La ex presidenta y actual senadora, que afronta además otras investigaciones en su contra, rechaza todos los cargos y denuncia una persecución judicial.
Texto: DPA / Foto: Twitter @CFKArgentina
Buenos Aires, Argentina, 25 de agosto de 2018. El juez a cargo del caso conocido como “los cuadernos de la corrupción” sostuvo que en Argentina funcionó “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo”, el extinto Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
El Centro de Información Judicial (CIJ) publicó en la noche del viernes un informe del juzgado de Claudio Bonadio con un detalle en lo actuado hasta ahora en la causa basada en los cuadernos de un chofer del desaparecido Ministerio de Planificación Federal que revelaron una supuesta trama de sobornos de empresarios a funcionarios de los gobiernos kirchneristas.
En el mismo, confirma “la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos”.
Estos se valieron “de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado nacional”, de acuerdo con el informe del juzgado.
Para Bonadio, ya se obtuvieron indicios que “prima facie permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho años –cuanto menos–” ex altos funcionarios “efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno”.
El informe señala que “previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios (…), quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido”.
Durante la investigación, que dijo el juez que se inició por una declaración de un testigo de identidad reservada, fueron detenidas 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, y hay dos personas con pedidos de captura.
Entre los imputados, 17 declararon como arrepentidos, y 15 de ellos firmaron acuerdos que fueron homologados por el juzgado y serán beneficiados con una reducción de pena.
La investigación judicial se basa en los ocho cuadernos escritos entre 2005 y 2015 por Oscar Centeno, el chofer del ex “número dos” de Planificación Federal Roberto Baratta, uno de los detenidos por esta causa.
En ellos, el chofer describió las fechas, las direcciones, los nombres y los montos de dinero de los supuestos pagos de dinero de empresarios a funcionarios. Precisó además que el dinero era entregado en bolsos y llevado en algunos casos a la residencia presidencial oficial, la vivienda particular de los Kirchner u oficinas oficiales.
Tras su difusión, varios empresarios declararon ante el juez como “arrepentidos” y aseguraron que pagaron sobornos, como también algunos ex funcionarios reconocieron que recibieron pagos ilegales.
La ex presidenta y actual senadora, que afronta además otras investigaciones en su contra, rechazó en cambio todos los cargos y denunció una persecución judicial. “No me arrepiento de nada de lo que hice”, aseguró ante el pleno del Senado.
Cerca de 40 ex funcionarios y empresarios se encuentran imputados en la causa de “los cuadernos de los sobornos”.
https://devtest.suracapulco.mx/2018/08/23/catea-la-justicia-propiedades-de-cristina-kirchner/
