El director de Tlachinollan, Abel Barrera advierte sobre el incremento de actos crueles y de deshumanización de la vida pública a la que “nos han acostumbrado los grupos de la delincuencia”. La directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales dice que debido a la presencia de los 16 grupos criminales hay más asesinatos, feminicidios y desplazamientos forzados que colocan a Guerrero en los primeros lugares del país en esos delitos
Chilpancingo, Guerrero, 4 de abril de 2023. El mapa de los 16 grupos delictivos distribuidos en el estado indica que ya no hay municipio que no tenga jefe de plaza, y el resultado es una violencia mayor, las víctimas son asesinadas, ejecutadas, torturadas, encajueladas en actos crueles y de deshumanización de la vida pública a la que “nos han acostumbrado los grupos de la delincuencia”, lamentó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández.
En tanto, la directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra declaró que la presencia de esos grupos explica el aumento de la violencia, los asesinatos, feminicidios y desplazamientos forzados que colocan a Guerrero en los primeros lugares del país respecto a esos delitos.
El mapa de seguridad del actual gobierno estatal, publicado ayer en El Sur, indica que este año se tienen registrados al menos 16 grupos delictivos que se disputan el control del territorio del estado para la explotación de recursos naturales, el trasiego y distribución de drogas, así como el cobro de cuotas y las extorsiones.
Tres de esos grupos: La Familia Michoacana, Los Tlacos y Los Ardillos, estarían expandiendo su dominio en varias regiones de la entidad, según el reporte oficial.
Militares, políticos y caciques influyeron en el fortalecimiento de los grupos criminales
Abel Barrera Hernández ve ante la proliferación de los grupos delictivos, “un contexto sombrío, doloroso y duro” en materia de seguridad.
Opinó que las causas del empoderamiento de los grupos de la delincuencia se incubaron dentro de los mismos cuerpos de seguridad e institutos armados del Estado, como el Ejército y la Marina.
Agregó que tanto los militares como los políticos y los caciques incidieron en su momento en el fortalecimiento de esos grupos, “y ahora no podemos decir que haya una línea divisoria entre el poder público y el poder delincuencial, se borró esa línea a lo largo de los años por los intereses económicos que subyacen”.
Dijo que ahora esos grupos tienen el control no sólo de la producción y comercio de la droga en Guerrero, sino de los recursos naturales de la sierra alta y de los negocios relacionados con las mineras en Carrizalillo, Teloloapan y Tierra Caliente, ante la necesidad de la seguridad que no les da el Estado.
“Los mismos negocios de la droga han sido un capital que ayuda a ganar elecciones, es parte de la economía criminal que está anclada en varios giros comerciales en el estado y que son los que de algún modo dinamizan la economía”, explicó.
Barrera Hernández añadió que el estado vive de la federación, “de la economía criminal”, y de las remesas de los migrantes.
El defensor de derechos humanos contó que, “lamentablemente” la economía de los grupos delictivos se ha ido trasladando a los grupos políticos, “y ahora en las elecciones pasadas, se vio cómo llegaron a pactos, a acuerdos, y dejaron que el dinero mal habido del crimen organizado se lavara en las campañas”.
Dijo que ahora se está viendo el cobro de estos favores con la ampliación de esos grupos que van ganando terreno, haciendo alianzas y pactos.
Explicó que dentro de la pulverización de los grupos se van consolidando algunos y otros simplemente se quedan acotados en un espacio, en una comunidad, en una cabecera municipal o hacen alianzas con el grupo mayor para negociar y no los molesten en el espacio que controlan.
Agregó que esta reconfiguración delincuencial dibuja un mapa delictivo distribuido en todo el territorio del estado, en el que ya no hay municipio que no tenga jefe de plaza y con pactos con las autoridades municipales.
“Estos pactos son para que sean ellos los que garanticen la seguridad, permitan gobernar a cambio de cuotas, o tengan acceso al presupuesto y a la obra pública”.
El director de Tlachinollan declaró que ante esta situación queda desdibujada la estrategia de seguridad federal, y la aseveración de que no hay territorio que el gobierno o las autoridades no controlen.
Dijo que sólo cuando “el foco rojo” se enciende aparecen los grupos del Estado: el Ejército, la Guardia Nacional o las policías pero sólo para apaciguar momentáneamente esos focos rojos, pero no para que en verdad se establezca el Estado de derecho y se garantice la seguridad y la tranquilidad que requieren los habitantes.
“Más bien hay un repliegue táctico de los grupos delictivos, después regresan a operar, ese es el grave problema, el modelo de la Guardia Nacional es de permanecer en sus instalaciones castrenses porque obviamente ellos no hacen operativos al aire libre, hacen patrullajes y vuelven a regresar a sus espacios para no arriesgar a sus miembros”.
Añadió que, en cambio, los miembros de la delincuencia están, viven y tienen retenes y controles permanentes en los territorios. “Están más anclados a sus espacios. En cambio los actores del Estado se mueven como el mismo presidente dice, como un elefante reumático al que hay que empujarlo, presionarlo para que salga, se movilice y accione”.
Sin embargo, dijo que sólo se movilizan cuando está en riesgo personal del mismo Estado. “Están para atender los riesgos de las instituciones del Estado, de los funcionarios del Estado, para eso sí reactivan cualquier protocolo y poner a salvo a los funcionarios, pero cuando se trata de la población pobre, en general no hay acciones”.
Insistió en que por eso el sistema de seguridad está “resquebrajado” y esas grietas permiten que pululen los grupos delictivos y se vayan enquistando y apostando a lo largo y ancho del estado, dentro de los 81 municipios.
Barrera Hernández declaró que las consecuencias las muestran las estadísticas mensuales de la violencia que indican que se está incrementando el número de personas asesinadas en Acapulco, en Chilpancingo, en otras regiones del estado y que tienen que ver con un patrón de violencia extrema, y la población está siendo víctima de esas disputas.
Rechazó que las disputas que se dan entre los grupos delictivos por el territorio, se circunscriban solamente entre las mismas organizaciones criminales, sino que trastocan a la vida pública.
“Es decir, es un mal diagnóstico y una mala percepción que hace la autoridad, cuando dice que la violencia que generan los grupos es entre ellos. No se puede decir que todas las víctimas son delincuentes, se necesitan pruebas para decir que todos los asesinados son gente delincuente, más bien, se criminaliza a estas personas para justificar la violencia”.
Refirió que el grado de violencia es mayor, “hay asesinados, encajuelados, huellas de que fueron torturados antes de ser ejecutados, que les pusieron un torniquete, un sin número de actos crueles que nos hablan de la deshumanización de la vida pública a la que nos han acostumbrado los grupos de la delincuencia”.
Barrera Hernández agregó que ante la violencia que va en aumento, es la gente la que se está autocuidando y organizando para proteger su territorio y está creando grupos de policías comunitarios para darse seguridad, “las familias se organizan solas para ayudar a las víctimas”.
Dijo que son los pueblos los que buscan a sus desaparecidos como pasó en Cuanacaxtitlán con la desaparición de Maricruz García la semana pasada, porque nunca llegan los cuerpos de seguridad, o ponen muchas trabas.
“La Alerta Violeta no funciona, hay toda una burocracia que está enquistada en el aparato del gobierno y de seguridad y lo que menos les interesa es la víctima, el ciudadano”.
Para el defensor de derechos humanos, mientras no haya un nuevo enfoque de la seguridad, centrada en el ciudadano, construida con el aporte de la sociedad civil y del movimiento de víctimas, no va a ser posible que se robustezca una estrategia de seguridad que proteja la vida y los bienes de la población.
Explicó que la situación de la violencia no es un asunto de delincuentes, “es un asunto de un Estado que está fallando a la población que se siente inerme, el clima es de miedo, de zozobra, de fragilidad, y ante todo que tiene que resguardarse para ponerse a salvo y esto es algo muy doloroso. En cuanto al diagnóstico no son cuentas alegres”, concluyó.
La proliferación de estos grupos y el fortalecimiento de algunos agravan la estabilidad de los ciudadanos
Por su parte Teodomira Rosales Sierra declaró que con la proliferación de los grupos delictivos se complica más el problema de los desplazamientos por la violencia, “porque los grupos delictivos se pelean el territorio generalmente donde hay minerales, bosque, donde quiera que haya algo que les signifique recursos para que se puedan mover”.
Opinó que el fortalecimiento de algunos grupos agrava la estabilidad de los ciudadanos en el estado, porque hay más desplazamientos, más asesinatos, más desaparecidos.
“Con la pulverización de los grupos delictivos la gente de los pueblos a veces ya no sabe qué grupo controla el lugar donde vive”.
Explicó que han visto que hay pueblos que un tiempo son controlados por un grupo y después resulta que ya es otro, y no se sabe ni quiénes son y eso pone en riesgo sobre todo a los jóvenes, que son los más vulnerables ante los grupos criminales.
Rosales Sierra declaró que es necesario y urgente que el gobierno garantice la seguridad de los ciudadanos, y que realmente combata a estos grupos delincuenciales, porque entre más haya o se fortalezcan es más riesgo para todos, pero sobre todo para los que tienen negocios que son a los que empiezan a extorsionar.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo
