Texto: DPA / Foto: Redes sociales
Washington DC, 4 de mayo de 2018. El gobierno de Donald Trump anunció hoy viernes el final de la protección migratoria especial conocida como TPS a la que están acogidos unos 57 mil ciudadanos de Honduras desde que el huracán “Mitch” devastó el país centroamericano en 1998.
El Departamento de Seguridad Nacional les dio de plazo hasta el 5 de enero de 2020 para que abandonen Estados Unidos o regularicen su situación por otros cauces. Quienes no lo hagan, se convertirán entonces en indocumentados y quedarán expuestos a ser deportados a Honduras, uno de los países más violentos del mundo.
La medida es un nuevo paso en el marco de las políticas migratorias restrictivas que Trump ha convertido en uno de los pilares de su acción de gobierno. En los últimos meses, llegado el momento de decidir sobre la renovación, canceló entre otros el TPS de los salvadoreños, haitianos y nicaragüenses. Son ya más de 300 mil inmigrantes los que se van a quedar sin protección.
La decisión fue inmediatamente criticada como “despiadada y maliciosa” por organizaciones de derechos civiles, colectivos inmigrantes y políticos demócratas. Muchos de sus beneficiarios llevan 20 años en el país, tienen trabajos, han abierto negocios y han echado raíces. De hecho, son padres de 53 mil hijos nacidos en Estados Unidos, que por ello tienen la nacionalidad norteamericana.
El TPS funciona como un programa de protección humanitaria. Permite obtener refugio en Estados Unidos a ciudadanos de países con circunstancias que dificultan la vida, como un conflicto armado, un desastre natural o una epidemia. Da permisos de residencia y trabajo. Sus beneficiarios son sometidos a un estricto examen para comprobar entre otras cosas que carecen de antecedentes criminales.
A Honduras se lo concedió la administración del demócrata Bill Clinton después del paso de “Mitch”, un ciclón que en palabras del entonces presidente hondureño, Carlos Flores, destruyó 50 años de progreso en el país. Solo en ese país mató a unas 7 mil personas.
El TPS ha llegado a beneficiar a hasta 86 mil hondureños. Y a día de hoy son 57 mil los registrados, según las cifras del Servicio de Estudios del Congreso estadunidense (CRS, por sus siglas en inglés).
Constituyen el segundo gran grupo protegido por el programa, tras los 195 mil salvadoreños. Estos tienen hasta septiembre de 2019 para dejar el país o arreglar sus papeles.
Desde 1999, todas las administraciones, tanto republicanas como demócratas, han ido renovando cada 18 meses el TPS de los hondureños. Pero el Gobierno de Trump ha considerado que ya no existe la situación que motivó su concesión.
“Las condiciones de alteración de la vida causadas por el huracán han descendido hasta un grado que ya no se considera como una alteración sustancial”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kirjsten Nielsen, en el comunicado en el que oficializó la decisión. El gobierno estadunidense se compromete a trabajar con el de Honduras para “facilitar una transición ordenada”, aseguró.
Pese a las llamadas de legisladores, líderes religiosos y organizaciones empresariales, entre otros, la administración no ha tenido en cuenta la situación de violencia y pobreza que se vive en Honduras. Nielsen considera que el plazo que ha concedido, hasta enero de 2020, da tiempo al Gobierno hondureño para “prepararse para el retorno y la reintegración de sus ciudadanos”.
Honduras es uno de los países más violentos del mundo. La tasa de asesinatos es de 60 por cada 100 personas, una de las más altas del mundo. El país encabeza además la tasa de feminicidios de Centroamérica, con una de las más elevadas del globo.
Las maras se extienden y amenazan a familias y negocios y son uno de sus principales problemas de seguridad. Más allá de la violencia, más de dos terceras partes de la población hondureña vive en la pobreza.
Esta decisión pondrá a los beneficiarios hondureños del TPS “en gran riesgo de inseguridad alimentaria, sanitaria y de vivienda”, manifestó el Caucus Hispano del Congreso estadounidense, integrado por legisladores demócratas.
“Es una decisión cruel y maliciosa”, criticó Frank Sharry, director ejecutivo de la organización de derechos civiles America’s Voice. “Es insensato y antiestadunidense forzarlos cruelmente a volver a Honduras”.
