Reprocha que hayan pasado dos procuradores y un fiscal y no se haya resuelto el caso de su hermana. Pide que la ONU y organismos de derechos humanos volteen a ver al país y demanden al gobierno mexicano que proteja a los luchadores sociales
Nota: Jacob Morales Antonio
Foto: Carlos Alberto Carbajal
Acapulco, Guerrero.- A dos días cumplirse cuatro años del asesinato de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino Mesino, su hermana Norma exigió la intervención de organismos internacionales de derechos humanos y la ONU demandar al gobierno mexicano la protección de dirigentes sociales.
En conferencia de prensa en el restaurante Toks de Costera 125, la hermana solicitó que se investigue al ex alcalde Carlos Armando Bello Gómez, luego de que la línea política no se consideró la indagatorias contra el edil que estuvo en la alcaldía de Atoyac de 2009 a 2012.
Acompañada de dos abogadas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Norma Mesino Mesino recriminó que a dos días de cumplirse cuatro años del asesinato de su hermana, dos procuradores y un fiscal no hayan hecho justicia.
Dijo que la OCSS no permitirá que el caso quede en la impunidad, porque eso ha provocado la repetición de otros asesinatos, “tenemos un estado donde no hay justicia, donde no hay una investigación imparcial y donde no se ha castiga a ningún responsable de asesinatos tanto de ciudadanos como de activistas y periodistas”.
Expresó que en el asesinato del ex dirigente perredista, e integrante de la OCSS, Ranferi Hernández Acevedo, su esposa, suegra y chofer, “vemos que la situación de limpia que está haciendo el narcogobierno, es una situación que debería llamar a una alerta internacional”.
“Nos están matando como se está matando a periodistas, no podemos seguir diciendo, contando quién sigue, eso debe de parar, estamos caminando en un estado minado” y llamó a las organizaciones de defensa de derechos humanos y la ONU a voltear a México. “Estamos viviendo en un estado como si estuviéramos en guerra, tenemos coartado nuestros derechos de libre tránsito”.
Afirmó que es “urgente” a que los organismos exijan y obliguen al gobierno mexicano a buscar un ruta de seguridad y que se proteja a los defensores de derecho humanos y periodistas por su labor”.
La dirigente condenó el asesinato y exigió a nombre de la organización una investigación profunda y que se castigue a los responsables materiales e intelectuales”.
Invitó a la población a las actividades para recordar la historia de lucha de su hermana, y que en su honor se develará una placa en el parque de la comunidad de Mexcaltepec, y se presentaran murales de jóvenes, y el 19 de octubre se realizará una marcha en Atoyac.
Será trasladado el caso a la fiscalía especial
Mientras la abogada de la Comisión Mexicana, Natalia Pérez, quien acompaña a la familia de Mesino Mesino desde el día en que ocurrieron los hechos, indicó que solicitaron que el caso sea trasladado a la recién creada Fiscalía Especial para investigar casos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, “estamos esperando que la Fiscalía traslade el caso”, porque el compromiso que se hizo desde la vicefiscalía es que esta semana se trasladará.
Indicó que la Fiscalía General del Estado no ha considerado investigar el crimen desde la labor de defensa de derechos humanos y de lucha social que realizaba la dirigente de la OCSS, y recordó que las únicas líneas que se han investigado son las que han criminalizado a Rocío Mesino, como la de responsabilizar a la delincuencia organizada.
Además de los posibles nexos de Rocío Mesino con grupos guerrilleros, y los antecedentes penales de la activista que fueron producto de su lucha social: “consideramos que estás líneas en nada ahondan a una de las principales sospechas que se tienen desde la Comisión Mexicana, y desde la documentación del caso, que es justamente su labor”.
Dijo que la organización a notado con preocupación que todos los asesinatos de defensores de derechos humanos y activistas, se tienden a criminalizar desde el gobierno.
“Tienden a desvirtuar la responsabilidad del Estado, queriendo responsabilizar a la delincuencia organizada. No dudamos que posiblemente miembros de la delincuencia organizada sean quienes cometan estos crímenes, sin embargo creemos que hay un consentimiento del Estado”, porque son ellos quienes están obligados a prevenir la delincuencia organizada y esto no se hizo con Rocío Mesino.
La abogada urgió a que los Ministerios Públicos especializados en temas de ejecuciones extrajudiciales y contextos de conflicto lleven los casos, “en su momento la familia denunció como posible sospechoso al ex presidente Carlos Armando Bello Gómez, “una línea que sólo se desahogó en una diligencia y no se retomó en el caso. Consideramos que hay elementos que pudieran aportar más indicios sobre la autoría de esta persona”.
El representante de la Dirección Política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Víctor Rodríguez, reclamó justicia para Rocío Mesino, “nosotros tenemos una gran preocupación porque solamente en Atoyac fueron más de 460 campesinos desaparecidos” en la época de la Guerra Sucia.
Consideró que la muerte de Rocío Mesino y de Ranferi Hernández, es una constante en contra de los luchadores sociales y por eso “creemos que hay una guerra sucia”, porque además sucedieron cerca de cuarteles militares, “lo que es una gran preocupación”.
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