Pese a que las autoridades federales manejan una cifra muy inferior, la empresa especializada Etellekt lleva una cuenta precisa: desde el pasado septiembre, cuando empezaron a perfilarse las candidaturas para puestos de elección popular en los tres niveles de gobierno, 70 aspirantes –prácticamente de todos los partidos– han sido asesinados en el territorio nacional. El fenómeno coloca a México en un escenario inédito de violencia, que incluye secuestros, amenazas y todo tipo de agresiones
Arturo Rodríguez / Agencia Proceso
Foto: Archivo El Sur-Lenin Ocampo Torres
Ciudad de México. El pasado septiembre Claudio Merino Pérez esperaba a su esposa en la estética que ella atendía en Santiago Jamiltepec, municipio de la costa oaxaqueña donde él quiso ser presidente municipal y era uno de los dirigentes de Movimiento Ciudadano. Al establecimiento llegaron hombres armados que le dieron 23 tiros.
El asesinato apenas generó algunas notas breves o fue incluido en los recuentos de víctimas de la violencia en 2017 (el año más violento desde que en 1997 se empezaron a llevar registros: oficialmente: 29 mil 168 homicidios), pese a que marcó el arranque de la violencia contra aspirantes políticos en este proceso electoral.
Al cierre de esta edición el proceso electoral iniciado el pasado 8 de septiembre acumulaba ya 70 aspirantes políticos asesinados.
Aunque el pasado lunes 12 el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, admitió 30 asesinatos de precandidatos en lo que va del proceso electoral, el subregistro es notable y contrasta con el realizado, entre otros, por la consultora de análisis de riesgo Etellekt, que en su informe más reciente –con corte al jueves 8– sumaba 68 asesinatos.
Según el análisis de la consultora el problema está presente prácticamente en todo el país, pues los hechos de sangre y diferentes tipos de agresión se han documentados en 121 municipios de 28 entidades.
“De esos 68 asesinatos, identificamos a 20 precandidatos que visiblemente dijeron querer participar en la elección. Pero también hay ex alcaldes o alcaldes en funciones que aspiraban a reelegirse. (En el caso de Gobernación) depende mucho de su metodología, pero es corta la cifra. Hablamos de 68 políticos y todos tenían aspiraciones”, explica a Proceso Rubén Salazar Vázquez, director de la firma.
La violencia se ha concentrado en el periodo de precampañas presidenciales, pero la definición de candidatos a diputados federales, locales y presidentes municipales aún está en marcha, de ahí que Salazar Vázquez observe que no todos los que aspiran a un cargo público lo han hecho explícito y a ello puede deberse el subregistro de Gobernación. A final de cuentas son aspirantes, no candidatos formales.
La consultora ha medido el impacto de la violencia en la política desde hace siete años: conforme a sus bases de datos, 2018 supera ya el récord de mayor incidencia, registrado en 2015.
Año de elección intermedia federal, en 2015 hubo 70 agresiones con 21 asesinatos. En los primeros seis meses del proceso electoral de este año, comprendidos entre el 8 de septiembre y el pasado jueves 8, se acreditaron 117 agresiones con 68 asesinatos.
Estados y partidos
Como dirigente transportista de la CTM en Oaxaca, Wilfrido Sánchez Cruz –exalcalde de Santa Cruz Amilpas– fue un priista señalado por controlar grupos de choque. Hasta ahora ninguna autoridad ha arrojado luz acerca del móvil de los hechos ocurridos el martes 13, cuando fue asesinado a tiros en las inmediaciones de una plaza comercial en la carretera Oaxaca-Istmo.
Tres días después, el viernes 16, Gustavo Martín Gómez Álvarez, candidato a presidente municipal de Francisco Z. Mena, Puebla, también murió acribillado cuando desayunaba en una fonda próxima a la iglesia del pueblo de Metlaltoyuca.
Con ellos dos, la cifra al cierre de esta edición llegaba a 70 asesinatos de aspirantes políticos.
Oaxaca, con nueve asesinatos, y Puebla, con ocho, están entre los cinco estados con mayor incidencia en agresiones y homicidios cometidos contra actores del proceso electoral. El primer sitio lo ocupa Guerrero que, conforme a la estadística de la consultora, suma 16.
Veracruz es otra de las entidades con acumulación de casos, con ocho, seguido del Estado de México, con cuatro: Chihuahua, Hidalgo y Jalisco tienen tres cada uno. En tanto que Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán y Guanajuato suman dos asesinatos cada uno. Nayarit, Zacatecas, Chiapas, Baja California, Durango y Tabasco registran uno.
Así es como en 19 entidades federativas los ataques contra actores políticos se acumulan, afectando principalmente a militantes del PRI. De acuerdo con los datos de la consultora y los actualizados para este trabajo, 27 de las 70 víctimas pertenecían a ese partido.
Los perredistas ya resienten el asesinato de 16 militantes con aspiraciones en este proceso electoral, mientras que son siete los panistas y cuatro los morenistas.
De acuerdo con Salazar Vázquez, la mayor incidencia suele ser, conforme a los últimos procesos electorales analizados, en el periodo de precampañas: “Los mayores picos de violencia en el proceso de definición de candidaturas ocurren cuando están peleando por candidaturas, sobre todo en alcaldías. En este periodo se concentraron 30 asesinatos de los 68 (en la cifra del 8 de marzo).
Esto responde a que los procesos en algunos estados fueron muy ríspidos, y en algunos casos lo siguen siendo, con la integración de listas a candidatos plurinominales.
“En parte se puede explicar que por esos procesos se fueron desarrollando hechos de violencia, inclusive con un indicador frecuente: los aspirantes asesinados, previamente habían cambiado de partido político para conseguir su aspiración electoral, principalmente en el ámbito municipal.”
(En la imagen: Cortejo fúnebre de la precandidata a diputada del PRD, Antonia Jaimes Moctezuma, en la catedral de Chilapa, asesinada el miércoles 21 de febrero pasado t Foto: Lenin Ocampo Torres / Archivo)
