Ruta de Fuga
Andrés Juárez
Las políticas públicas que promueven la conservación de especies y ecosistemas tienen una historia de al menos 100 años en México. Desde las políticas de las primeras áreas naturales protegidas hasta los corredores biológicos y paisajes bioculturales. Por otro lado, las políticas de fomento productivo son mucho más añejas. Fue hacia la primera década del presente siglo que se comenzó a hablar públicamente de la urgencia y pertinencia de generar políticas integradoras, de conservar y fomentar la producción primaria sustentable. Pero ¿cómo hacer compatible la satisfacción de necesidades públicas que demandan del Estado respuestas contradictorias?
No hace falta más que pararse en cualquier punto de la geografía nacional para observar que nos hemos comido al país bocado a bocado. Es verdad que las modificaciones del espacio tienen diversos motores, pero se ha convenido que la producción de alimentos ha sido el más potente, duradero y veloz de esos motores. México, en este sentido, es un gran documento en el que un error parece recurrente: la contradicción entre la respuesta del Estado a la demanda de producir y conservar (paisajes con ecosistemas fragmentados), así como la destrucción de la base en que debe sostener su reproducción (tierras degradadas en abandono).
Desde la sociedad se ha demandado mayor coordinación entre el sector ambiental y el sector de fomento productivo del gobierno. Así, mientras una dependencia exigía y apoyaba la conservación de especies y ecosistemas, la dependencia de enfrente financiaba acciones que derivaban en degradación y agotamiento de recursos naturales. Es decir, mientras una pagaba por conservar la otra pagaba, para el mismo espacio, el desmonte por la vía de apoyo por cabeza de ganado o, más indirectamente, mediante subsidios productivos y comerciales a productos agrícolas que generan deforestación (tomemos para este caso, el ejemplo del aguacate: mientras que por un lado se propiciaba la conservación de bosques con el pago por servicios ambientales, por otro se impulsaba el comercio internacional de aguacate, lo que metía una presión tremenda al cambio de uso del suelo).
Hacia mediados del sexenio pasado, una oportunidad dorada apareció en el horizonte. Se celebraría la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, en Cancún. Se propuso impulsar, y se acordó, una agenda transversal y la transición hacia políticas públicas integradas. México lideró esta postura y como muestra se firmó el Acuerdo por la Conservación de los Bosques y el Fortalecimiento de la Sustentabilidad Alimentaria entre las secretarías de Medio Ambiente y de Agricultura.
Para poner en marcha lo que aquel acuerdo contenía, se dinamizaron áreas de ambas dependencias durante meses de trabajo que enfrentaron obstáculos internos por la contradicción que implicaba. De alguna forma ambas dependencias se estaban poniendo contra su propia razón de ser al dialogar con la otra parte. Había que vencer retos que iban desde lo operativo hasta lo legal. Por ejemplo, ¿cómo acordar una frontera pecuaria si la propia ley define como “agostadero” cualquier área donde exista algún vegetal que sea considerado pastura? Es decir, donde sea que haya árboles, arbustos o nopales es un agostadero y por tanto es parte de la frontera pecuaria. En contraparte, para la Ley General de Protección al Ambiente y el Equilibrio Ecológico un matorral o un desierto con nopales es sujeto de protección.
Un grupo de funcionarios públicos se decidió a hacer que sucediera. O, mejor dicho, hicieron que sucedieran varias cosas: la generación de un mapa de cobertura del suelo del país a alta resolución, modificaciones a la Ley Forestal para que la coordinación entre ambas secretarías quedara como vinculante, un sistema de consulta de subsidios concurrentes para que no se otorgaran subsidios agrícolas en lo que el mapa determine como frontera forestal (si es bosque no puede recibir subsidios agropecuarios, sin embargo, el sistema permite observar un catálogo de subsidios ambientales que sí puede recibir). Este sistema está alimentado por capas de información de ambas dependencias.
El resultado de este enorme y complejo trabajo fue llamado Alimentar a México sin deforestar. Se hizo con capacidades técnicas sin costos adicionales a los salarios de los funcionarios involucrados –salvo las imágenes satelitales necesarias para hacer el nuevo mapa de cobertura que el Inegi tiene pendiente de dictaminar como parte de su sistema de información nacional– de la Conabio, Semarnat y la entonces Sagarpa.
No todos en la nueva administración creen que absolutamente cuanto se hizo en el sexenio anterior es un desastre. Como lo reconoció la secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, al entregar el Premio Nacional de Administración Pública a este trabajo, el servicio público “es igual a generosidad, entrega, talento, honestidad y, sobre todo, es igual a lucha. Nuestro país es un lugar idóneo para que esas luchas florezcan y para que el mérito sea verdaderamente aplaudido y premiado”, y este trabajo es un ejemplo. Ojalá que se le dé el seguimiento institucional que merece y al que obliga la ley.
