La presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel su testimonio como víctima de amenazas, persecución y secuestro
Carlos Acuña
El Sur / Ciudad de México
El lunes 10 de junio, el cuerpo del ecologista José Luis Álvarez fue encontrado en el kilómetro 3 de la carretera Ejido Calatraba en Palenque, Chiapas. Le habían disparado a quemarropa. Tenía 64 años y era el encargado, entre otras cosas, de la protección del mono saraguato en esa zona selvática. Dos días después, la periodista y maestra Norma Sarabia llegó a su casa en Tabasco antes del mediodía y, justo cuando se disponía a abrir la puerta, dos hombres le dispararon desde una moto.
Es difícil concebir la gravedad, el nivel de alarma por el creciente número de asesinatos –gran parte de ellos, impunes– de defensores de derechos humanos y del medio ambiente y de periodistas.
De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tan sólo en lo que va del sexenio se cuentan ya al menos 11 activistas asesinados y nueve comunicadores.
“Vigilancia, hostigamiento, desprestigio, robo de información, amenaza de muerte, asesinato y desaparición forzada provenientes de diversos actores” son algunos de los riesgos que la senadora Nestora Salgado enumeró este martes, en conferencia de prensa, al proponer un punto de acuerdo en el Senado para exhortar a las autoridades a tomar acciones.
La legisladora guerrerense, del grupo parlamentario de Morena, presentó el punto de acuerdo acompañada del senador sin partido Emilio Álvarez Icaza y de integrantes del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quienes demandaron una mayor atención para garantizar la vida y el trabajo de las personas defensoras y los periodistas.
A los asesinatos, amenazas y desapariciones —remarcó la senadora— se suman la falta de resultados en las investigaciones: de más de mil casos abiertos en la Fiscalía Especializada de Libertad de Expresión hasta finales del año pasado, sólo en 10 se llegó a una sentencia condenatoria.
En el punto de acuerdo se solicita a la Secretaría de Gobernación realizar una reunión de trabajo entre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Fiscalía General de la República y la CNDH para conocer las estrategias de protección a defensores y periodistas, así como las investigaciones abiertas.
Asimismo, se exhorta al presidente de la República y a los gobernadores a que “generen un entorno favorable para la defensa de derechos humanos y libertad de expresión en México” y que se condene todo discurso que difame, criminalice y revictimice, además de iniciar un diálogo con las personas defensoras y periodistas para crear una política pública integral que no sólo las proteja sino que resuelva las causas estructurales que generan los ataques en su contra.
Obtilia Eugenio Manuel, una de las invitadas a la conferencia de prensa para dar su testimonio como parte de las organizaciones civiles que defienden los derechos humanos y ambientales, exigió un alto a los ataques.
“Uno está entre la vida y la
muerte”
Ocurrió en 2004. Obtilia, defensora de derechos humanos y originaria de la comunidad de Barranca de Guadalupe, en el municipio de Ayutla, recibió una carta con el siguiente mensaje: “Tú sigue dando duro golpe a nosotros, sigue con tu mentira de violación a Valentina e Inés (…) ya te vamos a dar gusto de por sí tenía hambre el gusano de ti”.
Ahora, en el Senado, después de la conferencia de prensa, Obtilia cuenta en entrevista con El Sur que hace unos 28 años, en su comunidad hubo una epidemia de sarampión. “Murieron como 40 personas, incluyendo mujeres embarazadas. En ese tiempo nadie tenía vacunas. Yo todavía no la tengo”, recuerda.
“Estábamos tan enfermos y eran tantos los muertos que fue la única vez que nos visitó alguna autoridad… porque no había nadie para enterrar a la gente”.
En 1994, el año en que surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Obtilia y los otros habitantes de Barranca de Guadalupe entendieron algo: o se organizaban para obtener un mínimo de servicios básicos “o iban a venir a matarnos sólo por ser indígenas, así es como lo entendíamos entonces”.
Las amenazas comenzaron a llegar.
Más tarde, en 2002, cuando constituyeron legalmente la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) para defender legalmente a dos mujeres indígenas violadas por integrantes del Ejército –el caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos– los ataques serían cada vez más directos.
En septiembre de 2018, Obtilia fue nombrada también representante del Concejo Municipal de Ayutla y en el mismo año obtuvo el premio Cuauhtémoc al mérito indígena.
Las amenazas se intensificaron aún más.
Así siguió la tensión hasta febrero pasado, cuando Obtilia fue desaparecida.
“A mí me eligieron para vigilar el recurso de unas obras que dejó el gobierno anterior. Eran como 30 millones de pesos. Yo señalé unas irregularidades. ‘Te metiste en un problema, te va a cargar la chingada‘, me decían. Me sacaron de Barranca de Guadalupe por protección y, en el transcurso, me levantaron”.
Obtilia fue secuestrada junto a Hilario Cornelio Castro, también miembro de la OPIM. A ambos les vendaron los ojos y les ordenaron no gritar. Varios días los mantuvieron cautivos, los golpearon y torturaron hasta que, el 15 de febrero, Obtilia fue encontrada en un hotel de Tierra Colorada.
El gobernador Héctor Astudillo presumió un rescate en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General y del Estado, y prometió medidas cautelares para los defensores de derechos humanos, sin embargo Obtilia tiene otra versión.
“Me condicionaron para que no metiéramos denuncia, ni los policías ni nadie.
“Me liberaron en Tierra Colorada, en medio de la carretera. ‘Ya sabemos dónde vive tu familia, te va a costar la vida’, me dijeron.
“La verdad yo tengo mucho miedo. Te dicen que vas a tener esta protección porque vives en este riesgo pero, la mera verdad, no tenemos nada. Y es algo que se necesita de inmediato. Uno está entre la vida y la muerte y no es cualquier cosa a la que te enfrentas, es un poder muy grande”.
“Ya no tenemos a quién echarle la
culpa, debemos dar resultados”
El 12 de junio, la senadora Nestora Salgado solicitó a la Auditoría Superior de la Federación que analizara la posibilidad de una auditoría financiera y de cumplimiento a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tras la renuncia de su titular, Jaime Rochín. Por su parte, en su carta de renuncia, Rochín recomendó “reforzar los mecanismos institucionales que las atienden (a las víctimas); no diezmarlos obligando a racionar el modesto apoyo que hoy reciben”.
“Jaime Rochín ya se fue, sin dar la cara”, dijo Salgado en la rueda de prensa en el Senado.
A finales de abril, Rochín fue citado a comparecer ante víctimas de todo el país para rendir cuentas respecto al desempeño de sus funciones, pero nunca apareció.
“Dice que se fue por falta de recursos, pero eso es una vil mentira”, afirmó Salgado.
En marzo pasado, durante el conversatorio Nuevo Modelo de Atención a Víctimas –al que convocó la senadora Nestora– Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, señaló que la CEAV contaba sólo con 150 asesores victimales, cada uno de los cuales tenía a su cargo 200 expedientes. “Es humanamente imposible trabajar así. La CEAV lleva funcionando cinco años de esta forma”, alertó.
“No creo que sea incapacidad sino falta de voluntad”, respondió la senadora a la pregunta de El Sur sobre la falta de capacidad administrativa y técnica del Estado mexicano para atender a las víctimas. “El dinero ahí está pero no existe la intención. Hay recursos, la cuestión es solamente que no se lo roben”.
Por su parte, Emilio Álvarez Icaza recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, durante la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que no debería existir ningún límite presupuestal para este tipo de temas. “Su palabra está empeñada. Porque la respuesta hasta hoy del actual gobierno está muy por debajo de las demandas”.
“Ya no tenemos a quién echarle la culpa”, concluyó Nestora Salgado. “Somos parte de un sistema y como tal tenemos que dar resultados”.
