San Salvador, El Salvador, 20 de diciembre de 2017. El frenesí de la violencia homicida que El Salvador ha vivido a manos de las pandillas ha llevado a las autoridades a una lucha obsesiva para reducir el número de asesinatos, dejando en el limbo otras formas de violencia, como la sexual, que ha llevado a una epidemia de violaciones de niños.
Según cifras de la Policía, entre enero y septiembre pasado, mil 15 menores de edad, principalmente niñas de entre cero y 14 años, fueron víctimas de violaciones sexuales, con lo que el país alcanzó una tasa de 48.4 abusos por cada 100 mil habitantes con menos de 18 años, muy por encima del índice de 10 que internacionalmente se considera epidemia.
De los menores de edad que sufrieron una violación en el referido lapso, el 93 por ciento fueron del sexo femenino, principalmente del grupo de entre cero y 14 años, en el que se reportaron 614 víctimas hasta el tercer trimestre de 2017.
Los datos oficiales dan cuenta de que las violaciones sexuales en general se dispararon un 524 por ciento, pasando de 234 víctimas entre enero y septiembre de 2016 a mil 461 en el mismo lapso del año en curso.
Pero esta no será la única epidemia que el país centroamericano tendrá al finalizar el 2017, dado que la cifra de asesinatos en general, de acuerdo con el Gobierno, llegará a los 60 por cada 100 mil habitantes y “oculto” en este dato también alcanzará la epidemia de feminicidios.
La violencia machista tenía a finales de octubre a El Salvador al borde de la epidemia de asesinatos de odio contra las mujeres, que según el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez, representaban el 10 por ciento de las muertes violentas.
En esa época, los homicidios sumaban al menos 3 mil 276, con lo que la tasa de feminicidios alcanzaba los 9.54 por cada 100 mil mujeres que habitan en el país centroamericano y de haber mantenido la tendencia hasta la actualidad, está superada la tasa de 11 crímenes de odio contra las féminas.
El combate contra las pandillas concentra la mayoría de energía del Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén, que en abril de 2016 lanzó, con la venía del Congreso, una serie de medidas “extraordinarias” de seguridad.
No obstante, en esta estrategia gubernamental de franco enfrentamiento a las estructuras criminales apenas se avistan esfuerzos para controlar los feminicidios y mucho menos la violencia sexual contra la niñez.
Los esfuerzos por reducir esta lacra han venido más desde el Congreso, debido a la presión de organismos internacionales, lo que llevó al Parlamento a prohibir los matrimonios de adultos con menores de edad, en los que se amparaban los violadores para no ir presos, y la creación de un registro público de violadores.
Por su parte, el brazo judicial del Estado se ha concentrado más en encarcelar con penas superiores a los 20 años a mujeres, mayoritariamente jóvenes y pobres, que han tenido un aborto espontáneo por complicaciones de su salud, y liberar a personas acusadas de ser clientes de redes de trata de niñas y adolescentes.
Este contraste quedó más en evidencia recientemente, cuando un tribunal ratificó la condena de 30 años de prisión contra Teodora Vázquez a pesar de que dos expertos cuestionaron la necropsia en la que se basaron para condenarla en 2008 y otro liberó a cuatro hombres acusados de pagar por tener sexo con menores.
En un juicio bajo secreto de sumario, en el que se vetó totalmente a la prensa, los jueces liberaron a un reconocido expresentador de televisión y a un miembro de las familias más influyentes del país.
Mientras el Estado salvadoreño se pone de acuerdo para dar al traste con la violencia sexual, muy arraigada en los hogares, al menos 3 niñas son violadas cada día en El Salvador.
Texto y foto: EFE.
