Texto: Ramón Grácida Gómez / Foto: Jacob Morales
Acapulco, Guerrero. El 65.6 por ciento de la población guerrerense no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Es así como Guerrero se ubica en segundo lugar a nivel nacional al cierre de 2017, sólo por debajo de Chiapas que tiene al 71.3% de su población en la misma situación.
En su sitio en Internet el Coneval publicó el 14 de febrero su informe sobre el ingreso de los trabajadores y su capacidad para adquirir la canasta alimentaria básica, al cierre de 2017.
Informó que en México entre el cuarto trimestre de 2016 y el mismo periodo de 2017, aumentó de 40% a 41% la población cuyo ingreso laboral es inferior al precio de la canasta básica, es decir, a la línea de bienestar mínimo que establece el Coneval. Respecto a Guerrero el aumento fue de .4% en el mismo periodo.
También se menciona que el poder adquisitivo de los hogares mexicanos, es decir, la capacidad para comprar la canasta alimentaria (tortilla, carne, pescado, huevo…), disminuyó debido a que el precio subió en 9% en zonas urbanas y 8.7% en zonas rurales.
Desde 2005, primer año del cual se tiene disponible la información en el portal del Coneval, Guerrero ha estado entre los tres estados con mayor porcentaje de su población con ingresos insuficientes para estar por arriba de la línea de bienestar mínimo, además de Oaxaca y Chiapas, entidades que siempre lo acompañan cuando se habla de precariedad.
En todo este periodo las cifras de Guerrero han sido superiores al 50%. La línea empieza con 55.5% en el primer trimestre de 2005. Su caída más pronunciada fue en el segundo trimestre de 2008 con 52.2%, mientras que el punto más alto fue en el último trimestre de 2012 con 67.1. El actual gobierno estatal empezó con 64.3 en el penúltimo trimestre de 2015.
Son datos que no se mencionan cuando se presume que Guerrero tiene una baja tasa de desempleo, no se señala que los que laboran lo hacen desde el informalidad.
El economista jefe de BBVA Bancomer Carlos Serrano explicó que la pérdida del poder adquisitivo se debe a la inflación de 6.77% del año pasado, la más alta registrada en el presente siglo, y que pegó en el precio de los insumos básicos.
Durante el año pasado este periódico informó cómo la cifra iba en aumento en productos tan básicos como el jitomate, el huevo y la gasolina. Precisamente una de las causas que se mencionan del aumento de la inflación es la liberación del precio de la gasolina, el gasolinazo, en enero del año pasado.
La renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, a raíz de la elección del presidente Donald Trump también ha influido en la alza de la inflación por la incertidumbre en torno al acuerdo, lo cual ha provocado volatilidad del peso mexicano frente al dólar, estimó el Banco de México (Banxico) en una reunión del 28 de diciembre pasado, de la cual informó este periódico.
Además de la inflación, Serrano menciona los salarios rígidos como causa de la pérdida del poder adquisitivo. Este asunto tuvo amplia cobertura el año pasado y ha sido retomado por las cifras del Coneval.
El 21 de noviembre pasado el gobierno federal publicó que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) autorizó un aumento de 8.29 pesos el salario mínimo, al pasar de 80.04 a 88.33 pesos, después de varios meses en los que diversos actores se habían pronunciado por un aumento.
En su anunció presumió que esto contrastaba con la pérdida del poder adquisitivo que se había registrado en las últimas administraciones.
“Con este aumento en los últimos cinco años el salario mínimo ha tenido una recuperación de 20 por ciento en términos reales, esto es 45 por ciento en términos nominales, lo cual no había ocurrido hace más de 30 años”, agregó.
Fue insuficiente, respondieron organizaciones sociales el mismo día. El incremento debió haber sido de 95.24 para estar arriba de la canasta alimentaria, señaló la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza que aglutina 60 organizaciones en todo México.
A nivel local también hubo crítica. En la edición de este periódico al día siguiente se publicó que el secretario general de la sección de 112 de la CTM, Rodrigo Ramírez Justo expresó que el aumento es “una burla más para los trabajadores” por el gobierno y los integrantes de la Comisión de Salarios Mínimos, en comparación con los salarios de los senadores, diputados federales y el presidente de la República.
Agregó que el aumento “no nos ayuda en nada, los trabajadores van a seguir trabajando y sufriendo las consecuencias de un gobierno insensible”.
Ante las cifras del Coneval, el debate resurgió. En su informe de esta semana el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), dependiente del Consejo Coordinador Empresarial, señala que le “preocupa que la precarización del mercado laboral se acentúa, propiciando una disminución en el bienestar de los hogares”.
Pone como ejemplo que aumentó 1.2 millones de personas que trabajan pero con ingresos no especificados, a un total de 7.6 millones en esta situación.
La desocupación en 1.56 está por debajo de la media nacional
En la edición del pasado 1 de febrero de este periódico se publicó que el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero, Reyes Betancourt Linares, informó que durante el 2017 se crearon 4788 nuevos empleos formales en el estado.
Por esta cifras, la tasa de desocupación en Guerrero fue de 1.56 y nunca ha superado la cifra de 2.7 desde el año 2014, de acuerdo con datos de Inegi. Incluso está por debajo de la media nacional que es de 3.4.
Sin embargo no se menciona que a muchas personas ocupadas no les alcanza el dinero, por lo que podrían ofertar más de su tiempo. Esta es la tasa de subocupación y en Acapulco 12 mil 738 personas se encuentran en esta situación, informó el Inegi, pero no pone la cifra a nivel estatal. En todo México la tasa fue de 6.8 al cierre del año pasado.
Además están los que se encuentran en la informalidad, es decir, que no tienen prestaciones y sus empleos son comúnmente mal remunerados, el 79% de los trabajadores se ubica en esta dimensión.
Cabe destacar que el Coneval comenzó a presentar el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior a la canasta alimentaria partir del tercer trimestre de 2017.
Además, el organismo aclara que este porcentaje no constituye una medición de pobreza, porque ésta depende además de otros factores como acceso a servicios públicos, pero sí resulta útil para revisar a corto plazo el poder adquisitivo de los hogares mexicanos.
