Ciudad de México, 2 de enero de 2018. Ni la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ni la tipificación del feminicidio a nivel federal; mucho menos los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han logrado crear una barrera para prevenir los asesinatos violentos de mujeres.
Por el contrario, a pesar de los avances normativos, el estudio “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”, indica que en los últimos seis años se registraron 15 mil 535 homicidios y 29 mil 707 desapariciones, aunque los datos varían dependiendo de la fuente.
En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil han buscado la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), una de las herramientas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2017, para implementar medidas de urgencia en una zona determinada con el fin de proteger la vida de las mexicanas.
Actualmente, los estados en la mira son Puebla, donde ocurrió el asesinato de Mara Fernanda Castilla Miranda, después de abordar un taxi privado de la empresa Cabify, el pasado 8 de septiembre; y la Ciudad de México, donde el pasado 3 de mayo fue encontrada sin vida Lesvy Berlín Osorio al interior de Ciudad Universitaria.
Con el empuje de agrupaciones y familiares de víctimas en 2017, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), declaró siete estados en Alerta: Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Veracruz. Esta última ya contaba con una Alerta por los índices de violencia feminicida.
En este año, la Segob también negó cuatro Alertas que causaron la indignación de la sociedad civil: primero en Puebla y Tlaxcala, donde se denunciaron los altos números de desapariciones, asesinatos y casos de trata de mujeres y niñas. Y después, en Tabasco y el municipio sonorense de Cajeme.
Tras estas resoluciones, las agrupaciones y sociedad civil se organizaron y manifestaron en calles, palacios municipales y oficinas de la Segob para mostrar su descontento. Finalmente, las peticionarias de la Alerta en Tlaxcala y Puebla volvieron a tramitar la solicitud. En Sonora, optaron por interponer un amparo que está por resolverse.
Otro precedente que marcó el año fue la declaratoria de la primer Alerta por Agravio Comparado en Veracruz, es decir, por la existencia de leyes que obstaculizan los derechos sexuales y reproductivos al criminalizar a las veracruzanas que interrumpen un embarazo no deseado y castigarlas con tratamientos psicológicos.
Esta decisión no sólo colocó al estado como el primero en acumular dos Alertas (agravio comparado y feminicidio); también evidenció la crisis de violencia que viven las veracruzanas.
Con esta declaratoria se espera que en 2018 el gobierno de Veracruz cumpla con las obligaciones que dictó la Segob. Una de las más importantes es reformar el Código Penal local para despenalizar el aborto de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación, con lo cual la entidad podría ser la segunda del país –después de la Ciudad de México–, en permitir que las mujeres decidan sobre su maternidad.
Texto: Apro-Cimac / Foto: Gilberto Molina, Cuartoscuro
