Claudia Guerrero / Agencia Reforma
Ciudad de México, 11 de septiembre de 2017.- Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) demandaron la renuncia de Luis Enrique Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social, tras revelarse el involucramiento de familiares en venta ilegal de diesel.
El senador panista Jorge Luis Preciado, integrante de la Comisión de Justicia, pidió al presidente Enrique Peña Nieto separar del cargo al funcionario federal para que se realicen las investigaciones sobre los presuntos hechos ilícitos cometidos en una gasolinera, propiedad del cuñado y hermana de Miranda.
“El Presidente debería de separar del cargo al funcionario, cuya familia está involucrada en el tema”, dijo.
“Por un lado, el Gobierno ha lanzado una campaña contra los huachicoleros, con la Marina y el Ejército, para frenar este cargo, y permitir que familiares de funcionarios de primer nivel de enriquezcan con esa práctica, el Presidente tiene que separarlo del cargo, llevar a cabo la investigación y castigar a los responsables”.
La senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, exigió el cese de Miranda en tanto se llevan a cabo las indagatorias.
La legisladora criticó que el titular de Sedesol no se haya deslindado de los señalamientos y demandó una investigación imparcial y expedita de este caso.
“Es preocupante que la Secretaría continué inmiscuida en escándalos de corrupción, como la reciente denuncia por el desvío de recursos a través de una red de complicidades, y ahora con la probable comisión de un delito que vulnera las finanzas públicas e involucra a familiares del titular de esta institución”, sostuvo.
Por su parte, el senador independiente Alejandro Encinas exigió al Gobierno federal investigar a los grupos de transportistas del Estado de México, vinculados al PRI, se benefician del robo de combustible que se registra en entidades como Puebla y Tlaxcala.
“El problema del huachicol ligado a negocios de políticos priistas en el Estado de México es muy grande y lo de Miranda es apenas la punta del iceberg. ¿De dónde proviene todo el abasto de gasolinas de los autobuses ligados a las mafias de transportistas del PRI?”, cuestionó.
Por su parte, la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, pidió la intervención de la PGR y exigió que se castigue a los involucrados en los actos ilegales, para evitar la impunidad, sin importar de quién se trate.
“La PGR está obligada a investigar para deslindar el uso de influencia del funcionario encargado de mitigar la pobreza”, sostuvo.
Consideró que, por casos como el de Miranda, es imperativo evitar un Fiscal General a modo.
“Que se cierre la puerta al pase automático del actual Procurador, pues las investigaciones deben ser imparciales”, exigió.