Alto a la violencia contra las mujeres, exige Obtilia al recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos

La indígena me´phaa de Ayutla habló de su lucha en defensa de los derechos de su pueblo, como las mujeres violadas por militares. El presidente López Obrador reiteró...

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11 diciembre,2019 4:41 am
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La indígena me´phaa de Ayutla habló de su lucha en defensa de los derechos de su pueblo, como las mujeres violadas por militares. El presidente López Obrador reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos y dijo que cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas

Ciudad de México, 11 de diciembre de 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2019 a la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) Obtilia Eugenio Manuel, quien exigió un alto a la violencia contra las mujeres en el país, y dedicó el premio a todos los defensores, activistas sociales, y a quienes han sido asesinados por su lucha.

En su intervención el presidente López Obrador reiteró que va a cumplir el compromiso de que en su gobierno no se van a violar los derechos humanos y afirmó que cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que están ayudando para garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos.

La entrega del premio a la activista, originaria de la comunidad Barranca de Guadalupe, municipio Ayutla, en la Costa Chica de Guerrero, se realizó en Palacio Nacional con la presencia del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

En el acto también fueron reconocidas Modesta Chávez de la Rosa, viuda del dirigente Wixárika Margarito Díaz González, asesinado en septiembre de 2018 en la comunidad de Aguamilpa municipio de Nayar, San Luis Potosí,  y su hija Gabriela Díaz Chávez. El dirigente galardonado con mención honorífica fue un defensor del medio ambiente y  se opuso a la construcción de la presa “La Maroma”.

“No me puedo quedar callada, a diario hay muchas mujeres que son acosadas, atacadas, asesinadas”

Obtilia Eugenio Manuel desde hace más de 20 años se ha distinguido por defender los derechos de indígenas de Ayutla, en particular de las mujeres, como el caso de las me’phaa violadas por efectivos del Ejército en 2002, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, que llegó hasta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano.

Ayer llevó a Palacio Nacional el lema de las protestas feministas más recientes. “Ya no queremos ni un violador más en nuestro camino”, dijo frente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Discriminación de indígenas en Ayutla

En su intervención la dirigente precisó que es de la lengua me’phaa, pero que de manera equívoca en castellano se les llama  tlapaneca que es un insulto y significa “cara sucia o cara meca”.

Narró qué aprendió a hablar y entender el castellano de manera forzada por una familia con quien su papá la dejó para que pudiera seguir estudiando hasta el bachillerato que no pudo terminar porque no tenía dinero. “Los de la casa se enojaban y me maltrataban porque no entendía en su lengua”, recordó.

Agregó: “hoy me encuentro en este Palacio Nacional con mucho orgullo y honor por estar con todos ustedes y con el presidente López Obrador, en quien he depositado mi confianza y esperanza para que juntos y nuestro pueblo cambiemos nuestro país”.

Expresó que  recibir el reconocimiento significaba mucho valor, “pero es también una gran responsabilidad de ser mujer, por ser indígena. Mi conciencia me dice que debo seguir luchando por los derechos humanos, no puedo quedar callada cuando conozco que a diario hay muchas mujeres que son acosadas, atacadas, asesinadas.

Después agregó “hoy tengo la oportunidad de decir ante usted, ante el pueblo, lo que pienso. Por eso pido que la violencia contra las mujeres en los pueblos, montañas, sierras, ciudades, calles, transportes, en fábricas, en oficinas, escuelas y universidades se acabe de una vez por todas. Ya no queremos ni un violador más en nuestro camino”.

La corrupción y su desaparición

Obtilia Eugenio Manuel también celebró la lucha en contra de la corrupción que ha emprendido el nuevo gobierno y después denunció que en los ayuntamientos sigue la corrupción sobre todo en el dinero destinado a la construcción de las obras.

Recordó que en 2018 en Ayutla se eligió una nueva forma de gobierno por el sistema de usos y costumbres, sin embargo, dice que “no ha cambiado nada, no se ve la diferencia” con la anterior forma de administración de los gobiernos por partidos políticos.

Dijo que el 12 de febrero pasado fue secuestrada y torturada por denunciar la corrupción. “Sigo viva gracias a las amplias movilizaciones colectivas y mujeres de organizaciones sociales, derechos humanos”.

Pido también que el dinero que manda el gobierno federal a los ayuntamientos, a la obra pública sea entregado directamente a los pueblos mediante su comité de obra nombrado por su asamblea para evitar más corrupción.

La OPIM, la persecución y su papá

Obtilia dijo que en 2002 junto con otros compañeros, comenzó a  organizarse, y crearon la OPIM, luego de conocer que otras dos mujeres indígenas, Valentina Rosendo Cantú, e Inés Fernández fueron violadas por soldados.

“Desde ese tiempo hemos sido acosados y amenazados por gente del Ejército en complicidad con un grupo delincuencial organizado. A mi hermano lo metieron en la cárcel y mataron al hermano de una de las mujeres violadas, asesinaron a mi prima con la que fundamos la organización y a sus dos hermanos y a mi tía; encarcelaron de manera injusta a cinco compañeros y mataron a dos compañeros dirigentes del pueblo na’savi”.

Además dijo que hay aún una orden de aprehensión en contra de sus hermanos por un delito que el gobierno de Zeferino Torreblanca fabricó en contra de los integrantes de la  organización.

“La historia que conozco de mi pueblo ha sido sufrimiento, también de lucha. En mi municipio se cometió la masacre de El Charco, en el estado la matanza de Aguas Blancas; en Chiapas, de Acteal; los estudiantes asesinados en Tlatelolco. Hoy convivimos a diario con graves problemas de violencia e inseguridad”.

Dijo que en 1994 cuando se levantaron los indígenas zapatistas en Chiapas, en su pueblo llegaban los soldados, “decían que nosotros éramos zapatistas. Nos maltrataron, violaron a cuatro mujeres indígenas de mi comunidad. Nunca hubo justicia”.

También hizo un pasaje por su infancia con la muerte de sus dos hermanos pequeños por sarampión, así como otras 40 personas, hombres y mujeres y niños de su pueblo. “Fue hace 30 años. Nunca nos vacunaban, no teníamos camino ni escuela. Esos gobiernos nos olvidaron, creo que por ser indígenas”.

Defiende a la Policía Comunitaria y pide al presidente apoyarla

En su intervención también defendió a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), fundada hace 24 años en la Costa Chica-Montaña de Guerrero controlada por la asamblea de cada comunidad,  y que ha servido como un sistema de seguridad y justicia indígena para combatir la delincuencia.

Después dijo que “las autodefensas son otra cosa. Nacieron en buena intención, sin embargo, han sido penetradas por la delincuencia. Y una vez se hace labor de policía, deteniendo personas sin justificaciones, pidiendo, dinero, otras veces hacen peor. En mi municipio (Ayutla, donde la seguridad está a cargo de los Policías de la UPOEG) no hay policía municipal”.

Eugenio Manuel dijo que a la verdadera Policía Comunitaria se le debe apoyar en el marco legal con el que actúa la seguridad y justicia.

Agregó que los indígenas “carecemos de muchas cosas, también tenemos gran responsabilidad con nuestro país. Entiendo que el cambio se debe de dar de abajo hacia arriba, pero de arriba hacia abajo también. La situación actual dice que debemos tomar nuestro papel como ciudadanas y ciudadanos para transformar nuestra realidad”.

Por ello solicitó una reunión de trabajo al presidente para plantearle las propuestas de desarrollo y trabajar de manera conjunta, “como bien lo dice, primero los pobres, y nosotros, los pueblos originarios, somos los más pobres”.

No se van a violar los derechos humanos: López Obrador

El presidente insistió en que se va a cumplir el compromiso de no violar los derechos humanos en México y recordó que “antes el principal violador de los derechos humanos era el Estado; ahora no es así, porque no se permite la violencia, la tortura, el aniquilamiento, las masacres, las desapariciones, la impunidad. Y si algún servidor público viola derechos humanos es castigado. No se tolera la violación de los derechos humanos.

“Y esto que es un verdadero cambio se hace posible porque cuento con el apoyo de servidores públicos sensibles que le tienen amor y respeto a nuestro pueblo”.

Dijo que aquí cuento con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que están ayudando para garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos. Esto es muy importante, porque necesitamos vivir en paz, con tranquilidad. Eso se puede lograr si hay justicia, si hay bienestar y con respeto a los derechos humanos, no apostar a la fuerza, no querer enfrentar la violencia con la violencia. La paz, como lo hemos dicho muchas veces, es fruto de la justicia y tenemos por eso que respetar los derechos de todas las personas”.

Recordó que llegó a ocupar la Presidencia luego de luchar muchos años por la justicia y por los derechos humanos y que como presidente no puede olvidar de dónde viene, “qué hemos hecho y cuáles son las causas que siempre hemos defendido”.

Dijo que una de las prácticas de los últimos tiempos “fue engañar, simular, aparentar que se protegían los derechos humanos, que se combatía la corrupción, que había transparencia. En realidad, todo eso era pura demagogia, se creaban los organismos supuestamente independientes, y sí, eran independientes del pueblo, no del poder, estaban como apéndices, subordinados a los poderosos” y  costaba mucho mantenerlos, y los sueldos eran de 200, 300, 400 mil pesos mensuales.

Afirmó que se volvió una profesión lucrativa, “hasta se estudiaba para eso, porque si se tenía nivel de maestría o de doctorado en derechos humanos se podía llegar a una institución y ganar esos sueldos sin hacer nada, sin atender a las víctimas actuando de alcahuetes del régimen, simulando. Todo eso tiene que desaparecer, se tiene que acabar” y que por eso algunos hay  inconformidades.

Texto: Jacob Morales Antonio y Agencia Reforma / Foto: Cuartoscuro

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