Texto: Apro / Foto: Twitter
Ciudad de México, 31 de marzo de 2018. La Secretaría de Marina (Semar) sufrió una de sus peores derrotas desde que fue declarada la guerra contra el narcotráfico. Pese a tener el control directo de la seguridad pública en Tamaulipas y contar con tres sectores navales, la delincuencia organizada perpetró un inusitado ataque en Nuevo Laredo: en unas cuantas horas realizó tres emboscadas contra infantes de marina, a raíz de las cuales murió uno de ellos y otros 12 resultaron heridos, tres de ellos de gravedad.
En el saldo también se cuenta la indignación por la muerte de una familia, incluidas dos niñas, hecho que la Marina intentó mantener oculto.
Aunque la institución se deslindó por las muertes de esos civiles, desde el principio los familiares de las víctimas han sostenido públicamente que los papás y las dos niñas, de cuatro y seis años, fueron alcanzados cuando los marinos dispararon desde un helicóptero la madrugada del domingo 25. Las víctimas regresaban a su casa después de una reunión familiar.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) recordó que un caso similar ocurrido en 2010, en el que estuvo implicado el Ejército, terminó en manos de los tribunales militares, los cuales “no pudieron probar” la participación de los soldados en los hechos y el asunto quedó sin castigo. La organización pidió que sean las autoridades civiles las que hagan la investigación de lo que realmente pasó en Nuevo Laredo entre la noche del sábado 24 y la madrugada del domingo 25 de marzo.
Tras los ataques, los agresores, supuestos miembros del Cártel del Noreste, advirtieron a la población que a partir de ese día declaraban un toque de queda: “Si no tienen que salir por ningún motivo, ni se asomen (…) Toda esta semana será de puros topones”.
Pocas horas después de los enfrentamientos en Nuevo Laredo, el lunes 26, hubo otra emboscada en Reynosa. Esa vez fue contra policías estatales de la llamada Fuerza Tamaulipas. En el tiroteo, tres de los atacantes murieron, pero también resultó herido un niño de dos años, quien en imágenes que circularon en redes sociales se ve cómo fue protegido por la policía.
La Marina se deslindó de la muerte de la familia en Nuevo Laredo, aunque sin mencionarla en ningún momento. Argumentó que los calibres de los casquillos encontrados en el lugar no corresponden a las armas con que van artillados sus helicópteros, además de que su actuación se apegó al Manual del Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas y en estricto respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, la Secretaría de Marina se negó a dar más explicaciones y evitó dar detalles de su versión. Durante horas, los elementos de esa fuerza armada tuvieron el control del lugar de los hechos.
La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) anunció el 26 de marzo que se realizaría una investigación del caso. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo lo propio al día siguiente; le pidió a la PGR esclarecer la muerte de la familia y de un efectivo de la Marina, así como las heridas que sufrieron otros 13.
Revictimización
La Redim calificó como ofensiva la omisión inicial por parte de la Marina respecto de la muerte de la familia y consideró que los fallecidos fueron re-victimizados por el asesor legal de la Marina, Juan Velázquez, quien en una entrevista de radio dijo que “para algunas organizaciones y algunas llamadas víctimas se ha vuelto un negocio… la indemnización”.
Según la organización de protección a la infancia, lo que ocurrió con la familia muestra “el padrón de violación a los derechos humanos de las víctimas fatales en actos de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal y de las policías estatales, cuyos elementos suelen alterar las escenas del crimen, responsabilizar a las víctimas y vincularlas con grupos criminales, como una forma de evitar la investigación de sus actos delictivos y el uso de recursos públicos contra las víctimas”.
En un comunicado difundido el 27 de marzo, el director ejecutivo de Redim, Juan Martín Pérez García, señaló que el 3 de abril de 2010 en Matamoros efectivos del Ejército dispararon contra una familia y causaron la muerte de los niños Bryan y Martín Almanza, además de lesiones a sus papás. “El Ejército no logró probar que este hecho fue causa de fuego cruzado. Sobra decir que el caso quedó impune porque se ‘investigó’ en tribunales militares”.
Mencionó que desde que Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico en diciembre de 2006, más de 234 mil personas han fallecido, de las cuales entre 20 y 25% han sido niños y adolescentes; es decir, entre 58 mil y 70 mil menores de edad.
Precisó que de 2006 a 2014, según reportes de la sociedad civil entregados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se registraron casi dos mil asesinatos de niños y adolescentes, de los cuales más de la mitad ocurrió en enfrentamientos que involucraron a las fuerzas de seguridad.
El gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue cuestionado por la organización porque, según dijo, evitó darles atención a las niñas heridas. El lunes 26 el mandatario estatal hizo una declaración en la cual lamentó la muerte del capitán y las heridas de otros 13 elementos de la Marina. Sin embargo, al igual que la institución militar, evitó mencionar a la familia.García Cabeza de Vaca ha sido obsequioso con la Marina.
El 8 de febrero pasado entregó al secretario Vidal Francisco Soberón Sanz los terrenos contiguos a la Base Naval en Matamoros para la construcción de una nueva Comandancia y la ampliación de otras instalaciones. La donación duplica el tamaño del terreno ocupado actualmente por Semar, según reportes de la prensa local.
La Marina ha sido acusada por organizaciones sociales de generar más violencia en el noreste del país. Tres días antes de las emboscadas, el 22 de marzo, Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo León, refirió que existen “sospechas” de que marinos estén implicados en la desaparición de 14 personas en la frontera de Nuevo León con Tamaulipas.
Luego de que familiares encontraran dos cuerpos semienterrados en el poblado de Colombia, a 200 kilómetros de Nuevo Laredo, el Ramos señaló: “La Marina está haciendo del poblado de Colombia un tiradero de cadáveres”.
