Si se aprueba en los estados, los delitos de corrupción, uso electoral de programas sociales, en materia de hidrocarburos, abuso o violencia sexual contra menores, robo al transporte de carga y feminicidio ameritarán prisión preventiva de oficio. Se revisará en cinco años.
Ciudad de México, 20 de febrero de 2019. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la noche de este martes, en lo general y en lo particular, la reforma constitucional al Artículo 19 que suma nueve delitos al catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Con 377 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, Morena logró la mayoría calificada con el apoyo de sus aliados y los legisladores que este amrtes renunciaron al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Con esto se logró la mayoría calificada necesaria para mandar la reforma a los Congresos estatales, donde deberá recibir el aval de 17 legislaturas locales, por tratase de una reforma Constitucional.
Si se aprueba en los estados, los delitos de corrupción, uso electoral de programas sociales, en materia de hidrocarburos, abuso o violencia sexual contra menores, robo al transporte de carga, feminicidio, robo a casa habitación, desaparición forzada de personas y aquellos en materia de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, ameritarán prisión preventiva de oficio.
Durante la sesión, Morena y sus aliados rechazaron las reservas presentadas por la oposición e incluso por integrantes de su bancada, como Lorena Villavicencio Ayala, quien propuso que sea un juez el que decida si un detenido es sujeto a presión preventiva oficiosa o no.
La reforma constitucional fue aprobada en medio de protestas opositoras por la conducción de Dolores Padierna Luna, a quien acusaron de hacer interpretaciones del reglamento de la Cámara de Diputados a conveniencia durante la sesión.
El dictamen aprobado indica que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación cinco años después de su vigencia.
Dicha evaluación, agrega, se realizará mediante informes emitidos por los gobiernos federal y locales, tomando en consideración al Poder Judicial federal y de los estados, las procuradurías o fiscalías del país y los organismos de protección de los derechos humanos.
Texto: Martha Martínez / Agencia Reforma
Foto: Tomás Martínez / Agencia Reforma
