En el estudio “Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”, el Centro Prodh detalla a través de 29 casos cómo las instituciones de justicia ejercen violencia de género contra las mujeres.
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. Aunque cuentan con elementos para invalidar pruebas por tortura sexual contra mujeres acusadas de delitos federales, los jueces no lo hacen, con lo que toleran esta práctica, reprochó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
La organización defensora de derechos humanos presentó el documento “Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”, en el cual analizaron los casos de 29 mujeres detenidas y agredidas entre 2006 y 2015, en 12 entidades de la República.
“Sin importar la geografía, sin importar el tiempo, todas las instituciones del Estado se comportan de la misma manera: ministerios públicos perpetradores y encubridores, médicos perpetradores y encubridores, y jueces federales que encubren y toleran la tortura sexual”, acusó Araceli Olivos, del Prodh.
“En ningún caso la autoridad jurisdiccional excluyó pruebas ilícitas con motivo de alguna violación a derechos humanos a pesar de existir evidencia de ello”.
Santiago Aguirre, subdirector del centro, destacó que todas las mujeres detenidas fueron acusadas de delitos como delincuencia organizada, secuestro o portación de armas de uso exclusivo Ejército, y consideró que la tortura sexual es una consecuencia de la política de seguridad.
En el informe se establece que prácticamente cualquier autoridad comete estas violaciones, ya sea de corte civil o militar, o del ámbito municipal, estatal o federal.
“En los 29 casos hubo encubrimiento o participación directa de agentes del Ministerio Público de la PGR, principalmente de SEIDO, en la detención arbitraria, retención prolongada e injustificada y tortura sexual”, detalla el informe.
En 16 de los casos se consumó la violación, en dos de ellos ocurrió frente a familiares y en 12 fue tumultuaria.
Además, 13 mujeres identificaron que su agresión ocurrió en instalaciones oficiales, y todas fueron retenidas ilegalmente, algunas hasta por 72 horas.
De las corporaciones federales, la más señalada es la Policía Federal, en 12 ocasiones, mientras que el Ejército estuvo involucrado en seis casos, y la Marina en dos.
Fuerza Tamaulipas, el Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Coahuila, la Agencia Veracruzana de Investigación, así como la Policía del Estado de México y la municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, son otras corporaciones señaladas.
Norma Jiménez, sobreviviente de tortura sexual, acusó que cuando una mujer se anima a denunciar es señalada y estigmatizada, incluso culpada por no hacer nada para evitarlo.
“Prácticamente es caminar con todo en contra, pues las mujeres tenemos que probar que decimos la verdad, cuando somos atacadas, cuando somos víctimas, inmediatamente también somos culpables”, advirtió.
En tanto, Jan Jarab, representante de la ONU-DH, advirtió que si México quiere transformarse en una sociedad distinta, tiene que erradicar la tortura.
“Tiene que acabar con el encubrimiento sistemático de la tortura, acabar con la negación, acabar con la estigmatización de las víctimas”, planteó.
Ninguno de los 29 casos documentados ha sido investigado por la tortura, por lo que las denuncias siguen en la impunidad.
Texto: César Daniel Martínez Cisneros / Agencia Reforma / Foto: Twitter