Texto: Guillermo Rivera / Foto: archivo El Sur
Ciudad de México, 26 de septiembre de 2018. Cuatro años después de que el estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes fuera torturado, desollado del rostro y tirado en una calle de Iguala, la abogada que ha llevado el caso desde el inicio, Sayuri Herrera informó de las peripecias a las que se han enfrentado la familia y la pareja del normalista, Marissa Mendoza, con quien procreó una niña que ya cumplió cuatro años y acude al kínder.
Sayuri representa a Mendoza y confirmó en entrevista que el caso de Julio César y los otros cinco ciudadanos asesinados el 26 y el 27 de septiembre de 2014 –cuando desaparecieron a 43 alumnos de Ayotzinapa– se turnó al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en Matamoros, Tamaulipas.
La abogada dijo que tras algunos contratiempos accedió al expediente y encontró dos dictámenes: la necropsia de Julio César mostró que la causa de la muerte fue traumatismo craneoencefálico, y el examen de criminalística registraba heridas en el rostro, pero, “nada documentado de manera seria”.
En colaboración con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se acudió con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) cuya opinión fue que los datos en el expediente eran insuficientes para determinar el por qué y el cómo del deceso de Julio César. Con esas dos preguntas, se acordó solicitar la exhumación.
Luego de numerosos y exhaustivos trámites en instancias locales y federales, efectuados por Herrera –quien solicitó dictámenes de antropología, medicina y fotografía forense–, el cuerpo del joven normalista se exhumó el 4 de noviembre de 2015.
Se tenía previsto que permaneciera tres días en la Coordinación de Servicios Periciales en Ciudad de México y luego se inhumaría, pero como 43 estudiantes de la misma escuela estaban desaparecidos, Marissa y Lenin Mondragón, hermano de Julio César, solicitaron una prueba de ADN y transcurrieron otros tres meses.
Herrera relata lo que entonces le dijeron en el Ministerio Público de Iguala: “si no es el joven se nos cae la investigación”.
“Estaban preocupados por cubrir su falta de debida diligencia –dice la abogada–. Cuando a la jefa de peritos argentinos, Mercedes Doretti, le mostré el dictamen de huellas dactilares de Julio César, dijo que no servía. Si hubiera estado bien, no hubiera sido necesaria la prueba de ADN. En un caso que puede trascender a instancias internacionales es importante saber quién es la persona sepultada”.
El 6 de febrero de 2016 se realizó la prueba y el segundo funeral de Julio César se pudo hacer seis días más tarde.
Tres equipos de peritos
Tras la exhumación de Julio César las siguientes semanas se fueron en debates entre el equipo argentino, los peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que intentaban llegar a un acuerdo científico.
Los argentinos hallaron unas 60 fracturas –en nuca, cráneo y rostro– en el cuerpo del normalista, la Fiscalía de Guerrero documentó dos. Respecto a la forma en que murió la CNDH formuló la hipótesis de que participó más de una persona. Los tres grupos estuvieron de acuerdo en que fue torturado y en que las fracturas en costillas y vértebras generaron daño en los órganos internos.
Las diferencias estuvieron en la manera en que perdió el rostro, que nunca se encontró:
La CNDH especuló que lo había devorado la fauna del lugar, la PGR aventuró que se usó un arma punzocortante y que después hubo intervención de animales pequeños y los argentinos concordaron en que se usó un arma de ese tipo y no descartaron la intervención de la fauna. Un experto en trauma en hueso indicó que se requerían más exámenes en materia criminalística para un resultado definitivo.
Los tres dictámenes se incorporaron al expediente en septiembre de 2016, luego de los debates, cuenta Sayuri Herrera. Para entonces la CNDH ya había exhortado a la PGR a profundizar en la investigación y el GIEI se había marchado del país tras denunciar trabas del gobierno federal.
Desde aquel momento aunque no está paralizado, el caso no ha progresado “porque no ha estado presente la supervisión internacional. Aunque el GIEI intentó que los trámites fueran rápidos no fue posible. Así es el sistema de justicia en México”.
En 2017 Sayuri viajó a Iguala y solicitó al juez que el dictamen del equipo forense argentino se ratificara, lo cual es un nuevo trámite complejo que no se ha hecho.
“En Iguala han sabido de este asunto cuatro jueces diferentes, llegan y se van. A cada uno le expliqué desde cero qué necesitábamos. Es desinterés, negligencia y normalización de la situación”, enfatiza Sayuri.
Además de este proceso la abogada ha buscado mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que se garantice la protección de la hija de Julio César y Marissa, su derecho a alimentación, educación, salud y vivienda digna.
“La niña ya entró al kínder, logramos que la comisión garantice útiles escolares, lo que tendría que haber provisto su papá en conjunto con Marissa, quien es maestra egresada de la Normal Rural de Panotla, Tlaxcala. Da clases y radica ahí. Muchas veces las sentencias pueden tomar años y las víctimas indirectas llevan una vida buscando justicia en la precariedad”.
Más que un simple homicidio
El crimen de Julio César está tipificado como homicidio aunque se trate de una ejecución extrajudicial en la que hubo tortura. Decir que fue homicidio lo reduce a un tema común de violencia, sin mayor repercusión, denunciaron Magdalena López Paulino y Érika Zamora Pardo, la secretaria ejecutiva y la encargada del área de derechos humanos de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, organización encabezada por el obispo Raúl Vera.
Ambas forman parte del equipo legal de la familia de Julio César Mondragón desde que inició este año.
“El país ha firmado convenios internacionales sobre tortura, es delito grave pero no se han homologado las leyes nacionales con las internacionales. En los juzgados la tortura sigue generando problemas. Como organización pedimos la reclasificación. A la PGR, al Estado mexicano les genera escozor el tema porque sería reconocer la violación sistemática de derechos humanos, es negar que han cumplido con el trabajo de salvaguardar la vida de las personas”, destaca López Paulino.
Las defensoras tuvieron acceso al expediente en Iguala en cuatro ocasiones y desde ahí solicitaron la reclasificación del caso. La última vez que fueron, en junio, se les notificó que el expediente había sido trasladado a Matamoros, Tamaulipas.
“Así dificultan las actuaciones de la defensa de la víctima porque ir a Matamoros es costoso, al menos son unos 15 mil pesos por un día, y es una ciudad con alto índice de peligrosidad. Estar ahí no es fácil”, dice Zamora.
No obstante, ya acudieron a rendir protesta como parte del equipo de defensa. Querían regresar a finales de septiembre, pero por cuestiones económicas no pudieron y esperan concretar el viaje en octubre.
La PGR dice que son ocho personas las que están directamente involucradas con la ejecución y tortura de Julio César, pero “detienen a una y lo involucran con otro de los normalistas. No hay investigación clara, indicios”, coinciden.
“Prevalece la impunidad como en todos los casos de Guerrero donde el Estado está involucrado: dicen que fue la policía de Iguala, pero desde el momento en que aparatos de seguridad dieron seguimiento cuando salen de la normal, hay intervención del gobierno, aunque sea por omisión”.
Mandar el caso lejos, muy lejos
Sobre el caso Ayotzinapa en Iguala había cuatro causas penales y en tres Julio César compartía la calidad de víctima con los otros asesinados la noche del 26 de septiembre de 2014: Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez, ambos normalistas, David Josué García del equipo de futbol Los Avispones, Víctor Manuel Lugo, chofer del autobús que conducía al equipo de futbol, y Blanca Montiel quien iba de pasajera de un taxi.
Explica Sayuri Herrera: “en el caso de los 43 las primeras consignaciones realizadas, por delito de secuestro y no desaparición, se hicieron en Tamaulipas. La investigación estaba en la Ciudad de México, la de ejecutados en Iguala. Ya había una fragmentación del caso”.
Sayuri y Marissa se reunieron con la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, quien “dijo que haría lo posible porque los expedientes en Iguala se fueran a Tamaulipas. Según ella, Guerrero era más peligroso. Opino que se trata de alejar el caso de quienes puedan hacer una manifestación por falta de avances, como padres y normalistas la han hecho en Iguala”.
En julio, Sayuri y Marissa fueron a Tamaulipas a conocer quién llevará el caso. David Calderón Blanc, el juez primero de distrito en materia de procesos penales federales del estado, que ordenó trasladar los expedientes de los 43, es también quien ordenó que los casos de los ejecutados fueran llevados a su juzgado.
Aclara Herrera: “No es que se hayan acumulado las investigaciones, pero el mismo juez conoce ahora todas. Es un avance. Además es el ámbito federal, en Iguala no hay recursos para dar seguimiento aunque sí es más lejos y peligroso”.
Simulación y verdad
En el caso de Julio César la tortura está considerada tras los dictámenes de la CNDH y la PGR, pero sigue tipificado sólo como simple homicidio.
“No existe una investigación diligente”, indica la abogada Sayuri Herrera, por eso para el avance de la investigación busca a otros peritos que puedan intervenir.
“Hay 22 policías señalados en el caso de Julio César que están en la cárcel pero no enjuiciados. Es decir, no hay seguridad de que fueran ellos, estamos en la etapa de aportación de pruebas, es un proceso penal que en algún momento entrará a la fase de análisis para formular sentencia. No ha ocurrido pero está contemplado. Un juez federal tiene la facultad”.
En el caso de los 43 otras personas procesadas integrantes del crimen organizado ya acreditaron tortura.
“No puedes validar testimonios que se obtuvieron bajo tortura, existieron personas involucradas en el crimen que en algún momento se les trató de relacionar con el caso de Julio pero no se sostuvo con datos objetivos. Más bien parecían golpes mediáticos de la Procuraduría, es un asunto de simulación”.
Por eso, menciona Herrera, es relevante el tema de una comisión de la verdad para que el caso se investigue de nuevo. El de los 43 tampoco se ha resuelto.
Mientras tanto, comparte Sayuri, Marissa ha depositado sus energías en el proceso penal, en ir a las marchas y acudir a los juzgados.
“Ha padecido dolor pero sobre todo rabia, que impulsa a las víctimas a seguir. En buena parte todo lo que hace Marissa es por su hija. Si ella algún día le pregunta qué hizo por su padre le podrá decir que no se quedó con los brazos cruzados”.
