Advierten a las autoridades que esta vez no dejarán que se les imponga un candidato si no les convence
El Sur / Ciudad de México, 13 de noviembre de 2020. El plazo para que las personas interesadas en ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) presentaran sus candidaturas a la Secretaría de Gobernación concluyó este miércoles, por lo que diversos colectivos de víctimas invitaron a quienes se han presentado como candidatos a participar en un diálogo público para conocer su experiencia, su trayectoria y su plan de trabajo.
En un comunicado difundido el lunes pasado –firmado por 45 organizaciones, 223 víctimas en lo individual y 18 personas expertas o solidarias– explicaron que la iniciativa es un “ejercicio independiente” que apunta a garantizar una mejor transparencia respecto a las motivaciones que mueven a los aspirantes hacia este cargo: un “puesto en disputa (que) existe a causa de nuestro dolor y de la ausencia de nuestros seres queridos”.
La CEAV, acéfala desde el 24 de junio a raíz de la renuncia de la entonces titular Mara Gómez, ha generado fuertes polémicas en lo que va del año.
El pasado junio, colectivos de familiares de personas desaparecidas se instalaron durante un mes frente al Palacio Nacional, en la capital del país, para protestar por el recorte de 75 por ciento al presupuesto de la Comisión.
Esta drástica reducción al gasto operativo de la CEAV –establecida en el decreto de austeridad del Ejecutivo federal ante la crisis por la pandemia de covid-19– la dejó imposibilitada para seguir atendiendo a más de 7 mil 200 víctimas de distintas violencias.
Una de las demandas de las manifestantes, en su mayoría hermanas, esposas y madres de personas desaparecidas, era la destitución de Mara Gómez, a quien acusaron de negligencia y malos tratos hacia las víctimas.
Tras la salida de la funcionaria, las integrantes de estos colectivos adelantaron que harían sus propias propuestas y estarían vigilantes de las que hicieran las autoridades para definir a un nuevo titular de la CEAV.
Ahora, además de plantear el “conversatorio abierto” con los aspirantes, “hacemos un llamado al subsecretario Alejandro Encinas y a la subsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de que no vayan a meter mano negra como lo hicieron con Mara Gómez, porque si nos imponen a alguien ni vamos a dejar que tome el cargo”, enfatiza Karla Pérez Guerrero, del colectivo veracruzano Mujeres en Búsqueda de sus Desaparecidos, en entrevista con El Sur.
Karla, quien busca a su esposo Herón Miranda Godos desde marzo de 2014, explica que como colectivos de víctimas postularon a tres candidatos: Juan Carlos Sánchez Flores, exdirector del Programa de Atención a Víctimas del Delito (Províctima) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Juan López Villanueva, quien trabajó como director de área de Províctima; y Antonio Rueda Cabrera, consultor experto en materia de víctimas de la organización Insyde.
De éstos, sólo Rueda Cabrera estaría incluido en la lista final.
El diálogo con los aspirantes finalistas se realizará de manera virtual por medio de la plataforma Zoom el próximo 17 de noviembre a partir de las 15:00.
En Guerrero no hay autoridad confiable: madre de desaparecido
Una de las preguntas que los colectivos de víctimas quieren hacer a las personas interesadas en dirigir a la CEAV tiene que ver con la extinción del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, uno de los 109 fideicomisos cancelados por la Cámara de Diputados a principios de octubre.
“¿Qué acciones se compromete a realizar para garantizar que contemos con los recursos necesarios de ayuda, asistencia y reparación integral del daño?”, se lee en el comunicado.
El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto por la Ley General de Víctimas, asegura los recursos necesarios para realizar las búsquedas de personas desaparecidas y así garantizar el acceso a la verdad y la justicia.
Gema Antúnez Flores, representante de Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo y madre de Juan Sebastián Antúnez, a quien busca desde 2011, dice a El Sur que la extinción del Fondo de Ayuda significa dejar a los familiares en manos de la delincuencia.
“Yo me encargo de buscar los puntos en donde los sicarios tiran los cuerpos: me expongo porque las autoridades aquí no quieren arriesgarse. Nosotros sí nos arriesgamos y muchas veces lo hemos hecho sin protección”, comenta, descorazonada.
Gema lamenta que las autoridades estén dejando a la deriva a las familias de víctimas que ya de por sí enfrentan un clima de hostigamiento y violencia. Afirma que en Guerrero ninguna autoridad –ni la Comisión Estatal de Víctimas, ni la Secretaría de Salud, ni la Comisión de Derechos Humanos– puede ser considerada confiable. Cada vez que alguien pone una denuncia por desaparición forzada de inmediato recibe amenazas.
Y sin un programa alternativo que sustituya al Fondo de Ayuda las búsquedas están paralizadas; las más afectadas son las búsquedas que implican el desplazamiento a otros estados, puesto que los viáticos son mayores y los colectivos no logran solventarlos con sus recursos.
“En Guerrero tenemos 32 puntos donde hay cuerpos y aún no podemos hacer las búsquedas. Una estaba programada para abril 2020 pero no se dio. Nosotros queremos sacar los cuerpos de las fosas, queremos darle paz a las familias pero ahora están cancelando todas las búsquedas, en vida y en campo”, explica.
También escasean los apoyos económicos para otros tipos de gastos. “La mayoría de familias (de víctimas) aquí no tienen casa, viven de arrimados o rentan un cuartito –cuenta Gema–. Con la pandemia la gente apenas está sacando para comer y no tiene la posibilidad de gastar en internet o comprar una computadora para que sus hijos reciban las clases en línea”.
Es el caso de Guadalupe Vicario Cayetano, también de Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo. A causa de la epidemia de covid-19 sus ingresos se redujeron drásticamente: si antes tenía ocupada toda la semana como trabajadora doméstica, ahora logra emplearse un par de días por semana.
“No tengo casa y tengo que solventar los gastos de mi hijo, y sin los recursos ahora es muy complicado”, menciona Guadalupe, quien desde hace siete años busca a su marido, sus dos hijos y su yerno –Augustín Martínez Organista, Augustín Martínez Vicario, Héctor Martínez Vicario y Saúl Meza Rodríguez–, todos desaparecidos en Chilpancingo.
Karla Guerrero resalta que la cancelación de las búsquedas por falta de dinero es una revictimización, aparte de que se viola la Ley General de Víctimas que garantiza el derecho de buscar a los seres queridos desaparecidos.
Texto: Caterina Morbiato
