Margarita Warnholtz.
Mucho se ha hablado y escrito en los últimos días sobre la Ley de Seguridad Interior que está en discusión –y parece ser que a punto de aprobarse– en la Cámara de Senadores. La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diversas organizaciones no gubernamentales, expertos en el tema de seguridad y ciudadanos preocupados, han manifestado su oposición a la aprobación de esta ley. Con diversos argumentos y análisis demuestran que pone en riesgo el respeto a los derechos humanos.
Hay un punto sobre la ley en cuestión (que me recordó mi amigo Enrique Victoria Saavedra) que no he visto mencionado y considero importante resaltar. El artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dice textualmente: “1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
- Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”.
Evidentemente, la Ley de Seguridad Interior no contempla en ninguna parte lo anterior. Por más que se ha insistido en la armonización de las leyes con la mencionada declaración, y que el gobierno ha anunciado en foros internacionales que se llevará a cabo, los diputados y senadores continúan legislando sin tomarla en cuenta. Además, esta ley se presta para justificar la represión a los pueblos indígenas que defiendan su territorio de los megaproyectos que intenten despojarlos.
La Red Nacional Indígena (que aglutina a más de 20 organizaciones de diversos estados del país) envió una carta al Senado de la República manifestando su rechazo a la Ley de Seguridad Interior. En ella afirman que los pueblos y las comunidades indígenas son “uno de los sectores que más se han visto afectados por la participación de las fuerzas castrenses en su despliegue en tareas de supuesto combate al narcotráfico y de seguridad pública a lo largo del país”, y manifiestan la importancia de recordar que, de las siete sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, en cinco de los casos los afectados eran campesinos e indígenas.
Declaran que “la eventual legalización de las fuerzas castrenses en actividades policiales sería parte de una estrategia que busca incrementar la presencia de militares en los territorios ancestrales indígenas, intención confirmada con la implementación por las fuerzas armadas del programa Sin Hambre en zonas indígenas”.
Mencionan también su preocupación de que la ley se utilice “para imponer por vía de la fuerza megaproyectos, actividades extractivas o implementar iniciativas como las Zonas Económicas Especiales”.
Lo anterior se suma a lo ya expuesto por muchos contra la Ley de Seguridad Interior, que debería ser tomado en cuenta por los senadores, ya que los diputados lo ignoraron. Es de suponerse que, si no atienden las recomendaciones de la ONU, la CNDH y los expertos, menos tomarán en cuenta las advertencias de los indígenas, pero por lo menos deberían incluir en la ley en cuestión lo estipulado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
