Acapulco, Guerrero. Trabajadores de confianza y administrativos de la Minera Media Luna solicitaron a los gobiernos federal y del estado aplicar “el Estado de Derecho” para poder regresar a trabajar y no perder su empleo por el cierre inminente de la empresa a causa del “bloqueo ilegal” que mantiene un grupo “minoritario” de trabajadores.
En conferencia de prensa, en un salón del hotel Holiday Inn de la Costera, los trabajadores llamaron incluso a los proveedores de la minera para aglutinarse en el Movimiento en Pro de la Garantía de Nuestros Derechos Laborales, Trabajadores de Minera Media Luna, que han formado unos 200 trabajadores de confianza para exigir la reapertura de la minera.
En un comunicado de seis puntos leído a 27 días del conflicto, fue solicitado al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores “su valiosa intervención, para que se aplique el Estado de derecho, que nos permita asegurar el acceso y permanencia a nuestra fuente de trabajo, confiamos en las instituciones y en el marco jurídico legal de un país democrático como lo es México”.
En el mismo texto se señala que el bloqueo es “ilegal” y llamaron a que el problema sea resuelto por la vía legal.
Aclararon que no están a favor de ningún sindicato, “lo que buscamos es el respeto a la ley”.
Acusaron que el Sindicato Minero que quiere la titularidad del contrato, “promueve información falsa en los medios de comunicación, involucrando a grupos externos a los intereses nacionales, como los sindicatos canadienses que tergiversan mucha de esta información y crean un escenario que difiere de la realidad”.
El representante de los trabajadores, Renato Rabel, explicó que la empresa les ha pagado sus salarios y bonos a pesar del cierre y las pérdidas enormes, pero que esto podría terminar una vez que se declare la “fase tres” que implica el cierre de las instalaciones y las operaciones en el estado.
Indicaron que la fase 1, de diálogo con los inconformes, culminó y la fase 2 está en proceso y es cuando el negocio empieza a tener pérdidas; “sabemos de la política de la empresa donde se describen las fases”, aseguró ante la insistencia de los reporteros para conocer una fecha.
El trabajador dijo, a nombre de sus compañeros, que condena el uso de la violencia y llamó a ponderar el diálogo por la situación de violencia que se vive en el estado y el país.
Renato Rabel indicó que saben del juicio en la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde el sindicato de la CTM y los trabajadores se disputan la titularidad del contrato colectivo.
Llamó a las partes a respetar lo que se resuelva, “nosotros como empleados hemos sido muy respetuosos, la empresa nos ha pedido ser respetuosos con los derechos de los trabajadores sindicalizados” y los que no.
Precisó que en la minera laboran 822 personas, de las cuales 280 no pertenecen a ningún sindicato. Del total, el 63 por ciento son del estado, el resto viene de otras partes del país y hay un 13 por ciento de mujeres laborando.
Dijo que en caso de que la base trabajadora decidiera que sean ellos los que funjan como mediadores lo haría, y en su caso que en votaciones los trabajadores sindicalizados elijan a qué sindicato pertenecen, “que se apeguen a la legalidad”, y exhortó a las partes a respetar la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
El trabajador dijo que el “bloqueo ilegal” no era una huelga y que en ella estaba un grupo “minoritario”.
Aclaró que no hay daños ambientales “y que no se mete una gota de cianuro”, y consideró una “falacia” la contaminación que señalan los pobladores de las comunidades cercanas, y que así lo demuestran los estudios que se han realizado.
La trabajadora Diana Cortez dijo que “no estamos financiados por absolutamente nadie más que por nuestros propios bolsillos”, sin que se le preguntara al respecto.
Demandó que se les respete el derecho a trabajar y aseguró que no estaban contra los sindicatos, y también llamó al diálogo, misma postura que mostró la trabajadora Irene Serna.
A la conferencia también acudió un trabajador sindicalizado de la CTM, quien se identificó como Manuel Miranda y expresó que había ido como trabajador y sin una representación de su sindicato.
Afirmó que el problema de la titularidad se tiene que dar en lo legal, y también se manifestó a favor de una votación de trabajadores.
Texto: Jacob Morales Antonio / Foto: El Sur
