Texto: Ana Lázaro Verde (dpa) / Foto: EFE. Vista tomada del edificio del Tribunal Constitucional que ha suspendido hoy de forma cautelar la ley de Transitoriedad catalana.
Madrid, España, 13 de septiembre de 2017. La Fiscalía española dio hoy un paso decisivo contra el referéndum soberanista convocado de forma unilateral por el Gobierno de Cataluña —y prohibido por la Justicia— al pedir que se cite como imputados a los más de 700 alcaldes de la región que en los últimos días apoyaron la consulta, fijada para el 1 de octubre.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, pidió a las Fiscalías de las cuatro provincias catalanas que abran diligencias contra los alcaldes afines a la votación sobre la independencia y ordenó a la Policía su detención en caso de que no comparezcan.
El papel de los ayuntamientos es clave en la consulta, ya que la cesión de locales electorales es necesaria para su celebración.
En un comunicado, el partido antisistema y secesionista CUP, que apoya al Gobierno catalán de la coalición Junts pel Sí (también separatista), anunció que sus alcaldes no obedecerán a la Fiscalía.
El ministerio público recordó que el Tribunal Constitucional suspendió hace unos días de forma cautelar la convocatoria del referéndum, prohibiéndolo “de facto”, y advirtió que las conductas dirigidas a su organización y celebración pueden constituir delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Algunos alcaldes catalanes, como los de las localidades de l’Ametlla de Mar (provincia de Tarragona) y de Argentona (Barcelona), publicaron ayer en Twitter videos en los que se muestra cómo se destruyen los requerimientos enviados por el Constitucional.
“Ya hemos archivado la advertencia del Gobierno”, expresó con sorna en un mensaje junto al video el alcalde de Argentona, Eudald Calvo.
En total, 712 ayuntamientos de los 947 que existen en Cataluña se comprometieron en los últimos días a colaborar con la convocatoria del 1 de octubre, según consta en la web de la Asociación Municipios por la Independencia. El Gobierno catalán pidió a todos la cesión de locales para llevar a cabo la votación.
El fiscal general del Estado indicó hoy que, a la vista del alto número de municipios afectados, se dará “preferencia” en la tramitación de las diligencias a los de “mayor volumen de población”.
De los 235 que no apoyaron la consulta, algunos se negaron públicamente a colaborar con el Gobierno catalán.
La Fiscalía emitió su orden un día después de pedir a la Policía que actúe contra cualquier conducta dirigida a la organización del referéndum y que requise el material que se prepare para su celebración, como urnas y sobres electorales.
Tras años de tensiones entre Cataluña y Madrid, el Gobierno de la región española lanzó hace una semana un desafío inédito al Estado español al convocar de forma unilateral una consulta sobre la independencia de España con fecha 1 de octubre.
Pocas horas después, el Gobierno de Mariano Rajoy impugnó la iniciativa y el Tribunal Constitucional la suspendió cautelarmente.
Desde entonces, el Ejecutivo español trata de impedir la celebración de la consulta con la ley en la mano, mientras los independentistas catalanes insisten en que continuarán con sus planes pese los fallos judiciales y las amenazas de la Fiscalía.
Rajoy pidió hoy a los catalanes que no acudan a las mesas electorales en caso de ser citados el 1 de octubre. “No puede haber referéndum y sería un acto absolutamente ilegal”, dijo en el Parlamento.
En medio de la crisis institucional abierta en España y en un mensaje expreso sobre la situación en Cataluña, el rey Felipe VI aseguró que la Constitución “prevalecerá sobre cualquier quiebra de la convivencia democrática”.
En un discurso pronunciado hoy en un acto público, el monarca dijo que los derechos de los españoles “serán preservados” y sus libertades “garantizadas y protegidas” ante “quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional” y “fracturan la sociedad”.
Por otra parte, los empresarios españoles expresaron su apoyo a “todas las acciones” necesarias para hacer cumplir la legalidad en Cataluña. “Los empresarios siempre estamos con la legalidad y por el cumplimiento estricto de las leyes y la Constitución española, así como la legislación internacional, especialmente de la Unión Europea”, expresó la patronal CEOE en un comunicado.
Una mayoría de los ciudadanos catalanes apoya la celebración de una consulta soberanista, si bien la región se encuentra dividida al 50 por ciento en el debate sobre su independencia de España.
