Ciudad de México, 17 de enero de 2023. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el lunes, por primera vez, el veto para acceder a puestos de elección popular para personas sentenciadas por delitos sexuales, de violencia familiar o de incumplimiento de pago de pensiones alimentarias.
Sin embargo, la Corte aclaró que esta inhabilitación solo aplica cuando exista sentencia condenatoria definitiva y el delincuente este cumpliendo su pena, pues una vez purgada, se debe considerar que es elegible de nuevo.
Los ministros discutieron una reforma electoral de marzo de 2022 en Nuevo León, que aplicará para el proceso 2023-2024, y fue impugnada por el Ejecutivo Federal, la CNDH, Morena y Movimiento Ciudadano.
De los 10 ministros que participaron, ocho se pronunciaron a favor de la inhabilitación por los delitos mencionados, y por el de violencia política de género contra las mujeres, sobre el cual la Corte ya tenía precedentes.
Margarita Ríos-Farjat, autora del proyecto, afirmó que esta medida es idónea, necesaria y proporcional, y tiene incidencia en la educación cívica para eliminar este tipo de conductas contra las mujeres y la infancia.
Al votar en contra, Javier Laynez consideró que inhabilitar a sentenciados solo por estos delitos en particular, es redundante con lo que ya prevé el Artículo 38 de la Constitución.
Este último ordena suspender los derechos políticos de toda persona que está en prisión, o a la que se le inhabilite en la sentencia condenatoria respectiva, por cualquier delito.
La Corte discutirá mañana una reforma de Yucatán que generó más polémica, y fue impugnada por la CNDH, porque extiende el veto a deudores alimentarios para varios cargos públicos, tanto de elección como de designación, aunque no exista acusación penal en su contra.
Texto: Víctor Fuentes / Agencia Reforma
