Carabineros cargan contra cientos de manifestantes que se concentraron frente al Palacio de La Moneda, sede del gobierno chileno. Durante la vigencia del estado de sitio decretado por Piñera hubo 20 muertos, mil 233 heridos y 3 mil 712 detenidos.
Santiago, Chile, 31 de octubre de 2019. El presidente chileno Sebastián Piñera anunció ayer la cancelación de las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y mundial del clima que se iban a celebrar en noviembre y diciembre, debido a la crisis social y las protestas que han sacudido al país.
La cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) iba a tener lugar el 16 y 17 de noviembre, mientras que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) iba a celebrarse entre el 2 y 13 de diciembre.
“Esta ha sido una decisión muy difícil que nos causa mucho dolor”, dijo Piñera en un mensaje grabado y difundido por televisión.
“Un presidente siempre tiene que poner por delante las necesidades de sus compatriotas”, agregó.
Sara Larraín, titular de la organización no gubernamental Chile Sustentable, lamentó la suspensión de la COP25.
Desde hace casi dos semanas miles de manifestantes se vuelcan a las calles en Chile en reclamo de mejoras sociales a pesar de la promesa del gobierno de entablar un diálogo ciudadano, un cambio de gabinete dispuesto por el presidente Piñera y la marcha atrás de algunas medidas que desataron las movilizaciones.
Las protestas comenzaron en rechazo al aumento del precio del metro, siguieron con generalizados ataques a farmacias, supermercados y al propio tren subterráneo -que quedó con menos de la mitad de sus estaciones habilitadas- hasta llegar a las multitudinarias manifestaciones que se viven a diario a lo largo del país.
Los manifestantes demandan mejores pensiones, salud y educación y rebajas en los servicios públicos, medicamentos, viviendas sociales e impuestos al patrimonio.
Piñera apostó por el cambio de ocho ministros, incluidos los más importantes como el del Interior -responsable del orden público- y el de Hacienda y ofreció pequeños incrementos a las pensiones más bajas y al salario mínimo, un alza en los impuestos a los que ganan más de 11 mil dólares mensuales, rebajas en los medicamentos y la electricidad y una disminución de los salarios de los parlamentarios, que oscilan entre los 27 mil y 44 mil dólares al mes.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos señaló en un informe que durante la vigencia del estado de sitio decretado por el gobierno hubo un total de 20 muertos, mil 233 heridos y 3 mil 712 detenidos.
Una misión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la ex Presidenta chilena Michelle Bachelet, investiga las denuncias de violaciones durante la represión de las protestas.
Por otro lado, carabineros ha cargado ayer contra los miles de manifestantes que han marchado hacia La Moneda, sede del gobierno de Chile, en el marco de las protestas que estallaron hace casi dos semanas por la desigualdad social.
Miles de personas han avanzado de forma pacífica hacia el Palacio de gobierno, salvo incidentes aislados en la Alameda, para intentar llegar hasta el Palacio de gobierno, su objetivo de los últimos días.
Esta vez lo han conseguido y han permanecido allí cuatro horas tras las cuales Carabineros ha intervenido con cañones de agua para dispersar a la multitud, lo que ha dado lugar a un enfrentamiento en el que algunos manifestantes han lanzado cócteles molotov.
Las protestas en Chile comenzaron el 17 de octubre por la cuarta subida del billete de metro en pocos meses pero crecieron rápidamente para denunciar la desigualdad social. El presidente, Sebastián Piñera, ha ideado una “agenda social” y ha remodelado el gobierno para dar respuesta a las preocupaciones de los chilenos, pero las manifestaciones continúan.
Ahora, los organizadores de las protestas no solo piden medidas de impacto social, sino que han planteado incluso una reforma constitucional. El gobierno se ha mostrado dispuesto a estudiarlo pero dando “prioridad” a “las reales necesidades de la gente”, según ha dicho ayer la portavoz del Ejecutivo, Karla Rubilar.
Texto: Agencia Reforma / Europa Press / Foto: Europa Press
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