La redacción de la reforma no aclara si los maestros deberán someterse a procesos de selección y promoción o si serán considerados como trabajadores del Estado, plantea el investigador Marco Fernández.
Ciudad de México, 25 de abril de 2019. La nueva reforma educativa aprobada por la Cámara de Diputados abrirá la puerta a litigios sobre los criterios que regirán en la asignación de plazas docentes, consideró el investigador Marco Fernández.
En entrevista, el académico de México Evalúa y del Tecnológico de Monterrey estimó que la redacción de la nueva reforma no aclara si los maestros deberán someterse a procesos de selección y promoción o si serán considerados como trabajadores del Estado.
“El famoso Artículo 16 transitorio tiene una redacción que abre la puerta a un posible litigio para interpretar qué es lo que va a prevalecer”, planteó Fernández.
“Van a dominar los procesos de promoción y selección, o va a dominar el artículo 123 apartado B, donde el sindicato puede tener el control en el 50 por ciento de las plazas de nueva creación, como se establece en la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado”.
Advirtió que fue este tema el que retrasó anoche la discusión de la nueva reforma educativa, debido a la resistencia de la Oposición de que se cediera en este tema a las presiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“¿Cuales serán la características que se van a incorporar para que no sean procesos a modo en los que se diluya que sea el mérito el que defina el ingreso al servicio docente?”, cuestionó.
Integrante del colectivo de académicos y activistas que conforman la Red Educación y Derechos, celebró que la nueva legislación contemple al maestro como agente de transformación social y se reconozca su derecho a la formación continua, además de que se admita que el Estado debe promover políticas a favor de los sectores más necesitados en comunidades rurales.
Por el contrario, cuestionó que no se admita que estos nuevos conceptos tendrán un impacto presupuestal, pues no se puede ofrecer a los maestros una formación continua cuando en este año hubo una reducción del 61 por ciento del presupuesto al sector; o que el Centro de Mejora Continua de los maestros, que sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, asuma las funciones de este órgano y se le den funciones complementarias, cuando hubo un recorte del 46 por ciento.
“Una cosa hemos aprendido en las cinco reformas educativas previas, ésta es la sexta; el aprendizaje es que una cosa son los marcos jurídicos, otra las políticas públicas derivadas de ellas.
“Las distancias entre unas y otras siempre ha sido de tamaño oceánico”, planteó el académico.
Texto: Francisco Ortiz / Agencia Reforma
Foto: Tomás Martínez / Agencia Reforma
