Con la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio se busca recuperar activos relacionados con hechos de corrupción, delitos contra la salud, enriquecimiento ilícito y robo de hidrocarburos, entre otros, indican. Subastan este domingo bienes decomisados para ayudar a los municipios más pobres de la Sierra de Guerrero.
Ciudad de México, 23 de junio de 2019. El Senado alista la aprobación de un proyecto para golpear las estructuras financieras de la delincuencia, a través del endurecimiento de la extinción de dominio.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que la intención es que la figura no prescriba para los bienes que tengan origen ilícito.
Con la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, explicó, se busca recuperar activos relacionados con hechos de corrupción, delitos contra la salud, enriquecimiento ilícito y robo de hidrocarburos, entre otros.
La propuesta, que se analiza actualmente en la Comisión de Justicia, establece como medida cautelar que el juez, a petición del Ministerio Público, pueda ordenar el aseguramiento de bienes ante la amenaza o posibilidad de que puedan ser ocultados, alterados o dilapidados.
También se contempla la inmovilización provisional e inmediata de fondos, activos, cuentas y demás valores e instrumentos financieros.
El coordinador de Morena en la Cámara alta detalló que en la nueva disposición se establece que, entre las medidas cautelares, se podrá solicitar una “anotación preventiva” de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y la autoridad estará en posibilidad de decretar el aseguramiento de los bienes en cualquier momento, ya sea durante el juicio o antes de que inicie.
“Se incluyen jueces especializados en primera instancia y magistrados competentes de segunda instancia, ante quienes se sustanciarán los procesos civiles”, aseveró.
“Los impedimentos para conocer sobre un asunto no solo se incluyen para jueces y magistrados, también tiene alcance con los secretarios de acuerdo, actuarios o quien haga las funciones de estos para evitar un posible conflicto de interés”.
Monreal adelantó que la nueva legislación incluye multas ejemplares para que servidores públicos, juzgadores y demás personas que participen en el proceso estén obligados a cumplir con su deber en tiempo y forma y garantizar un proceso ágil y efectivo.
El legislador confirmó que la autoridad administrativa para conocer de estos casos será el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que será el responsable de administrar y enajenar los bienes.
El proyecto, sostuvo, establece un plazo de 180 días para que los congresos de los estados armonicen su legislación, para que los procedimientos que inicien a partir de la vigencia de la nueva ley se realicen con las nuevas reglas, sin importar que el supuesto para la procedencia se haya registrado con anterioridad.
El político zacatecano aseguró que la nueva ley también fortalecerá la actuación y atribuciones de la Fiscalía General de la República.
“Mientras no toquemos los pilares de financiamiento del crimen organizado, de la delincuencia organizada o de los ilícitos cometidos por servidores públicos, no estaremos actuando con eficacia en el combate a esos delitos”, expresó.
Subastan en Los Pinos bienes decomisados
El Gobierno federal subasta este domingo en Los Pinos 27 bienes decomisados a miembros del crimen organizado.
Es el tercer ejercicio de este tipo que organiza la presente Administración, después de las subastas de vehículos oficiales en Santa Lucía y de autos de lujo en Los Pinos.
La finalidad de esta tercera subasta es obtener al menos 168.5 millones de pesos, con base en su precio de salida, que serán destinados a los municipios más pobres de la Sierra de Guerrero.
De los 27 bienes, todos libres de gravámenes, 15 fueron declarados en abandono tras su aseguramiento y el resto fueron sujetos a extinción de dominio.
Entre los bienes hay casas, departamentos, fincas, locales comerciales, un rancho y hasta un motel decomisados a la delincuencia.
La lista incluye el departamento en Cuernavaca, Morelos, donde fue abatido el líder del Cártel de los Beltrán Leyva, Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, en diciembre de 2009.
También una casa en Metepec, Estado de México, en la zona cercana al penal de Almoloya, con un valor de 21 millones de pesos.
Asimismo, una residencia en Los Cabos, de 15 millones de pesos; otra en El Pedregal, de 14 millones de pesos, y una más en Cancún, de 9.7 millones de pesos.
La propiedad decomisada a Carlos Montemayor González, “El Charro”, suegro del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, también será parte de la subasta de inmuebles.
Esta finca fue decomisada en 2010 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Tiene un lienzo charro en su interior, en donde se organizaban costosos eventos a los que asistían políticos estatales.
Tiene poco éxito venta de narcofincas
De los 27 inmuebles asegurados, que este domingo se sometieron a subasta por el Gobierno federal, únicamente se vendieron 9 y el resto se declararon desiertos.
El monto total de las nueve narcopropiedades es de 56 millones 643 mil 364 pesos. La más costosa es de 22 millones 100 mil pesos y está localizada en Metepec, Estado de México.
La de menor precio es de 368 mil 400, mismo valor de salida, y se encuentra en Los Mochis, Sinaloa.
Entre los inmuebles que no fueron vendidos por el SAE están el departamento en Cuernavaca, Morelos, donde fue abatido el líder del Cártel de los Beltrán Leyva, Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, en diciembre de 2009.
Tampoco se adquirió la propiedad decomisada al campo Carlos Montemayor González “El Charro”, suegro del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”.
Esta finca fue decomisada en 2010 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Tiene un lienzo charro en su interior donde se organizaban eventos.
Durante el ejercicio, que duró casi dos horas, el SAE busca obtener al menos 168.5 millones de pesos, que era el valor de salida de los 27 lotes subastados en el Complejo Cultural de Los Pinos.
De las nueve propiedades vendidas, cinco fueron vendidas en el precio de salida y las otros cuatro aumentaron su valor inicial, por lo que hubo poca puja.
El dinero recaudado se entregará a los municipios más pobres de la Sierra de Guerrero.
Texto: Claudia Guerrero / Antonio Baranda / Agencia Reforma / Foto: Twitter
