Texto: Agencia Proceso / Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México. El gobierno priista de Enrique Peña Nieto acusó ayer lunes en Ginebra a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) de “incumplir” sus obligaciones y ofrecer una “versión parcial” sobre la investigación del caso Ayotzinapa, pues el organismo documentó en un informe reciente que por lo menos 34 imputados en la desaparición forzada de los normalistas fueron víctimas de tortura.
En un documento de 23 cuartillas que entregó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra –el órgano responsable de la ONU-DH-, el gobierno mexicano negó los señalamientos del informe, denunció que careció de “rigor metodológico” y “sustento jurídico”.
Con un tono inusualmente ofensivo el gobierno de Peña aseveró que la ONU-DH asumió “funciones que sólo corresponden a un juzgador, lo cual desvirtúa la función que se acordó realizaría en el país” y deploró que el organismo internacional haya “ignorado” las aclaraciones de las autoridades en su reporte, publicado el 15 de marzo.
Se destaca del documento que representantes del gobierno federal sostuvieron “diversas reuniones de alto nivel” con Jan Jarab, representante de la ONU-DH, en las que pretendieron frenar la publicación del informe: indicaron al funcionario internacional que “emitir algún pronunciamiento público sobre este caso podría ser prematuro, dado que los asuntos se encuentran pendientes de resolución judicial”.
“Se considera respetuosamente que la ONU-DH debió haberse allegado de la información inferida en los párrafos anteriores antes de emitir conclusiones definitivas que fueran públicas”, subrayó.
Dos elementos del reporte provocaron la molestia del gobierno: la documentación de presuntos actos de tortura –afirmación que las autoridades niegan–, y el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) modificó el informe preliminar del exvisitador César Alejandro Chávez Flores.
Entre las conclusiones del informe de Chávez se destacó que el 28 de octubre de 2014 Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), alteró la escena del crimen y fabricó pruebas, como lo reveló Proceso en noviembre de 2016.
“La PGR rechaza las aseveraciones vertidas por la (ONU-DH) y considera relevante aclarar que la filtración de los documentos de trabajos iniciales, en relación con las notas periodísticas, han dado pauta para la especulación y siembran duda tanto en la opinión pública como de los organismos internacionales que observan”, expone.
Insistió: “es cuestionable la falta de confianza que demuestra la ONU-DH en las instituciones nacionales, en particular de la Visitaduría General de la PGR, al mencionar que: ‘Ha tenido conocimiento de posibles actos de amenaza contra funcionarios de la Visitaduría General de la PGR que llevaron a cabo la primera investigación interna a la que se ha hecho referencia’. Tal afirmación, denota un sesgo para justificar sus conclusiones, situación que se considera ajena a las constancias que actualmente existen en las investigaciones y en la propia institución”.
“Es importante recordar que en caso de que los procedimientos internos no fuesen adecuados, las personas afectadas cuentan con vías idóneas para hacer valer sus derechos, como los mecanismos internacionales y regionales para la protección de los derechos humanos”, añadió.
Busca fosas la PGR con la autodefensa de Apaxtla
en Teloloapan, y Los Otros Desaparecidos en Iguala
Texto: Alejandro Guerrero
Iguala, Guerrero. Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) con familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos buscaron fosas clandestinas en cerros al poniente de Iguala y en parajes cercanos a Laguna Seca, municipio de Teloloapan, en este lugar fueron con policías comunitarios del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), donde fueron hallados presuntos entierros.
Según información de un miembro del MAAC, de quien se reserva su nombre por razones de seguridad, el jueves acompañaron a un grupo de la PGR a una zona cercana a la comunidad de Laguna Seca, en un cerro cerca de las comunidades de Tlajocotla y Puerto del Vigilante, conocido en el lugar como El Filo, por ser una de las partes más altas de esa zona serrana.
En el lugar, dijo, fueron halladas posibles fosas clandestinas. Informó que el día de la búsqueda a la cual acudieron a petición de la PGR, pues los comunitarios conocen bien la zona, no hubo hallazgo de cuerpos, pero hay zonas marcadas como posibles entierros clandestinos.
A finales de enero de 2014 más de 200 familias de Laguna Seca, fueron desplazadas por la ola de violencia, robos y asesinatos que cometían miembros del grupo criminal La Familia Michoacana. El pueblo quedó totalmente abandonado.
Según la fuente la búsqueda de posibles entierros en esta zona obedece a denuncias que familiares de desaparecidos en la PGR, ya que algunos son miembros del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Además, presuntos miembros de la delincuencia detenidos han señalado a las autoridades federales de la posible ubicación de las fosas donde sepultaron a sus víctimas.
En consulta con familiares de Los Otros Desaparecidos confirmaron que esta diligencia inició la semana pasada en Laguna Seca, Teloloapan, pertenece a sus denuncias por desaparición y se espera que hoy martes se reanude la búsqueda y excavación de los posibles entierros hallados la semana pasada.
Por separado, familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron que ayer reanudaron el plan de búsqueda de fosas clandestina en cerros de Iguala, pero en el primer día no hallaron nada.
Según miembros del colectivo, la búsqueda de ayer con el acompañamiento de agentes de la PGR y con seguridad de policías federales de la Gendarmería fue en los mismos parajes donde hace dos semanas la PGR tuvo diligencias como parte de las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Se busca descartar la posibilidad de que en la zona haya más entierros clandestinos, ya que es un sitio ubicado entre al menos siete parajes donde los familiares hallaron y recuperaron 150 cuerpos de fosas, entre 2014 y 2017.
De esas diligencias del caso Ayotzinapa realizadas por la PGR entre 17 y el 24 de abril no dieron a conocer resultados, pero trascendió que se logró el hallazgo y exhumación de al menos cuatro cuerpos.
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