Mandos militares pudieron estar enterados de la ubicación de los estudiantes hasta el 4 de octubre, dicen los expertos. Señalan que la Sedena y la FGR obstaculizan la investigación. Hablaron en conferencia de la reticencia del Ejército a entregar información, del entorpecimiento al trabajo de la Unidad Especial, de la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo y alertaron sobre posibles represalias en su contra. Anunciaron que seguirán en su labor a petición de los padres y madres
Ciudad de México, 30 de septiembre de 2022. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha negado a otorgar información sobre el caso Ayotzinapa, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ha intervenido indebidamente en las investigaciones de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), afirmaron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) este jueves en conferencia de prensa.
Además, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Sedena entregar toda la documentación sobre el caso, no se ha otorgado la información acerca del Centro Regional de Inteligencia Militar, que tendría registros de la participación de los batallones de infantería 27, 41 y 50 en los hechos que culminaron con la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, expusieron los expertos internacionales Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Francisco Cox y Carlos Martín Beristain.
Los miembros del GIEI destacaron que elementos del Ejército tuvieron conocimiento en tiempo real de lo que sucedió entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, pues en ese lapso intervinieron las líneas telefónicas de Guerreros Unidos, el grupo criminal presuntamente encargado de desaparecer a los normalistas.
Revelaron que, con audios y documentos de la propia Sedena, se ha establecido que mandos militares pudieron estar al tanto de la ubicación de varios normalistas hasta el 4 de octubre, lo que significa que éstos habrían estado cautivos y vivos una semana después de su desaparición.
Realizada en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHCM) ante la presencia de madres y padres de los 43 y del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, en la rueda de prensa los expertos del GIEI informaron que a petición de las familias de los estudiantes desaparecidos continuarán en la investigación del caso. Se había informado que su trabajo concluiría el próximo 30 de septiembre.
Inexistente, la relación con Gertz Manero
A lo largo de la presentación de su informe, los especialistas del GIEI se refirieron a las resistencias por parte del Ejército para facilitarles su labor, pese a que el presidente de la República ha dado la orden de abrir los archivos militares y proporcionar toda la información del caso a los investigadores.
“Hay lugares que se han resguardado de manera especial, y solamente contando con la colaboración total de la persona que está enfrente de cualquiera de esas secretarías podemos conseguir esos documentos”, expuso Ángela Buitrago.
Sobre la intervención de la FGR en el trabajo de la Unidad Especial, los especialistas del GIEI pusieron distintos ejemplos, como el que personal de la antigua SEIDO empezara a despojar de atribuciones a la Unidad Especial.
“El mayor rompimiento se dio en agosto de 2022”, dijo Buitrago. El 16 de agosto, cuando la Fiscalía de Asuntos Internos pidió, a nombre de la unidad, 83 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables “y se comisiona a una licenciada de Asuntos Internos para que desempeñara funciones de Ministerio Público inscribiéndola en la UEILCA, que los fundamentos no explican por qué esta persona debía ser comisionada, no se da explicación, no se justifica al anuncio”.
Pero “el hecho más grave” de esta intromisión, externó el abogado chileno Francisco Cox, fue la solicitud de cancelación de 21 órdenes de aprehensión –principalmente contra militares– por parte de ministerios públicos externos adscritos al juzgado, sin consultar al entonces fiscal encargado del caso, Omar Gómez Trejo, y sin argumentar la decisión.
“Se necesita conocer el fundamento de la solicitud de esa cancelación”, recalcó.
Los expertos del GIEI lamentaron la renuncia de Omar Gómez Trejo, quien dejará la Unidad Especial a partir del 1 de octubre. “Actuó con voluntad, con profesionalismo y tenía la confianza de los papás”, reconocieron, y alertaron también de una posible represión contra él luego de que ha sido anunciada una auditoría a la UEILCA.
“En cuanto a la renuncia del fiscal, queremos decir que lo que se ha avanzado fue en cuanto a su función. La renuncia se produce en cuanto a las intromisiones en las cuales nos referimos. El intento de sincronía entre los tiempos judiciales y tiempos políticos impidió que se incorporara el análisis de información que se estaba llevando a cabo, y que esa exigencia de coincidencia de tiempos vino desde el fiscal general de la República”, acusó Buitrago.
Insistió en que la solicitud de todas las órdenes de aprehensión se ha hecho con fundamento y demandó respeto a las decisiones de la justicia. “Es incomprensible que un fiscal que no conoce el asunto, que no sabe por qué están consignados” tome ese tipo de decisiones, dijo, “son más de 600 folios que nunca solicitó el fiscal que solicitó la revocatoria”.
Buitrago también lamentó que desde la reactivación de las funciones del GIEI, en 2020, ha sido inexistente la relación con el fiscal Alejandro Gertz Manero. “No se nos ha recibido más que una vez al inicio de nuestra relación, no nos ha querido contestar específicamente ni de manera directa sobre la reunión en particular”, dijo.
“Apresurada” aprehensión de Murillo Karam
Al denunciar que la FGR se ha entrometido en las funciones de la Unidad Especial, los integrantes del GIEI cuestionaron la “apresurada” detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, uno de los artífices de “la mal llamada verdad histórica”.
Cox criticó que los principios y lineamientos del acuerdo por el que se creó la Unidad Especial en 2019 hayan sido “rotos por el propio fiscal general de la República”.
“El GIEI reitera que en un Estado de derecho la fiscalía como ente autónomo no puede tener más consideraciones que las consideraciones judiciales probatorias y lograr condenas. Producto de esta judicialización débil del ex procurador (Jesús) Murillo Karam se corre el riesgo –advirtió– de que posteriormente no se logre la condena, no obstante existir evidencia y prueba de la participación del señor Murillo Karam en la mal llamada verdad histórica”.
Clave, el Centro Regional de Inteligencia Militar
En los archivos militares a los que ha tenido acceso, el GIEI encontró comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos que mostrarían la relación que existía en 2014 entre este grupo criminal con militares –el capitán José Martínez Crespo, el coronel Rafael Hernández, por ejemplo– y con personal de la Marina que no se ha investigado, así como alcaldes, policías estatales y municipales.
No se trataba de una relación endeble, indica el informe: el grupo criminal tenía acceso a las instalaciones del servicio forense y a informes de los Centros de Comando (C4).
En sus distintas intervenciones, los expertos confirmaron que la Sedena estaba al tanto de esto porque vigiló con el programa de espionaje Pegasus a miembros de Guerreros Unidos, a los policías e incluso a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos; aparte, los estudiantes de la Normal Rural eran espiados desde adentro, a través de infiltrados.
Beristain, médico y psicólogo español, detalló que agentes de inteligencia del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) dieron seguimiento a todo el proceso de la desaparición de los 43 jóvenes. Dijo que inclusive grabaron partes.
Desde febrero de 2022 el GIEI entregó un informa al gobierno federal en el que dio a conocer que, después de tener acceso a los archivos de la Sedena, descubrieron que el Centro Regional de Inteligencia Militar existía desde 2014, pese a que funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto dijeron en su momento que había iniciado funciones en 2015. Habría sido en ese centro donde se realizaron los monitoreos.
Las intercepciones a las comunicaciones se registraron entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014, lo cual es un indicio de que varios jóvenes seguían vivos hasta una semana después de su desaparición.
Los archivos que se encontraban en la Sedena, continuó Beristain, “muestran que el día 26 de septiembre y el 4 de octubre había interceptaciones telefónicas que hablaban sobre los jóvenes, que hablaban de dónde había que mandar los jóvenes, y algunas de ellas son del día 4 de octubre, es decir, días después de los hechos. Esas comunicaciones mostrarían que una parte de los jóvenes estarían vivos en esos días”, insistió Beristain.
Agregó que se enteraron de esas “incerceptaciones” el año pasado. “Había interceptaciones telefónicas en tiempo real” sobre lo que ocurría la noche de Iguala, sin embargo, “ninguna de esa información llevó a tomar decisiones para la protección de los jóvenes y para las investigaciones del caso”.
El informe del GIEI precisa que las “intervenciones técnicas telefónicas” no fueron proporcionadas a la investigación ni a la búsqueda de los desaparecidos.
“Los documentos confirman que el Ejército (así como el Cisen) tenían intervenidas las comunicaciones de actores relevantes en los hechos, incluso cuando estaban ocurriendo, sin que consten autorizaciones judiciales para ello ni se conozca el contenido completo de las mismas”.
Añade que “en un documento de la Sedena, fechado el 5 de octubre de 2014, se incluyen algunas de estas intervenciones del 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014. Esto significa que las autoridades militares y del Cisen estuvieron informadas en tiempo real de lo que ocurría. Sin embargo, esta información no fue compartida con las autoridades encargadas de la investigación, ni hay constancia de que se hubiera hecho alguna actividad de búsqueda específica con la misma”.
La guatemalteca Claudia Paz y Paz recordó que un grupo de jóvenes fue llevado el 26 de septiembre ante el entonces el juez de barandilla de Iguala, Ulises Bernabé.
Los llevaron esa noche “a las barandillas municipales, probablemente el grupo de jóvenes que fueron privados de la libertad en la calle Juan N. Álvarez. Consideramos que sí. Así lo hacemos ver en este tercer informe”, planteó la especialista en derecho penal.
El informe del GIEI también señala que el 5 de octubre se efectuó una reunión de altos mandos de todas las corporaciones, pero no se sabe quiénes participaron en el encuentro.
Texto: Guillermo Rivera y Redacción
