Llegan indígenas a Quito para exigir a Moreno que dé marcha atrás en la subida del precio del combustible. Se reportan enfrentamientos y saqueos.
Quito, Ecuador, 8 de octubre de 2019. Los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) llegaron este martes a Quito como parte de la movilización que han emprendido desde distintos puntos del país para conseguir que el Gobierno de Lenín Moreno dé marcha atrás en la subida del precio del combustible, una de las medidas más polémicas de la reforma económica que ha ideado y que ha desatado una crisis política.
Mientras tanto, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, declaró emergencia en la capital por las crecientes protestas y bloqueos.
A su llegada, los indígenas bloquearon carreteras en varias provincias de Ecuador y se registraron saqueos y fuertes enfrentamientos con la fuerza pública.
La CONAIE, la principal organización indígena de Ecuador, convocó a las comunidades nativas de todo el país a marchar hacia Quito para celebrar el miércoles una gran manifestación en la que espera reunir a 20 mil personas.
“Desde hoy ya está activado y seguiremos”, dijo el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, sobre el movimiento indígena, en declaraciones a la prensa a su llegada a la capital ecuatoriana, según informa el diario local “El Comercio”.
“Primera noche de nuestros hermanos en Quito, recargando fuerzas después de la llegada victoriosa a la capital, recibieron grandes muestras de apoyo y solidaridad de la ciudadanía quiteña. Hoy arranca el sexto día de movilización”, anunció la CONAIE en Twitter.
Vargas aprovechó para rechazar cualquier vínculo de la CONAIE con los disturbios. “Que me demuestren que un indígena o los dirigentes (de la CONAIE) están saqueando, que nos demuestren”, retó.
La CONAIE ya emitió un comunicado en el que condena la violencia y llama a los suyos a protestar pacíficamente, al tiempo que se desmarcó de “la plataforma golpista del ‘correísmo'”, en alusión al ex presidente Rafael Correa y sus seguidores, a los que acusó de “aprovecharse” de la lucha indígena.
La Defensoría del Pueblo pide a Moreno que derogue el estado de excepción para dar paso al diálogo
La Defensoría del Pueblo de Ecuador solicitó este martes al presidente del país, Lenín Moreno, que derogue el estado de excepción declarado el pasado jueves en respuesta a la ola de protestas contra la reforma económica del Gobierno para dar paso al diálogo.
“La institución insiste en la necesidad de derogar el estado de excepción y abrir el diálogo”, dijo la Defensoría del Pueblo en Twitter al presentar su informe sobre “la crítica situación que vive el país”.
En el informe, que se refiere a los hechos ocurridos entre el 3 y el 6 de octubre, ambos incluidos, a raíz de la declaración del estado de excepción, la Defensoría del Pueblo denuncia el “contexto de represión” de “mayor intensidad” en los últimos años.
La institución señala que a raíz del paro nacional convocado por distintos sectores en contra de la reforma económica del Gobierno se ha producido un “incremento sistemático de la violencia”.
Por un lado, acusa al movimiento indígena de “radicalizar” la protesta social y, por otro, señala “el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
En el caso de los uniformados, consideró que “su accionar ha estado amparado en la declaratoria de un estado de excepción que, además de restringir derechos, no ha sido efectivo para mantener el orden y la seguridad, sino, al contrario, ha justificado actuaciones contra los Derechos Humanos”.
“Es importante resaltar que la fuerza pública expuso a los ciudadanos a contextos de privación arbitraria de la libertad, tratos crueles, inhumanos y degradantes y hasta actos de tortura”, sostuvo. Así, en “el 96 por ciento de los privados de libertad entrevistados presentaban golpes y heridas ocasionadas durante la detención”.
El informe también denuncia que los detenidos fueron recluidos durante horas en lugares “donde no existen las condiciones necesarias para asegurar el respeto de su dignidad”. Por ejemplo, comentó que algunas celdas no cuentan con camas y mantas para dormir y que algunos detenidos solo han comido porque sus familiares les han llevado alimentos.
Además, reprochó al Gobierno que “la información alrededor de los hechos señalados no ha sido expuesta masivamente a la ciudadanía, situación que pone en peligro los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, generando un contexto de impunidad”.
Así las cosas, instó a Moreno a “que, de manera inmediata, derogue el decreto de estado de excepción, toda vez que no ha sido efectivo para controlar el espiral de violencia y, por el contrario, ha sido una causa para el aumento de la violencia en varias zonas del país y un limitante para alcanzar acuerdos que permitan retomar la calma”.
Al Gobierno en su conjunto le pidió “propiciar las condiciones necesarias para instaurar un diálogo oportuno, garantizando la participación ciudadana en la toma de decisiones e igualdad de condiciones, con el objetivo de devolver la calma al país en el marco de un efectivo ejercicio de los derechos” para “evitar que una radicalización de posturas provoque el incremento de la violencia, las muertes y la conmoción social”.
También se dirigió a las fuerzas de seguridad y a los manifestantes para pedirles que propicien un ambiente de paz y respeto a los Derechos Humanos con el fin de evitar una escalada de violencia con consecuencias irreversibles”.
“Finalmente, la Defensoría del Pueblo enfatiza en la necesidad de consolidar a nuestro país como un Estado constitucional de derechos y justicia social, cuya base democrática por ningún motivo debe ser amenazada ni utilizada con fines políticos ni intereses particulares de grupos que buscan desestabilizar la institucionalidad de Ecuador”, concluyó.
El Gobierno de Ecuador pide la mediación de la ONU para resolver la crisis
El Gobierno de Lenín Moreno pidió a la ONU su mediación con el fin de resolver la crisis sin precedentes a la que se enfrenta desde la semana pasada Ecuador y la escalada de violencia en el marco de las protestas contra las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
En un comunicado, el Ministerio de Exteriores indicó que el Gobierno “ha comunicado al representante de Naciones Unidas en Quito su disposición a recibir el acompañamiento de la ONU, que favorezca el retorno a la paz social y entendimientos dentro del país”.
Desde el Ejecutivo, coincidió con la preocupación expresada por la ONU en los últimos días respecto a los acontecimientos registrados en el país y han denunciado que la violencia “ha incluido saqueos, daños a bienes públicos y privados, ataques a ambulancias, el incendio de más de una decena de vehículos de la Fuerza Pública y el secuestro de varios de sus miembros”.
“Tras estos actos brutales que nunca antes había presenciado Ecuador, hay grupos que persiguen crear el caos en el país y, a través de una acción coordinada, elevar el nivel de confrontación y poner en peligro el ordenamiento democrático”, ha denunciado el Gobierno, después de que Moreno haya responsabilizado directamente a expresidente Rafael Correa y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de la situación.
“Esos grupos sin duda no representan a ciudadanos que, aún con puntos de vista divergentes sobre la eliminación de los subsidios, están abiertos a un diálogo que halle vías para atender sus preocupaciones de manera pacífica”, defendió el Gobierno.
Mediante el diálogo, añadió, se podrían considerar “medidas que suplan el incremento del precio de pasajes en áreas rurales, líneas de crédito para pequeños agricultores, cooperativas de transporte de las comunidades y políticas de reactivación agraria”.
Por ello, el Ejecutivo se sumó al llamamiento de la ONU, de la Conferencia Episcopal y de otras voces que apelan a buscar consensos a través de un diálogo pacífico y efectivo” y trasladó en este sentido su invitación al representante de Naciones Unidas.
Estado de excepción
Las protestas contra Moreno arrancaron el pasado jueves contra la retirada del subsidio al combustible, que forma parte del conocido ya como “paquetazo”, el plan de ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En estos días, una persona ha muerto, decenas han resultado heridas, entre ellas una grave, y más de 500 han sido detenidas, la mayoría por “actos vandálicos”, a causa de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Moreno ha declarado el estado de excepción, que en un principio estaba pensado para 60 días, si bien el Tribunal Constitucional lo ha reducido a 30, ha trasladado el Gobierno de Quito a Guayaquil y ha suspendido las clases en todo el país.
Ecuador ha amanecido este martes preparado para nuevas protestas. Instituciones como la Fiscalía o la Procuraduría han enviado a sus trabajadores a casa, mientras que las autoridades municipales de Quito, Guayaquil o Pichincha han suspendido todos los actos públicos. El Palacio de Carondelet, sede del Gobierno, permanece fuertemente custodiado por las Fuerzas Armadas.
En plena escalada de tensión, Moreno ha ofrecido diálogo a los manifestantes, aunque aclarando que no anulará el decreto ejecutivo que elimina el subsidio a las gasolina y al diésel, y ha pedido la mediación de la ONU para favorecer “el retorno a la paz social y entendimientos dentro del país”.
Texto: Redacción/ Europa Press / Foto: Europa Press
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