Octavio Klimek Alcaraz
Segunda y última parte
Además, a lo largo y ancho del dictamen se modifican artículos para que la ASEA tenga un poder extraordinario, que le permita tomar decisiones sin obstáculos, casi de manera discrecional. Así, por ejemplo, a diferencia de la CNH o la CRE, las sesiones del Órgano de Gobierno no se mandatan, que sean públicas. Supongo que esto no fue recomendación de la OCDE, tan citada como coartada por lo menos en una iniciativa y en el propio dictamen de la reforma. Las reuniones de trabajo no se grabarían, la información sería reservada, por lo que la ciudadanía estaría imposibilitada de acceder a información vital respecto al quehacer de la industria petrolera, hasta a la Semarnat se le impide acceder a dicha información.
Tan lejos se quiere a la ASEA del sector ambiental, que la reforma desaparece de la Ley su actual Consejo Técnico, “el cual apoyará el desarrollo de sus actividades y servirá como instancia de coordinación entre las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública Federal con atribuciones relacionadas con las materias de esta Ley”. Dicho Consejo Técnico está hasta ahora presidido por el titular de la Semarnat, e integrado por los titulares de Gobernación, Marina, Hacienda y Crédito Público, Energía, Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Social, Salud, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
También se elimina cualquier participación ciudadana en la ASEA, así desaparece en la reforma su Comité Científico. En la actual ley se señala, que dicho comité “tendrá como objeto proporcionar elementos técnicos para la toma de decisiones sobre los temas que por su complejidad requieran el sustento de especialistas en la materia de que se trate. Dicho comité estará integrado por cinco vocales que serán nombrados por el director ejecutivo”. Esto es muy diferente de los Consejos Consultivos que la ley de la CNDH y la CRE les mandata.
En lo personal, pienso que el gobierno y al Congreso mexicano requieren “mano dura” en la regulación de las empresas petroleras y eléctricas que vienen a invertir en México, “o nos van a comer vivos”.
La industria del petróleo tiene grandes impactos y riesgos ambientales. En particular los países en vías de desarrollo han sido afectados. Existen casos paradigmáticos de lo que nunca debe suceder en México. Por ello, deben existir regulaciones y supervisiones estrictas, si no las cosas salen mal. La causa es evidente, las tendencias han sido hacia aumentar el consumo y por tanto las reservas de hidrocarburos disminuyen día a día. Esto tiene como consecuencia que la industria busque nuevas fronteras en las aguas profundas, en la explotación de hidrocarburos no convencionales con fracking. En general, en los últimos años, se han destruido ecosistemas ricos en diversidad biológica y cultural, junto con sus servicios ambientales. Todo esto no sólo aumenta costos económicos, sino además los ambientales y sociales, que jamás se internalizan por las compañías petroleras.
El actual modelo propuesto de apertura a nuevas empresas de la industria de hidrocarburos, busca nuevas formas de explotarlos para la simple ganancia económica, sin advertir más allá de la retórica, de que se deberían internalizar sus enormes costos sociales y ambientales. Por ello, se debería debatir sobre los enormes riesgos, que como país se asumen de orientarse de manera preponderante el crecimiento económico a través de la explotación de hidrocarburos de yacimientos no convencionales, como son los de gas de lutitas, a través de tecnologías ambiental y socialmente cuestionadas en gran cantidad de países, como la fracturación hidráulica, el llamado fracking. El mismo caso sería el de explotar hidrocarburos en gran escala en aguas profundas. Debería ante todo asumirse una visión de precaución y prevención con este modelo energético de grandes riesgos, ya que los costos para el país pueden llegar a ser incalculables e irreparables si se dañan los ecosistemas y sus elementos naturales, como la biodiversidad, el agua y suelos, así como la salud de las personas, en especial los entornos donde se lleven a cabo las nuevas explotaciones de hidrocarburos. Nuestro camino hacia la transición energética debería ser diferente. La Semarnat debe asumir su papel rector y la ASEA sus tareas constitucionales, en tanto no sea posible una reforma a la Constitución.
Pero para que no pasen ese tipo de cosas, se insistiría en fortalecer los sectores regulatorios y de supervisión en materia de hidrocarburos a través de la ASEA. Por ello, ante el tamaño de los retos, no se quisiera una ASEA débil, secuestrada por los intereses de las compañías petroleras que ya incursionan en México, en este retroceso conservador a los tiempos del porfiriato. Se requiere un modelo de gestión ambiental integrado, bien articulado entre instituciones, con cero conflictos de intereses, gran autonomía, con personal técnico especializado, y el equipamiento indispensable para regular y supervisar a los nuevos invitados con los que para este pobre país se va a compartir la renta petrolera. Se requiere que las compañías petroleras cumplan de manera puntual con las obligaciones ambientales, que la Semarnat a través de la ASEA les dicte. Esta reforma, va por el contrario, por el camino equivocado.
