De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, el Congreso no legisla en apego a la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado
Chilpancingo, Guerrero, 31 de octubre de 2020. El dictamen de reforma al Código Penal “evidencia que diputadas y diputados privilegian el aspecto político electoral”, señala
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que el Congreso local alienta la violencia creciente contra las mujeres en Guerrero, al no legislar en apego a la Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado.
Dicha alerta se declaró en junio pasado, después que un Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), constató que el artículo 159 del Código Penal del estado, contraviene normas y leyes nacionales, en materia de la interrupción del embarazo producto de una violación.
En un boletín, la asociación civil señaló que los diputados utilizan “elementos fácticos” para no atender las recomendaciones de la AVG, y “soslayan la violencia sexual que viven las mujeres, el impacto emocional que enfrentan y dan la espalda a su lucha histórica”.
Como referencia, señaló que en solo dos meses, Tlachinollan documentó más de 30 casos de violación sexual contra niñas indígenas en la Montaña.
Advirtió que la nueva propuesta de reforma penal “evidencia que diputadas y diputados privilegian el aspecto político electoral pisoteando los derechos de mujeres y niñas a una vida libre de violencia”.
Recordó que en la AVG, el Grupo de Trabajo de la Conavim recomendó al Congreso el estudio, revisión y reforma del artículo 159 del Código Penal para armonizarlo con la Ley General de Víctimas, la norma 046 y el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, “a fin de garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo para efectos de agravio comparado.
Es decir, retirar el requisito de la denuncia penal a las mujeres que quieran interrumpir un embarazo producto de una agresión sexual, porque quedó demostrado que el proceso para obtener una autorización del Ministerio Público para la interrupción legal puede tardar de seis meses a un año, “lapso en el que ya no es posible la interrupción pues clínicamente debe realizarse a las 12 semanas de gestación”.
Además, recordó que la Conavim y otros organismos nacionales e internacionales han establecido que las mujeres tienen derecho a interrumpir el embarazo resultado de una violación sexual, para evitar prolongar la violencia y los impactos que ésta genera en las mujeres víctimas de este evento traumático y violento.
Sin embargo, señaló que diputados de todos los partidos se oponen a la interrupción del embarazo producto de una agresión sexual a mujeres y niñas, “soslayando la violencia que enfrentan y el sufrimiento e impacto en sus vidas ante una agresión de esta naturaleza, pretenden obligarlas a que prueben en un proceso penal la agresión de que fueron objeto”.
Expresó preocupación por la actitud omisa de diputados “que alienta la violencia contra las mujeres y niñas”.
Añadió que en Guerrero existe un aumento exponencial de agresiones sexuales contra mujeres y niñas, “como botón de muestra, Tlachinollan en tan solo dos meses ha documentado más de treinta casos de violación sexual contra niñas indígenas en la Montaña”.
Asimismo, indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que ante una denuncia de agresión sexual las autoridades deberán otorgar valor preponderante a la declaración de la víctima, tomando en cuenta su edad, lengua, cultura y condición económica y las consecuencias traumáticas e impacto emocional que ocasiona este evento delictivo.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jessica Torres Barrera
