Se llega un año más sin saber de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Los padres de los 43 marchan por las calles con las fotos de sus hijos, mientras la familia de Aldo espera también, de otra manera, que él regrese.
Ayutla de los Libres, Guerrero, 26 de septiembre de 2019. Aldo Gutiérrez Solano mueve los ojos tristes de un lado a otro, tendido en su cama. Una bala le atravesó la cabeza en 2014 cuando policías y miembros de un cártel del narcotráfico atacaron y secuestraron a 43 estudiantes en el sur de México.
Sus compañeros siguen desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre. Y Aldo, que ahora tiene 24 años, va a cumplir cinco en estado vegetativo. Todos estudiaban en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, para ser maestros.
“A veces quisiera llorar, pero no puedo llorar delante de él”, dice a la agencia dpa la madre de Aldo, Gloria Solano, de 61 años, que saca fuerzas para seguir luchando por su hijo. “Siquiera nosotros podemos verlo, pero los otros papás no tienen ni un rastro de sus hijos”.
El caso Ayotzinapa es el más resonante de desaparición masiva que se haya registrado en México, donde hay unas 40 mil personas más desaparecidas. Mostró también una tenebrosa sociedad entre crimen organizado y autoridades y las deficiencias del sistema de Justicia mexicano.
La casa donde vive Aldo entre cerros en Ayutla de los Libres, unos 400 kilómetros al sur de Ciudad de México, antes no era su casa. Fue construida por las autoridades, como parte de medidas especiales de atención a víctimas, para brindarle cuidados médicos cerca de sus padres, de origen campesino.
“Tenemos que luchar bastante para ver cómo salvar a Aldo”, dice su padre, Leonel Gutiérrez, de 67 años. Con su esposa y sus otros 13 hijos se turnan para acompañarlo todos los días.
Aldo y un grupo de unos 100 estudiantes fueron perseguidos más de cuatro horas y atacados a tiros por policías en alianza con el grupo narcotraficante Guerreros Unidos en Iguala, unos 200 kilómetros al sur de la capital mexicana.
Los estudiantes se habían apropiado de varios autobuses para ir a una manifestación en Ciudad de México, como habían hecho otras veces antes sin una reacción semejante.
Los policías al servicio del cártel les cerraron del paso y abrieron fuego. A 43 de los jóvenes se los llevaron. Y los entregaron al grupo criminal, que presuntamente los mató e hizo desaparecer sus restos.
“Este es un caso paradigmático de las grandes violaciones a los derechos humanos que hay en el país, de la desaparición forzada, pero también de la falta de respuesta, de la impunidad”, dijo a dpa Sofía de Robina, abogada del centro de derechos humanos jesuita Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que acompaña a las familias.
“No hay ninguna sentencia todavía y muchos de los que estaban siendo investigados tuvieron que ser liberados porque la mayoría de las pruebas eran declaraciones y muchas fueron obtenidas bajo tortura”, afirmó.
Desde Iguala, Guerreros Unidos acostumbraba a traficar droga en autobuses hasta Chicago, según una investigación abierta en Estados Unidos. Por alguna razón los estudiantes fueron vistos como una amenaza. Se dijo que quizás los creyeron infiltrados por un cártel rival. Las causas del ataque no han sido aclaradas.
Durante el tiroteo murieron también seis personas: tres estudiantes, una mujer que iba en un taxi, el chofer de un autobús que trasladaba a un equipo de fútbol juvenil y un jugador de 15 años.
La escuela de Ayotzinapa, fundada en 1926 en el municipio de Tixtla, es un internado para muchachos de origen pobre. Tiene una larga tradición de activismo político-social. Eso también amplificó el impacto.
Coloridos murales de líderes guerrilleros como Ernesto “Che” Guevara decoran el sitio. Como parte de sus labores los estudiantes cultivan la tierra.
“Es una oportunidad para jóvenes de bajos recursos que quieren superarse, salir adelante”, dice Ulises Gutiérrez, de 31 años, que se graduó ahí como maestro antes de que su hermano Aldo entrara.
Aldo recibió un balazo en la cabeza cuando, con otros dos estudiantes, trataba de mover una patrulla que bloqueaba el paso. Su cerebro sufrió un daño del 70 por ciento.
Al menos siete de las armas disparadas esa noche por la policía eran fusiles alemanes Heckler & Koch, según los peritajes, pese a que la empresa tenía prohibido exportar a estados mexicanos en conflicto, entre ellos Guerrero.
Leonel Gutiérrez, hermano de Aldo de 39 años, viajó a la ciudad alemana de Stuttgart el año pasado para estar en una audiencia de un juicio en el que la empresa fue multada por 3,7 millones de euros (4,1 millones de dólares) por venta irregular de armas a México.
“Llevé una foto de mi hermano como forma de denunciar que esas armas están causando daños a familias aquí en México”, rememora.
La extinta Procuraduría General de la República (PGR), basada sobre todo en declaraciones de testigos, sostuvo que a los 43 estudiantes los habían matado e incinerado en el basurero de Cocula. Peritos independientes refutaron esa versión por falta de evidencias científicas. Sólo se encontró un hueso calcinado de un estudiante.
En los últimas semanas un juez ordenó la liberación de uno de los principales acusados y de otras 26 personas porque las pruebas habían sido logradas bajo tortura o de forma irregular. De los 142 detenidos en cinco años, quedan unos 65 en la cárcel.
Las familias de los 43 desaparecidos renovaron su esperanza con la llegada del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018. Sin embargo, no han visto avances para dar con sus hijos.
“Llegan a un aniversario más sin saber dónde están. Y eso se traduce en un dolor enorme”, dijo la abogada De Robina. Los padres de los 43 marchan por las calles con las fotos de sus hijos, mientras la familia de Aldo espera también, de otra manera, que él regrese.
Texto: Por Andrea Sosa Cabrios / DpA / Foto: DPA
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