Anuncia Astudillo vigilancia con policías y Ejército en la carretera y en escuelas de Chilapa y Zitlala

No hay condiciones para regresar a clases, dicen maestros de Chilapa, Zitlala y Hueycantenango; acudirán a las escuelas dos o tres días para valorar y decidir su vuelven...

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14 noviembre,2017 9:56 am
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Tras una reunión del Grupo de Coordinación Guerrero dice que el objetivo es restituir la normalidad en esos municipios y en Ahuacuotzingo, y proteger a maestros y alumnos. Indica que en Chilapa hay aproximadamente 100 escuelas cerradas, de las cuales 64 están en la cabecera

Texto: Zacarías Cervantes
Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Chilapa, Guerrero.- A 48 días de que las escuelas de la región Montaña Baja cerraron por la violencia, el gobernador Héctor Astudillo Flores vino a Chilapa y anunció una operación para “proteger” a los maestros y a los alumnos, aunque no se dieron detalles de la misma.

En una improvisada conferencia de prensa, el gobernador informó que la operación consiste en la vigilancia policiaca y militar en la carretera Chilpancingo-Chilapa y también en las escuelas, sobre todo de Chilapa en donde dijo que tienen el reporte de que 64 centros educativos se encuentran cerrados por la violencia y cien en toda la zona de la Montaña baja.

Por la mañana el gobernador encabezó la sesión del Grupo Coordinación Guerrero en las instalaciones conocidas como la Casa del Campesino, a la salida norte de la cabecera municipal, que hasta antes del mediodía se convirtió en una de las más seguras. Estuvo atestada de militares y policías estatales, pero la mayoría se retiró después de que la comitiva del gobernador dejó el lugar.

A la sesión del Grupo de Coordinación Guerrero que encabezó el gobernador a partir de las 9 y media de la mañana, asistieron por parte del gobierno federal mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina, Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal, mientras que por el gobierno del estado estuvieron el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes y el fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez.

También estuvieron los presidentes municipales de Chilapa, el priista Jesús Parra García, y de Zitlala, el también priista Roberto Zapoteco Castro.

Después, Astudillo Flores improvisó una breve conferencia de prensa afuera del Palacio Municipal, en el Zócalo de la ciudad, en donde sólo aceptó tres preguntas.

“Hemos venido a Chilapa con el único propósito de revisar la situación en torno a las escuelas. Hemos recibido información que se ha obtenido durante los últimos días y se ha concluido la reunión orientando una serie de acciones que se van a realizar con el propósito de proteger a los maestros y a los alumnos”, anunció.

El pasado jueves en Acapulco, en el Congreso Nacional de Consejos Comunitarios de Abasto, el gobernador había adelantado que el Ejército podría vigilar las escuelas de la Montaña Baja, como en Acapulco.

Dijo que es propósito de la federación, del gobierno del estado y de los municipios, “en este caso de Chilapa y de Zitlala, más todos los que tengan que incluirse”, estar pendientes y colaborar en esto que vamos a empezar a hacer”, dijo sin precisar las acciones acordadas en la reunión.

Declaró que ya existe un operativo en la carretera Chilpancingo-Chilapa, pero que tendrán que funcionar otros cerca de las escuelas. Informó que dejaría un equipo trabajando en ese municipio “para hacer cosas sobre territorio”, a efecto de que se realicen acciones que pronto puedan restituir la normalidad en torno a las escuelas.

A pregunta, el gobernador aseguró que en el recuento que se hizo de las escuelas cerradas en la sesión del Grupo de Coordinación Guerrero, se planteó un universo de aproximadamente 100, principalmente en Chilapa, y que solamente en la cabecera hay 64, “más todo lo que está alrededor”.

–¿Qué ha pasado?, hay operativos en Chilapa y en toda esta región y todo sigue igual –consultó un reportero.

–Lo que ha pasado es que hay una situación de confrontación permanente entre dos grupos delincuenciales y que colocan a la ciudadanía en medio y tratar de restablecer la normalidad.

–Desde enero del año pasado, anunció un operativo de 3 mil 500 militares. A partir de entonces se vio que el problema no es por falta de militares y policías, sino por la impunidad con que actúan estos grupos: ¿el nuevo operativo de hoy lleva la intención de detener a esta gente? –se le preguntó.

–Están debidamente ubicados quiénes son. Por supuesto que también se tocó el tema, no solamente es un asunto de ayuda a que lleguen los maestros, sino también parar finalmente todo esto.

–¿Para cuándo estará iniciándose el cuartel que anunció el secretario de Gobernación (Miguel Ángel) Osorio Chong aquí en Chilapa? –preguntó una reportera.

–Aquí no estaba proyectado ningún cuartel, el que se proyectó fue el de Teloloapan.

–Él vino y lo anunció –insistió la reportera.

–Vamos a reforzar, por principio de cuentas la seguridad –evadió el gobernador.

Astudllo Flores estuvo acompañado en la conferencia de prensa por el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza; el fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez y secretario de Educación, José Luis González de la Vega, quienes evadieron las preguntas de los reporteros.

Retenes militares y policiacos por la presencia de funcionarios

La presencia militar y policiaca se vio reforzada ayer, y sólo durante la sesión del Grupo de Coordinación Guerrero de aproximadamente dos horas.

En el trayecto de la carretera Tixtla-Chilapa, una patrulla de la Policía Estatal con cuatro elementos se vio a orillas de la carretera en la comunidad de El Ahuejote, municipio de Tixtla.

Otra más en el entronque hacia el Durazno, también municipio de Tixtla y una tercera se vio en el entronque hacia El Limón, a unos 5 kilómetros de Chilapa.

Además estuvieron los retenes de militares normales en el entronque hacia Ayahualulco y en El Arco, en la entrada a la cabecera municipal.

Asimismo, la ciudad se vio atestada de militares y policías estatales que se apostaron en las bocacalles, cruceros y salidas de la ciudad. También el Zócalo fue acordonado por soldados y policías estatales, además de los constantes patrullajes que se vieron en todas direcciones.

Pero la presencia militar y policiaca, se relajó después del mediodía, cuando el gobernador y los mandos militares abandonaron la cabecera municipal.

Durante la conferencia de prensa, el gobernador evadió responder de cuántos militares y policías estatales se integrará la nueva operación.

Por la tarde, el vocero en materia de seguridad, Álvarez Heredia, envió un boletín de prensa en el que tampoco se dan a conocer los acuerdos obtenidos en la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero y tampoco el número de elementos que integran la operación.

Sólo dijo que se puso en marcha porque “proteger la integridad de los alumnos y maestros es una prioridad para los tres órdenes de gobierno”, según lo dicho por el gobernador Astudillo en la conferencia, en donde tampoco explicó por qué la operación llega 48 días después de que las más de 600 escuelas cerradas en la conocida en el sector educativo como Montaña Baja permanecen cerradas.

“Sin dar detalles sobre las características de las nuevas acciones que se desplegarán en torno a los centros escolares, Astudillo Flores reiteró que el objetivo de los tres niveles de gobierno es que a la mayor brevedad posible se normalicen las actividades en los planteles educativos que decidieron suspender clases, garantizando en todo momento la integridad de los alumnos y maestros”, dice el boletín de prensa del vocero.

 

No hay condiciones para regresar a clases, dicen
maestros de Chilapa, Zitlala y Hueycantenango

Acudirán a las escuelas dos o tres días para valorar y decidir su vuelven tras el anuncio de una operación de seguridad en la zona, informan

Texto: Zacarías Cervantes
Chilapa, Guerrero. Tras el anuncio de la operación militar y policiaca que hizo este lunes el gobernador Héctor Astudillo Flores en Chilapa, para “proteger” a los maestros y alumnos en sus escuelas, algunos profesores consultados en esta cabeceCra municipal consideraron que aún no hay condiciones para que regresen a sus labores.

Un dirigente de los maestros del sistema estatal declaró que darán el beneficio de la duda a esta nueva operación anunciada, y que irán primero de dos a tres días a laborar para valorar las condiciones, “y dependiendo de la situación decidiremos si regresamos definitivamente”.

El dirigente de los maestros del sistema estatal consultado vía telefónica, a condición de que no se revelara su identidad, informó que acordaron ir de dos a tres días a sus centros de trabajo, y que “dependiendo” de las condiciones, como vean la situación, decidirán si se reincorporan a sus labores definitivamente.

“Primero necesitamos ver resultados. Más allá de un discurso tendremos que ver que en realidad se esté cumpliendo lo que se ofreció”, dijo.

Informó que este lunes algunos maestros ya acudieron a sus centros de trabajo “a platicar con los padres de familia y a tener un acercamiento con los alumnos, evaluamos, revisamos algunos trabajos que les dejamos, de tal manera que le estamos dando el beneficio de la duda al gobierno del estado”, declaró.

Dijo que “personalmente” no ve que con la operación que se anunció verdaderamente se brinde seguridad al 100 por ciento a los maestros y alumnos, “por eso vamos a valorar y dependiendo de cómo se vaya dando la situación vamos a decidir si regresamos definitivamente”.

En un recorrido en esta cabecera municipal este lunes se comprobó que todas las escuelas de todos los niveles permanecieron cerradas.

Un maestro de secundaria de la localidad de Hueycatenango, municipio de José Joaquín de Herrera, informó que en esa población acordaron seguir el paro de labores debido a que ven que los gobiernos federal y estatal no les garantizan seguridad.

El maestro quien fue encontrado circunstancialmente en el Zócalo de Chilapa, después del anuncio de la operación para proteger a maestros y alumnos que se encuentran en paro por la violencia, denunció que en el camino que conduce a Hueycantenango hay unos 200 presuntos policías comunitarios a los que tienen desconfianza, porque “no sabemos si son realmente comunitarios”.

Otro maestro de una escuela primaria de Zitlala informó que el alcalde priista Roberto Zapoteco Castro les avisó entre sábado y domingo que este lunes tendrían una reunión, para analizar si era conveniente o no regresar a clases e implementar medidas de seguridad.

Sin embargo se quejó de que el alcalde dejó plantados a los docentes por acudir a la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero, a la que convocó de última hora el gobernador Héctor Astudillo en Chilapa.

Dijo que los profesores de Zitlala acordaron que tampoco van a regresar a clases.

 

Es mediático el anuncio de seguridad para
Chilapa del gobernador, advierte el Centro Morelos

Texto / Zacarías Cervantes
Chilapa, Guerrero. El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández opinó que la nueva operación militar y policiaca que anunció el lunes el gobernador Héctor Astudillo Flores, para “proteger” a los maestros y alumnos, se trata de un anuncio “mediático” y para crear “falsas expectativas”.

Declaró que está comprobado que el problema de la violencia en esta región del estado no es por falta de militares y policías, sino por la impunidad con que los gobiernos federal y estatal dejan actuar a los grupos del crimen organizado que se disputan el territorio.

El secretario técnico del Centro Morelos, organismo que acompaña los familiares de las víctimas de desapariciones, asesinatos y desplazamientos como consecuencia de la violencia, fue consultado después de la sesión del Grupo de Coordinación Guerrero en esta cabecera municipal.

“Nosotros consideramos que este tipo de operaciones de momento pudieran parecer buenas, pero a la larga van a ser un fracaso porque el riesgo no solamente es para los maestros y alumnos de la cabecera municipal (Chilapa), en donde se concentra a los militares y policías, las amenazas son para los maestros en general y no se está considerando vigilancia para los maestros de las comunidades”, advirtió.

Por eso, dijo que la operación no es garantía real de seguridad de todos los maestros y alumnos, “mucho menos para la ciudadanía en general, porque finalmente a principios de enero de 2016 se anunció un operativo con la participación de 3 mil militares y otras fuerzas policiacas, y eso no sirvió para que se detuvieran las ejecuciones o desapariciones”.

El defensor de derechos humanos dijo que no cree que ahora sea diferente, y que la presencia de militares y policías sirva para detener la criminalidad.

Afirmó que el gobierno está dejando de lado la prevención de la violencia que tiene que ver con políticas públicas que, para su aplicación, implicaría una consulta a todos los sectores para que ellos definan cómo quieren que se les dé seguridad.

“No es posible que se le siga apostando a la militarización cuando desde el 2006, cuando se declara la guerra al narcotráfico y a la delincuencia, y hasta la fecha, no podemos contar con policías seguros ni confiables”, cuestionó.

Se quejó de que los gobiernos federal y estatal no han tomado con seriedad el problema de la violencia, pero sobre todo, dijo que no se les ve oficio político ni voluntad para poder atender el problema.

Añadió que desde enero del año pasado cuando el gobierno anunció la participación de 3 mil 500 militares en una operación en Chilapa para combatir la violencia, se vio que el problema no es por la falta de militares y policías, sino por la impunidad con que los tres niveles de gobierno dejan actuar a los grupos del crimen organizado que se disputan el territorio.

“Creo que la garantía de seguridad pasa indudablemente por el combate a la corrupción, que es la que ha generado ese manto de impunidad con el cual se cubren los grupos de la delincuencia organizada”, acusó.

Cuestionó, lo primero que tendría que plantearse el gobernador es el combate a la corrupción, “y tendríamos que preguntarnos ¿qué alternativas o estrategias está ofreciendo Héctor Astudillo para acabar con la corrupción?”.

Insistió en que mientras no se combata la corrupción, la impunidad con que actúan los grupos criminales va a seguir, “y entonces todos los delincuentes saben que no van a ser castigados y que pueden seguir haciendo lo que quieran, y la ciudadanía va a seguir pagando las consecuencias”.

En este contexto dijo que la operación que anunció ayer el gobernador, es “mediática” de “falsas expectativas” y que lo que se prevé, “aunque a muchos no les guste, es que van a aumentar las violaciones a los derechos humanos”;

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