Nada le salió bien a Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación, dependencia que dejó el miércoles 10 para buscar un lugar en el Senado. El control político, el aparato de seguridad del país –bajo su mando, el arsenal de instituciones se quedó en la inercia burocrática– y los recursos que tuvo durante cinco años (365 mil millones de pesos) no le alcanzaron para librar a los mexicanos de la inseguridad. Casi 104 mil homicidios dolosos, vergüenzas internacionales como la fuga del Chapo, la desaparición de 43 normalistas y pleitos con la milicia son parte de su saldo
Jorge Carrasco Araizaga / Agencia Proceso
Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México.- Miguel Ángel Osorio Chong encarna el fracaso del gobierno de Enrique Peña Nieto en devolverle la seguridad a los mexicanos. Más allá de las cifras rojas en homicidios dolosos y la prevalencia de la delincuencia organizada, el ex secretario de Gobernación pasó ya como el principal funcionario a quien se le escapó Joaquín El Chapo Guzmán y que fue incapaz de crear un nuevo modelo policial para el país, pese a disponer de millonarios recursos y de miles de hombres bajo su mando.
En diciembre de 2012, cuando Peña Nieto lo llevó a la Secretaría de Gobernación (Segob), se proyectó como un secretario poderoso con la reinstauración del viejo régimen del PRI, en el que el titular de esa dependencia tenía el control político y del aparato de seguridad del país.
Pero sus desencuentros con los militares, en especial con el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, limitaron desde el inicio del gobierno su capacidad para cumplir una de las prioridades de la agenda presidencial. Las graves violaciones a los derechos humanos que involucraron al Ejército y la Marina dividieron aún más al gabinete de seguridad en el que Osorio tenía gran fuerza, al menos en el papel.
Además de la política interior, como secretario de Gobernación controló la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y a sus 35 mil hombres de la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS, encargado de las prisiones federales) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), responsable de la coordinación con los gobiernos estatales y municipales para la seguridad en el país.
Más pronto que tarde se demostró que ese arsenal de instituciones se quedó en la inercia burocrática, con cambios e improvisaciones como constante, aunque algunos obligados por el descalabro que representó la fuga del Chapo Guzmán en julio de 2015. Los resultados de su gestión fueron desastrosos: 103 mil 910 homicidios dolosos en el país, de acuerdo con las cifras de la propia dependencia que controló durante cinco años y que no marcan ninguna diferencia respecto del sexenio de Felipe Calderón.
La primera encomienda de Osorio era hacer realidad la oferta presidencial de crear una Gendarmería Nacional, con la que Peña Nieto pretendía retirar a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública en las calles y regresarlas a sus cuarteles.
Osorio delegó la tarea en Manuel Mondragón y Kalb, quien fue designado por Peña Nieto titular de la CNS, entidad que reemplazó a la Secretaría de Seguridad Pública federal y con la que el PRI quiso poner distancia del fracaso de los gobiernos panistas contra la delincuencia organizada.
Mondragón se pretendió autónomo y desconocía la autoridad de Osorio, contaron a Proceso funcionarios de la CNS, testigos de los desencuentros entre los entonces secretario y comisionado. Mondragón se fue sin concretar la creación de la Gendarmería, un proyecto entonces ya muy diezmado.
Peña Nieto rescató a Mondragón y lo puso al frente de la Comisión Nacional contra las Adicciones, desde donde el exjefe de la Policía de la Ciudad de México ha sido un fuerte opositor a la legalización de la mariguana.
La idea inicial de Peña Nieto de reemplazar a la Policía Federal por un nuevo cuerpo integrado por elementos del Ejército, Marina y de la Fuerza Aérea, con experiencia en tareas de seguridad, se complicó también por la discordia entre Osorio y los altos mandos militares: el general Cienfuegos y el secretario de Marina, almirante Vidal Soberón Sanz.
Inspirada en el modelo de la Gendarmería Nacional de Francia y en la Policía Nacional de Colombia, la propuesta peñista era que esos militares integrados en la Gendarmería Nacional dependieran de un civil, como en Francia. Pero los secretarios militares se opusieron. Querían el control operativo de la nueva fuerza policial.
También pretendieron el uso de la infraestructura de la Policía Federal, acceso a la información del Cisen y la gestión de la Plataforma México, un poderoso sistema informativo que concentra bancos de datos delictivos, de la población de prisiones de todo el país, de los funcionarios de seguridad e información ciudadana, entre otros datos sensibles.
Osorio insistió en que el mando político y operativo tenía que estar en manos de civiles. Los jefes militares se mantuvieron en sus ideas y dejaron en punto muerto la propuesta presidencial. Para salvar la cara en esa tarea que le había dado Peña Nieto, ya con Monte Alejandro Rubido García como titular de la CNS, el entonces secretario respondió con la creación, en agosto de 2014, de la División de Gendarmería en la Policía Federal (Proceso 1970).
Sin nada que ver con el encargado presidencial, la nueva división policial estuvo llena de improvisaciones. Cuando la anunció, dijo que esa fuerza asumiría poco a poco algunas actividades de seguridad pública de los militares. No fue así. Al contrario, el Ejército y la Marina incrementaron su influencia hasta lograr, en diciembre pasado, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI), que ansiaron durante una década, desde que Calderón les ordenó que salieran a enfrentarse a los narcotraficantes.
Osorio Chong, también ex gobernador de Hidalgo y ahora aspirante al Senado, estuvo al margen de la aprobación de la ley. Cienfuegos incluso se lo reclamó públicamente en diciembre de 2016.
“La seguridad interior no es responsabilidad de la Defensa Nacional ni de la Marina, es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación”. Es Gobernación “la que debe estar insistiendo en que esta ley se promulgue, pero tampoco hay prisa y no ha habido prisa en muchos años, y los que estamos confrontando los problemas somos nosotros”, dijo el jefe de Ejército ante la prensa en un abierto reclamo al hidalguense.
La LSI finalmente fue promulgada por Peña Nieto, el 21 de diciembre último, pese al cúmulo de violaciones constitucionales que acarrea. Durante el proceso legislativo de aprobación, la Segob no hizo presencia pública. Quienes la cabildearon en el Congreso fueron los militares.
El reproche público fue la culminación del desencuentro entre civiles y militares durante la gestión de Osorio. Luego del fracaso de la Gendarmería Nacional, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 ahondó la división. Ante la presión nacional e internacional para esclarecer el papel del Ejército en los hechos, en enero siguiente Osorio Chong ofreció abrir las puertas del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El general secretario se opuso. Tajante, frenó al secretario de Gobernación.
Doble rasero
Ante esos desacuerdos, la Segob casi nada informó sobre lo que Osorio presentó como una propuesta innovadora: la creación de los centros de fusión de inteligencia, en los que el propósito era que civiles y militares compartieran su información de inteligencia para combatir el crimen.
Además, dejó pendiente la legislación de un sistema nacional de inteligencia, como lo había prometido también Enrique Peña Nieto.
La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera del penal de máxima seguridad de El Altiplano fue el descalabro más evidente de la gestión de Osorio Chong. A pesar de las presiones para que renunciara, Peña lo mantuvo.
El ex gobernador de Hidalgo, sin embargo, actuó con un doble rasero para controlar los daños ante el ridículo internacional en el que se encontraba el gobierno mexicano. Protegió a los funcionarios más cercanos y sacrificó a los de menor nivel. Sólo pidió la renuncia del encargado de las prisiones federales, Juan Ignacio Hernández Mora, sin que ordenara investigar la responsabilidad que podría tener. No pudo contener las presiones para que renunciara Rubido García a la CNS.
El ex titular de la Comisión Nacional de Seguridad, sin embargo, regresó a la Secretaría de Gobernación en noviembre de 2016. Osorio lo puso al frente de la Unidad de Gobierno, una importante área operativa y de información de la Segob, en la que ha desarrollado su carrera burocrática, en la que fue, incluso, secretario general del Cisen, del que fue fundador en el gobierno de Carlos Salinas.
Osorio Chong también protegió a su antiguo colaborador Eugenio Ímaz, hasta el pasado jueves 11 director general del Cisen, donde sus prolongadas ausencias bajo argumentos de salud eran de sobra conocidas en las áreas de inteligencia del país.
El entonces director del Cisen tenía acceso a las cámaras de vigilancia del Chapo Guzmán. Sin embargo, los únicos procesados por la fuga del capo fueron los encargados de los monitores, destacados en el penal del Altiplano.
También fueron procesados los agentes de la Policía Federal que estaban en el penal al momento del escape, así como el titular de la División de Inteligencia de la corporación, Eduardo Pequeño. La responsabilidad por la fuga sólo cobró factura a empleados y funcionarios de mediano nivel de la Segob (Proceso 2030).
Sus protegidos
En cada una de esas crisis Osorio contó con la protección del presidente, quien además lo favoreció con el presupuesto. De acuerdo con un análisis del gasto en materia de seguridad durante el actual gobierno, elaborado por Victoria Unzueta, asesora del PRD en materia de seguridad en la Cámara de Diputados, durante su gestión de cinco años el ex secretario dispuso de más de 365 millones de pesos. La mayor parte de esos recursos fueron para las agencias de seguridad. Sólo la Policía Federal absorbió casi 40% de ese dinero.
Dos antiguos colaboradores de Osorio, desde sus tiempos de aspirante a gobernador de Hidalgo (2005-2011), se encargaron de manejar el presupuesto: Jorge Márquez Montes y Frida Martínez Zamora. Él, como oficial mayor de la Secretaría de Gobernación; ella, como responsable de la Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del Cisen, al inicio del sexenio, y luego secretaria general de la Policía Federal, cargo equivalente al de oficial mayor.
Debido a su pública cercanía con Osorio Chong, Martínez fue tan influyente en la gestión del ex secretario, que era quien decidía lo que se podía gastar en los operativos policiales, en decisiones que rebasaban a los comisionados de la Policial Federal y de la CNS, sus superiores en el papel.
Otro protegido de Osorio que muestra sus desencuentros en el gabinete fue José Alberto Rodríguez Calderón, a quien primero incrustó en la Procuraduría General de la República, cuando Peña designó a Arely Gómez.
Rodríguez Calderón ocupó un cargo clave: subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, pero no lo pudo sostener ante la inconformidad de la ahora secretaria de la Función Pública.
Osorio lo rescató y, a pesar de su desconocimiento en el área, lo puso al frente del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado de las prisiones federales. Fue reemplazado por Navarrete Prida.
