Se debe revisar la cantidad de datos y campos que contiene el formato, ya que solicita información que no es relevante para la detección del enriquecimiento ilícito ni para una investigación de evolución patrimonial, advierte la titular de la Secretaría de la Función Pública.
Ciudad de México, 6 de febrero de 2019. La secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dio a conocer al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que alista una nueva propuesta de Formato Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses, también conocido como “3 de 3”.
En su primera participación como integrante del Comité Coordinador del SNA, informó que integró un documento con consideraciones técnicas y jurídicas tras detectar irregularidades en los formatos aprobados por ese órgano en 2018, los cuales entrarán en vigor este año.
“Hemos integrado ya un documento con consideraciones técnicas y jurídicas, en donde hemos advertido vacíos, contradicciones e incluso ambigüedades del acuerdo mencionado que ustedes aprobaron.
“Estas observaciones queremos ponerlas a la consideración del Sistema Nacional Anticorrupción para poner verdaderamente en marcha una implementación de origen consensada sobre los nuevos formatos de declaraciones de situación patrimonial y de intereses”, dijo la funcionaria federal.
La titular de la SFP enfatizó que se debe revisar la cantidad de datos y campos que contiene el formato, ya que solicita información que no es relevante para la detección del enriquecimiento ilícito o para los fines de una verificación o una investigación de evolución patrimonial.
“Más información no necesariamente conduce a mayor rendición de cuentas”, subrayó.
Entre las anomalías, precisó que no se establece el mecanismo a través del cual se firma la declaración y ello, dijo, debe ser importante para garantizar la identidad del firmante y, en consecuencia, la validez del envío a la base de datos.
Señaló que las características del formato publicado se refieren únicamente a la declaración inicial, sin embargo, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se contemplan tres tipos de declaraciones: la inicial, la de modificación y la de conclusión.
Además, indicó que el formato toma la declaración de cantidades brutas y deben ser montos netos.
“El seguimiento patrimonial se enfoca siempre en la cantidad que recibe de manera directa el servidor público”, apuntó.
Expuso que en el formato no se consideró la opción relativa a manifestar de manera expresa la no aplicabilidad de los rubros a través de la habilitación de una casilla de “no aplica”.
Tampoco, abundó, se estableció una unidad responsable dentro del SNA facultada para la interpretación de los lineamientos ya publicados.
“Hoy la cantidad de preguntas que están en estos formatos llegan casi a las 800 entradas para cada uno de los servidores públicos. Estos formatos están obligando hoy a los maestros de todo el sistema de educación pública a reportar a partir de abril de este mismo año”, planteó.
Adicionalmente, Sandoval dijo que las contralorías estatales han manifestado dudas y críticas que coinciden con dichas observaciones.
En entrevista, la funcionaria explicó que para combatir la corrupción hay que identificar el enriquecimiento ilícito y el SNA tiene que enfocarse a descubrir quién está en una evolución patrimonial.
“Los formatos como fueron aprobados por la anterior administración, por la anterior representante de la Función Pública en el seno de este Sistema Nacional Anticorrupción, no nos parecen los más adecuados para combatir el enriquecimiento ilícito. De hecho, creo que nos empujarían a una lógica burocratizante y los servidores públicos obligados a contestar estos formatos suben de alrededor de 250 mil a más de 2 millones de servidores públicos que estarían obligados a la declaración en estos nuevos formatos, entonces estamos con este análisis”, añadió.
Mariclaire Acosta, presidenta del Comité Coordinador del SNA y quien se despidió de su cargo en la sesión de esta tarde, dijo que espera conocer el dictamen que prepara la SFP.
“La critica tiene que ver con el hecho de que la ley misma establece que todos los funcionarios públicos están obligados a hacer esta declaración. El punto de vista de ella es interesante porque hay funcionarios públicos que barren la calle o cuidan los parques, es decir, no son el grupo de riesgo que puede incurrir en prácticas de enriquecimiento ilícito. Yo estoy esperando el dictamen de ella para revisarlo”, expuso.
Durante la sesión del Comité Coordinador del SNA también se presentaron avances de la política nacional anticorrupción.
Texto y foto: Evlyn Cervantes / Agencia Reforma
