En entrevista con El País, el funcionario dice que a los estudiantes no los pudieron llevar a un solo lugar ni tuvieron comunicación con los sicarios, lo que echa abajo la verdad histórica del gobierno anterior. Se han analizado 80 millones de llamadas telefónicas, informa
Iguala, Guerrero, 18 de diciembre de 2019. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, declaró que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de cinco años en Iguala, nunca estuvieron juntos en la noche de los ataques para que se los pudieran llevar a un solo lugar, que los grupos que participaron en la desaparición no operaron juntos, sino que fueron células que operaron en cuatro regiones distintas en el perímetro de Iguala y que nunca hubo comunicación entre los muchachos y los grupos de sicarios, derivado del análisis de 80 millones de llamadas telefónicas entre el día antes de los hechos y dos años posteriores.
El funcionario federal dio una entrevista al periódico español El País que se difundió en su portal en línea, a un año de la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y a días de que se cumplan 63 meses de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.
En las declaraciones, Encinas Rodríguez una vez más desechó la “mal llamada verdad histórica” que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de su procurador general de República, Jesús Murillo Karam, de quien se ha advertido que se investigará por irregularidades cometidas en el caso Iguala junto a otros funcionarios de la extinta PGR.
A pregunta del periodista Pablo Ferri, sobre las diversas actuaciones que ha hecho la Comisión Presidencial a un año de su creación, pero que no han generado una narrativa que “tumbe” o contradiga la presentada por el gobierno anterior, Encinas afirma que sí hay una narrativa distinta.
En principio señala Encinas Rodríguez que muchos de los elementos no los han hecho públicos porque son parte de las nuevas investigaciones.
Ejemplificó que han hecho un análisis de 80 millones de llamadas telefónicas, que se realizaron el día anterior a los hechos del 26 de septiembre de 2014 y hasta los dos años siguientes. De esta cantidad de llamadas, dijo, procesaron hasta reducir a 160 mil llamadas, discriminando líneas claves y la forma en que se operaron.
Explicó que eso les ha permitido identificar dónde, cómo, cuándo y quiénes operaron en la desaparición la noche de los hechos, el 26 de septiembre de 2014.
“Tenemos conclusiones claras: una, nunca estuvieron juntos los 43 estudiantes esa noche para que pudieran llevárselos a un solo lugar. Dos, los grupos que operaron en la desaparición no operaron juntos, fueron células que operaron en cuatro regiones distintas en un perímetro delimitado en Iguala y alrededores. Nunca hubo comunicación de los muchachos con ninguno de los grupos de sicarios. Y el peso de la operación en Cocula –donde está el basurero- fue marginal. Eso desmonta la verdad histórica. Llevamos 14 operativos de búsqueda, con información directa. No se han obtenido todos los resultados que queríamos, pero se van a obtener.
La investigación a los teléfonos celulares es una de las cuatro líneas que había planteado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno pasado, y era parte de una de las principales demandas de los padres de los muchachos desaparecidos. Las otras tres apuntan a la investigación a policías federales, militares y mandos del Ejército del 27 Batallón de Infantería, la ruta hacia Huitzuco y el trasiego de droga en autobuses del servicio público.
Las diligencias de la nueva etapa de investigación del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador por medio de la Comisión Presidencial, se han realizado en sigilo y con mucho hermetismo. Se habla de trabajos en los municipios de Cocula, Taxco, Huitzuco, Iguala y Tepecoacuilco, de la zona Norte, y estos se ampliarían a otras regiones.
Entre las diligencias más visibles fue la realizada el 25 de julio encabezada por el propio subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas y personal de la Fiscalía General de la República (FGR), en una vivienda de la calle Benito Juárez de la colonia Juan Álvarez, cerca del autolavado El Peque, y muy cerca de donde se realizó uno de los principales ataques a los normalistas.
En ese lugar, durante 15 horas, se realizaron excavaciones con una máquina retroexcavadora derivada de una denuncia sobre la presunta inhumación de algunos cuerpos en el patio de esa propiedad.
Posteriormente entre octubre y noviembre, durante varias semanas, agentes de la FGR con el acompañamiento de miembros de la Comisión Presidencial y con el apoyo de personal militar, removieron toneladas de basura y escombro en todo el basurero a cielo abierto de la cabecera municipal de Tepecoacuilco, relacionado con una denuncia que apuntaba a que allí había sido llevado un grupo de normalistas, sin embargo, la diligencia judicial se dio por concluida sin ningún hallazgo.
Texto: Alejandro Guerrero / Foto: Carlos Alberto Carbajal
