Aproximadamente, 50% del territorio ha perdido su cobertura vegetal original, lo que implica pérdida de biodiversidad, emisión de gases de efecto invernadero, pérdida de fertilidad del suelo, y erosión.
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. La mitad del territorio nacional ha perdido su cobertura vegetal original y son las selvas el ecosistema que más pérdida reportan con 42.5 por ciento, según un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El Coneval publicó el “Estudio Diagnóstico del Derecho al Medio Ambiente Sano 2018”, cuyos resultados advierten que el país tiene altos niveles de pérdida de cobertura vegetal y degradación del suelo.
“Aproximadamente el 50 por ciento del territorio ha perdido su cobertura vegetal original, esto implica pérdida de biodiversidad, emisión de gases de efecto invernadero, pérdida de fertilidad del suelo, y aparición de erosión, lo que a su vez incide en la disminución de la producción de alimentos pudiendo incidir negativamente en el derecho a la alimentación”, se establece en el estudio.
Al desglosar esta pérdida de cobertura vegetal por tipo de ecosistema, el porcentaje de pérdida es: en selvas 42.5 por ciento; en pastizales 39.8 por ciento; en bosques 27.5 por ciento y en matorrales 10.3 por ciento, ello como resultado de la expansión de la superficie para terrenos agrícolas, pastos para ganado, actividades mineras, expansión urbana o creación de infraestructura.
La pérdida de cobertura vegetal es sólo uno de los 11 retos que el Coneval identificó para garantizar el ejercicio pleno del derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar.
En el estudio diagnóstico se advierte que otro reto es el acceso al agua, pues existe una proporción importante de población que habita en localidades rurales y comunidades indígenas que a˙n no cuenta con infraestructura de agua potable y servicios de drenaje en sus viviendas.
Según los resultados, en 2015, a nivel nacional, el 94.4 por ciento de población contaba con agua entubada en su vivienda; sin embargo, 12.8 por ciento de las viviendas particulares habitadas por población indígena no disponía de este servicio, en tanto que el porcentaje de las viviendas de población no indígena a nivel nacional fue de 3.3 por ciento.
En el mismo periodo, la cobertura de población con drenaje en su vivienda fue de 91.4 por ciento a nivel nacional; en localidades urbanas fue de 96.6 por ciento, en localidades rurales de 74.2 y de 73.1 para la población indígena.
Respecto a la cobertura nacional de tratamiento de aguas residuales municipales a nivel nacional, señala que fue de 58.2 por ciento en 2016, con diferencias importantes entre las entidades federativas, identificando que las personas que residen en Baja California cuentan con 96.1 por ciento de cobertura, Nuevo León con 96.1 y Tamaulipas con 96, mientras que las que habitan en Campeche reportan 6.8 por ciento y Yucatán con 5, siendo las de menor cobertura.
“Es necesario considerar acciones como la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, asÌ como de baños ecológicos”, se propone en el estudio.
Otro reto, reconoce, es la disponibilidad efectiva de agua potable en las viviendas porque no está garantizada por la conexión a la red pública.
A nivel nacional, señala que 73 por ciento de los hogares con tubería de agua en su domicilio cuenta con el suministro diario, 13.9 por ciento de seis a tres veces por semana y 13.1 por ciento dos veces o menos por semana.
La situación más crítica la sufre la población de los estados de Hidalgo, Baja California Sur, Zacatecas, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero y Puebla, donde el suministro de agua diario es menor a 50 por ciento en las viviendas que cuentan con toma domiciliaria conectada a la red pública.
Por otra parte, establece que aunque se ha alcanzado una cobertura importante de desinfección de agua suministrada para consumo humano, que representó el 97.3 por ciento en 2016, eso no garantiza que así permanezca como consecuencia en algunos casos de la falta de mantenimiento de la infraestructura pública o de un inadecuado almacenamiento, lo que implica que la población no confíe en la calidad del agua suministrada.
Por ejemplo, 70.8 por ciento de los hogares compra agua embotellada para beber, mientras que sólo el 12.2 por ciento bebe directamente agua de la red pública.
“Se requiere un enfoque de sustentabilidad en el uso del agua, especialmente en el sector agropecuario, que utiliza 76.3 por ciento de la demanda total de agua en el PaÌs, y como consecuencia de fugas, se desperdicia cerca de 30 por ciento del recurso en la conducción en distritos de riego, lo que se verifica en un n˙mero importante de acuíferos sobreexplotados”.
Además, resalta que las actividades agrícolas contribuyen a la contaminación de cuerpos de agua a través del uso de fertilizantes y pesticidas, el cual se ha incrementado en 18.7 por ciento de 1996 a 2014.
Otro reto, detalla, está en los altos niveles de contaminantes en el aire de las principales zonas metropolitanas del PaÌs, lo que se ha traducido en un grave problema de salud pública.
Para 2016, se estima que el 4.7 por ciento de muertes fueron atribuibles a la contaminación.
Los sectores que más inciden en la generación de contaminantes son los vehículos automotores y la generación eléctrica.
En 2015, apunta, el 79.7 por ciento de la energía eléctrica generada fue a partir de fuentes convencionales y solo 20.3 por ciento de tecnologías limpias.
Al respecto, el estudio precisa que hay poca inversión y corresponsabilidad de las entidades que más contaminantes emiten para la generación de energías limpias.
Por otra parte, reporta que la ausencia de un sistema de recolección y manejo adecuado de residuos sólidos urbanos deriva en la contaminación en mantos acuíferos, suelos y aire, así como en un bajo nivel de reutilización y valoración de los desechos.
“Hay poco control y carente información referente a los generadores de residuos peligrosos, lo que lleva a un mal manejo de estos, teniendo impactos negativos en la salud de las personas”, enfatiza.
También destaca que México es uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático debido a su ubicación geográfica y características sociales.
Al respecto, en 13 entidades se presentan municipios clasificados con vulnerabilidad alta y muy alta ante el cambio climático, la mayoría ubicados en el sur y sureste del PaÌs, donde se concentra la pobreza y el rezago social como: Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
El Coneval concluye que se carece de un enfoque transversal en el abordaje del derecho al medio ambiente para establecer estrategias conjuntas en la materia.
Texto: Evlyn Cervantes, Agencia Reforma / Foto: Agencia Reforma