Se debe establecer una agenda de trabajo con quienes integrarán el nuevo gabinete del gobierno federal para resolver el caso, expone.
Texto: Lourdes Chávez
Chilpancingo, Guerrero, 5 de julio de 2018. Es momento de que los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos busquen a los integrantes del gabinete del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para establecer una agenda de trabajo, consideró el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Tras su encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto hace dos días, López Obrador declaró que se reuniría con representantes de movimientos sociales.
Ayer la que será secretaria de Gobernación, la ex ministra Olga Sánchez Cordero dijo que se reuniría con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Rosales Sierra precisó que aún no tienen fecha.
En consulta telefónica indicó que existen procesos legales de la Procuraduría General de la República (PGR) que tienen suspendido el plazo para la ejecución de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito del recurso de revisión 203/2017 del caso Ayotzinapa.
Mencionó que el Tribunal Colegiado estableció un término de 10 días naturales para que, entre otros asuntos, se creara la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, la cual debería de estar conformada por el Ministerio Público, víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para garantizar el acceso a la justicia y para que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos del gobierno contra la población.
Dijo que López Obrador como candidato se pronunció por la creación de la Comisión de la Verdad y los padres plantearon restablecer el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se separó de la investigación después de dos periodos, debido a la obstrucción de las autoridades mexicanas.
Para los padres, insistió, es importante empujar la resolución del juzgado de Reynosa, Tamaulipas, con el equipo de transición.
“La apuesta es que sea retomado por el nuevo gobierno y no por éste que no tiene voluntad, que impugnó y recurrió la sentencia”, agregó.
Precisó que el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito ya respondió al Congreso de la Unión y la Consejería jurídica del gobierno federal que no hace falta más explicación de la sentencia, cuando las instancias solicitaron una aclaración de la misma.
Indicó que el recurso legal que sigue en proceso es “un incidente de imposibilidad de cumplimiento de ejecución de la sentencia” que promovió la PGR en un Tribunal Unitario de Distrito de Reynosa, órgano que debe ejecutar la sentencia del Tribunal Colegiado.
Aclaró que el recurso fue solicitado por la PGR después que el Tribunal Unitario resolvió el caso en favor de los detenidos por los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y que denunciaron actos de tortura.
En lugar de revertir la sentencia, el Tribunal Colegiado no sólo confirmó la resolución, incluyó a un número mayor de personas como presuntas víctimas de tortura en el proceso judicial, e hizo énfasis en redireccionar la investigación para que los agraviados no queden en indefensión. “Fue por lana y salió trasquilada”, dijo de la maniobra de la PGR que tampoco notificó a los representantes legales de las víctimas sobre el procedimiento.
A quien toca ejecutar la resolución es al Tribunal Unitario de Circuito, y resolver el recurso de imposibilidad de cumplimiento, explicó.
Añadió que viene bien a los padres que estos recursos estén en proceso para que la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia se conforme con el nuevo gobierno, ya que éste lo único que hizo fue dilatar el cumplimiento de la resolución, “mientas se dirimen recursos nosotros tenemos un acercamiento con el nuevo gobierno”.
