versión donde nuestros hijos acabaron en bolsas, quemados. No lo aceptamos. Sin pruebas, no lo vamos a aceptar”.
Con la voz quebrada, doña María recordó que durante un ayuno de los padres en el Zócalo de Ciudad de México, un hombre se acercó a ella bajo la excusa de querer abrazarla. “Entonces me dijo: cierra la boca o no vuelves a verlo vivo. Esa noche me dio tanto miedo, que pensé retirarme (de las actividades de los padres). Pero de regreso a Iguala, me dio coraje. Y no me voy a retirar”.
Secuelas por la desaparición
A partir de 2016, un equipo de seis profesionales en psicología y antropología, integrado casi en su mayoría por mujeres, documentó el impacto psicológico de los ataques coordinados contra los estudiantes en los familiares de víctimas desaparecidas, asesinadas y heridas.
Ximena Antillón, psicóloga de Fundar especializada en el acompañamiento de aquellos cuyos derechos humanos han sido violentados; y Mariana Mora, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS), son parte de este equipo. Hablaron de su experiencia con las víctimas.
“La desaparición forzada es un vacío. No hay manera de representarlo. El proceso de duelo se corta –explicó Ximena Antillón–. Las secuelas de una desaparición forzada se expanden por generaciones. Y sus consecuencias son poco exploradas”.
Antillón detalló que entre los estudiantes que sobrevivieron al ataque, pudieron distinguir signos de estrés postraumático dos años después de los hechos. “El impacto de sobrevivir a un ataque abrupto, violento y sin sentido, les dejó sobresaltos, sueños intranquilos y el remordimiento de estar vivo, cuando otros compañeros habían fallecido”, explicó Antillón, quien enfatizó el error de no considerar víctimas a los sobrevivientes: “no se les brinda apoyo ante las secuelas de este hecho”.
Con respecto a los familiares de estudiantes heridos –entre ellos, Aldo Gutiérrez, quien aún permanece en coma–, la especialista destacó que después del 26 de septiembre se encontraron con una ruptura en el proyecto de vida familiar.
Además, al acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se encontraron ante una institución que no ha logrado consolidar su eficiencia, por lo que, más que brindar un apoyo efectivo, ha sido un factor de estrés para los familiares de los estudiantes.
Finalmente, familiares y estudiantes se han topado con carencias en la atención médica y su seguimiento.
En el caso de los estudiantes asesinados, Antillón comentó que su proceso de duelo no ha tenido lugar, en tanto que persiste la impunidad. Lo mismo ocurre en el caso de Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón, quien acababa de ser padre cuando fue desaparecido, torturado y ultimado, y cuyo cuerpo fue abandonado a la intemperie con el rostro desollado.
La falta de justicia y esclarecimiento de los hechos propicia una “transmisión transgeneracional del trauma”, que afecta a los descendientes por medio “de aquello que no se dice, pero cuyas consecuencias son visibles”.
En cuanto a los familiares de los estudiantes desaparecidos, Antillón comentó que se percibe deterioro en su salud y su economía, además de que se trastoca la organización familiar para distribuir las labores en casa. Pero no sólo eso. Al no existir justicia, que el impacto se extiende más allá del núcleo y afecta a la comunidad.
Se rompe el ciclo
Los familiares de los estudiantes son en su mayoría campesinos. Este es un rasgo destacado por Antillón, pues el trabajo en el campo se rige por ciclos de siembra y cosecha. “La desaparición marca una ruptura en las referencias temporales. Se pierde el ritmo de trabajo en el campo. Y las faltas de respuesta de las autoridades, dan la sensación de que se está como en el primer día. Los padres refieren que, desde que sus hijos desaparecieron, todos los días son lo mismo”.
Sin embargo, el tiempo transcurre. Eso lo nota, por ejemplo, una madre que sembró una mata de chile con uno de sus hijos. La mata ha crecido, y el hijo sigue desaparecido. “Es doloroso ver cómo, en otros contextos, el tiempo sigue transcurriendo”, explica.
Finalmente, Antillón recordó que la versión de la PGR presentada como “verdad histórica”, contribuyó a retraumatizar a los familiares, al exponer una versión sin sustento y colmada de irregularidades, que detonó interrogantes, ideas y angustias en los padres.
“La exigencia de justicia y verdad no es un cliché. Se necesita saber qué pasó para que el tiempo vuelva a reactivarse”.
La importancia de escuchar
En su intervención, Mariana Mora recalcó que una desaparición forzada es como una bomba nuclear: una cosa es el primer impacto, pero las secuelas pueden ser más dañinas que el evento en sí, y no ser visibilizadas.
Para atender estas secuelas como sociedad, es necesario escuchar.
“¿Cómo ampliamos nuestra definición de justicia? Pensamos la justicia como un reclamo en el presente, sobre un hecho del pasado, para evitar que no ocurra en el futuro”, expuso. “Ahora también es necesario pensar la justicia en un plano geográfico, y construirla a través de compromisos y de escucha”.
El lenguaje del horror
Los periodistas Témoris Grecko, director del documental Mirar morir, y John Gibler, autor del libro Una historia oral de la infamia, fueron los ecargados de cerrar la jornada.
Gibler sostuvo que el discurso del Estado mexicano es el de la violencia sobre los cuerpos. “El asesinato de seis personas, la mutilación de una (Julio César Mondragón) y la desaparición de 43 es parte de un discurso que se desarrolla a partir de la violencia sobre el cuerpo. La desaparición forzada es un lenguaje que se ha practicado por décadas. Y el desollamiento es otro tipo de lenguaje, vinculado al narco. Es el terror”.
Por su parte, Grecko subrayó que el 26 de septiembre de 2018 ocurrirá cuatro días antes de que el próximo presidente tome su cargo, por lo que será inminente que, en su primer discurso, deje claro qué va a hacer para resolver este y otros casos de desaparición forzada.
Nota: Tatiana Maillard/ Foto: El Sur.
