Maltrato en las Instituciones que debían proteger a mujeres indígenas
Tercera parte
Chilpancingo, Guerrero. – A fines de octubre, antes de Día de Muertos, una mujer de 35 años llamó a la puerta de la oficina de K’inal Antsetik, en Ometepec, y en su lengua materna, el tuun savi, pidió saber dónde encontrar a las mujeres que conocen de derechos. Necesitaba encontrar a una que la defendiera.
Se trataba de Francisca Ortiz Lucas, monolingüe y analfabeta, originaria de Chimalapa, municipio de Igualapa, que salía de la agencia del Ministerio Público especializa en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, con sede en esa cabecera municipal, donde los funcionarios se negaron a iniciar una denuncia contra su marido, Albino Basilio Hernández, argumentando “que no llevaba testigos”, explica la representante de la organización, Hermelinda Tiburcio Cayetano, que dio cuenta del caso.
En respuesta a la petición de justicia, los servidores públicos elaboraron un citatorio para llamar a las partes a una conciliación al día siguiente, y la víctima, debía encontrar los medios para notificar de la cita a su agresor.
Consultada por separado, la peticionaria de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Guerrero, Marina Reyna Aguilar, aclaró que en caso de violencia hacia las mujeres no procede la conciliación, porque implica devolverlas al círculo de violencia.
Pero atendiendo las indicaciones de los servidores públicos, Hermelinda Tiburcio indicó que, Francisca llevó a la base de camionetas de servicio público de Chimalapa el documento para que los choferes de la ruta se lo entregaran a su marido.
En la asociación civil pidió asilo para pasar la noche, mientras esperaba la reunión con las autoridades, a la que el marido, por supuesto no llegó.
Sin lograr su objetivo, la mujer regresó a la comunidad con su esposo, no sin antes, entregar a la organización un paquete de documentos de entre 2002 y 2012, que evidencian sus esfuerzos para dejar de ser violentada. Están avalados con firma y sellos de testigos en la comunidad y comisarios de Chimalapa, y en la sindicatura del Ayuntamiento de Cochoapa el Grande.
Hermelinda Tiburcio Cayetano aclaró que, Francisca Ortiz recurrió a Cochoapa porque las autoridades municipales hablan su lengua, no así en Igualapa.
Indicó que la mujer le dijo que hay más escritos de inconformidad, pero sólo conserva éstos, que dan constancia de que su pareja “no cumple con su deber” (la manutención de sus hijos) y “pierde la razón” cuando toma bebidas embriagantes.
Incluso señaló que, tres días antes de que la mujer recurriera al Ministerio Público, su marido la golpeó. No se presentó inmediatamente a denunciar la agresión porque no tenía dinero para el traslado, y cuando lo consiguió con sus familiares, en la agencia le dijeron que no tenía rastros de golpes o lesiones, y se negaron a iniciar la querella o carpeta de investigación.
La luchadora social Hermelinda Tiburcio denunció que las autoridades esperan ver a las personas sin un brazo, sin una pierna, casi muriendo o en una caja para tomarlas en serio.
Añadió que la violencia institucional es la regla de los impartidores de justicia para las mujeres indígenas, a pesar de que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, en el capítulo cuarto lo prohíbe. A la letra, dice que “son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.
También obliga a los tres niveles de gobierno, “a ser capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, que no se traduce en los hechos.
Los documentos del expediente de Francisca Ortiz, elaborados con máquina mecánica, son breves, con algunas frases incompletas o ambiguas, normal en las comunidades indígenas donde los documentos oficiales se redactan en español, no en la lengua originaria que domina la población, pero permiten identificar que el problema no ha sido atendido adecuadamente.
Simplemente, en las rúbricas la víctima aparece siempre como “la quejosa”, y en uno solo de los escritos señalan al agresor como “el señor culpable”.
Comienzan con un acta comunitaria del 24 de febrero de 2002, donde la víctima denuncia que su pareja, en estado de ebriedad, la golpeó porque ella se negó a darle dinero, y asegura que los ataques han ocurrido en otras ocasiones.
Como parte de la mediación de la autoridad local, el esposo se comprometió ante el comisario y dos testigos a tratarla con respeto. Presentan las huellas digitales las partes, y las firmas testigos y comisario municipal.
El 25 de julio de 2006, la mujer insistió en la intervención de las autoridades comunitarias, para que su esposo cumpliera las responsabilidades de su hogar, “y que ya no moleste más”, de lo contrario llevaría su denuncia “a instancia del fuero común”. Se puede establecer el maltrato, y que podría acudir a tribunales.
El 1 de abril de 2007, se establece que Albino Basilio golpeó a Francisca en tres ocasiones “con sus manos”. Para resolver el conflicto, se acordó que la hermana de Basilio, que compartía el mismo techo, se iría del domicilio de la pareja, y que cada uno de los esposos tuviera su propia recámara.
El 17 de junio 2008, Francisca Ortiz llevó el caso al Ayuntamiento de Cochoapa el Grande, y en el acta de conformidad (después de la conciliación de las partes), indica que la pareja tiene 17 años viviendo en unión libre, que tienen cinco hijos, que el varón se desentendió de sus obligaciones, y que cuanto toma bebidas embriagantes “pierde la razón, al grado (de) que teme por su integridad y la de sus hijos”.
En otro escrito, de difícil lectura a causa de la tinta gastada, del 23 de agosto de 2006 o 2008 (no se distingue el año), Albino Basilio se compromete a no volver a tomar bebidas alcohólicas “porque pierde el control y por eso ataca a su esposa”. Asimismo, ofrece “cuidar la salud de sus hijos y la de su esposa” y “conducirse con respeto y dignidad a toda la familia”.
Curiosamente, en el acta de conciliación del 22 de diciembre de 2007 se les identifica como “el señor culpable: Albino Basilio Hernández y su esposa quejosa Francisca Ortiz Lucas”. Señala que hay “maltrató” contra la mujer y sus hijos, y el agresor responsabilizó de propiciar el conflicto a su cuñada, “por aconsejar (a) su esposa”.
Al menos en el papel, ratifica que “va a mantener a su familia, a comprar ropa de vestir a su esposa y a su hijo que existe con vida”. La situación pudo ser de mayores dimensiones, porque en esta diligencia estuvieron presentes seis vecinos mayores de la localidad, como testigos.
La señora (que al parecer abandonó su casa) acepta volver a su domicilio con su esposo, bajo la condición “de que ella no irá a trabajar a otros lugares, que se quedará en casa a cuidar a los hijos”.
El 4 de diciembre de 2012, el comisario de Chimalapa envió un oficio al Ayuntamiento de Igualapa, para decir que “las quejas de la mujer contra su propio marido” no pueden resolverse en la instancia comunitaria, y pide la intervención del gobierno municipal. Ahí explica que Francisca Ortiz es “agraviada físicamente y verbalmente siempre cuando se encuentra (el esposo) en estado de ebriedad”.
La víctima no sabe qué dicen estos documentos, pudo conservarlos gracias a una persona que los resguardó en su domicilio, perdió otros. En la agencia del Ministerio Público de Ometepec sí tuvieron acceso a ellos y conocimiento de su contenido.
En opinión de Reyna Aguilar, el caso denota la falta de capacitación, profesionalización de servidores públicos que dan atención a mujeres que han sufrido diferentes tipos de violencia. “Demuestra que seguimos igual, aunque se habla de tantos cursos de capacitación, de tantos funcionarios que han asistido; no nos interesa ese dato, sino que se transforme el servicio a los usuarios”.
Recordó que antes se planteaba que las mujeres golpeadas otorgaran el perdón a sus parejas golpeadoras, y cuando regresaban con el fiscal, las reprendían con un “¡otra vez usted!”.
Subrayó que los agentes están obligados a abrir el procedimiento las veces que sean necesarias, porque las víctimas pasan por varios procesos antes de llegar a las instancias de justicia.
Consideró que un citatorio, como hicieron en el caso de Francisca Ortiz, implica la posibilidad de buscar un arreglo, y no procede la conciliación en casos de violencia hacia las mujeres.
También demuestra que los comisarios y los síndicos de los ayuntamientos están informados, y están violentando institucionalmente a las mujeres.
Opinó que comisarios y ayuntamientos deben canalizar a las víctimas a una agencia del Ministerio Público para iniciar un proceso penal con perspectiva de género, “devolverla a su domicilio, los convierten en cómplices de la violencia”.
Texto: Lourdes Chávez/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero.
