En sus argumentos, los diputados señalan que la Conavim no tiene jurisdicción para presentar iniciativas. El morenista Arturo Martínez Núñez califica de “una aberración legislativa” la decisión que pretende “justificar una anacrónica posición personal por encima del interés general”
Chilpancingo, Guerrero, 23 de octubre de 2020. El pleno del Congreso local aprobó por mayoría de votos el dictamen con el que se declaró improcedente la petición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y del grupo de trabajo de dicha comisión, para la despenalización de la interrupción del embarazo en caso de violación, quitando la obligatoriedad de presentar denuncia penal.
Sin embargo, el dictamen aprobado por los diputados fue en contra de una iniciativa que no existe, porque el grupo de trabajo no presentó una iniciativa de reforma, sino que propuso revisar la legislación y realizar cambios que garanticen la no criminalización de las mujeres víctimas de violación que busquen interrumpir el embarazo.
Dicho grupo de trabajo propuso eliminar del Código Penal la parte en la que se establece que para la autorización del aborto por violación se necesita la “comprobación de los hechos por parte del Ministerio público para autorizar su práctica”.
Pero en su argumentación, el presidente de la Comisión de Justicia, el priista Omar Jalil Flores Majul insistió en que el grupo de trabajo de la Conavim no tienen el derecho constitucional de presentar iniciativas.
Para argumentar su voto en contra pidió la palabra el diputado de Morena Arturo Martínez Núñez, quien afirmó que el dictamen aprobado es “una aberración legislativa” en el cual se pretende “justificar una anacrónica posición personal (de integrantes de las comisiones que son opositores dicha reforma) por encima del interés general”, porque recordó que no se trata de una iniciativa de reforma legal, sino de una sugerencia que realizó el grupo de trabajo de la Conavim de estudiar, revisar y reformar la legislación relacionada a la interrupción legal del embarazo.
En su intervención también les recordó que no se respondió en el tiempo y la forma al grupo de trabajo por lo que se emitiera una segunda Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, por la existencia de “normas vigentes en nuestro marco jurídico que limitan u obstaculizan el ejercicio pleno de los derechos humanos de la mujeres en Guerrero”.
Y acusó a las comisiones unidas de tergiversar el sentido del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género “y de manera cuasi dolosa, malinterpreta una recomendación y una sugerencia, pretendiéndola convertir en una iniciativa de reforma”.
Arturo Martínez precisó que dicha comisión nacional hizo del conocimiento al Congreso, la versión definitiva del Informe del Grupo de Trabajo, en el que se establece: “se actualiza el agravio comparado contra las mujeres guerrerenses pues, actualmente, la fracción I del artículo 159 del Código Penal del estado de Guerrero no establece de manera clara, la excluyente de responsabilidad penal del aborto en caso de violación, lo que constituye una condicionante que limita el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, niñas y adolescentes que se encuentran embarazadas como resultado de una violación sexual.”
Y concluye “que existe agravio comparado al establecer como requisito para acceder a la interrupción legal del embarazo, que se compruebe el delito”. Por lo que le propone al Congreso de Guerrero “estudiar, revisar y reformar la legislación relacionada a la interrupción legal del embarazo por causal excluyente de violación, en específico el artículo 159 del Código Penal del estado Libre y Soberano de Guerrero, fracción I , tomando en cuenta lo expuesto en la Ley General de Víctimas, la NOM-046 y el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, para garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo de manera segura”.
La inclusión en el orden del día del dictamen con el que se declaró improcedente la petición de la Conavim se decidió antes de la sesión, pero los diputados no explicaron las razones luego de que un día antes se informó que no se discutiría ayer.
Después de la lectura del orden del día donde se incluía el dictamen contra los matrimonios igualitarios, el diputado morenista Moisés Reyes Sandoval pidió que se reprogramara para la próxima sesión.
Entonces la panista Guadalupe González Suástegui, le dijo que quedara constancia de que él que ha insistido en su dictaminación ahora pidió que se sacara.
El miércoles, fuentes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) informaron que en el proyecto del orden de día no se incluían los dictámenes de la Comisión de Justicia sobre el aborto y matrimonios entre personas de mismo sexo.
Texto: Rosalba Ramírez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
