Oriol Junqueras y los otros 11 líderes independentistas se enfrentan a penas de entre 7 y 25 años que pide la Fiscalía; Abogado de Jordi Sánchez cuestiona al tribunal: “hagan de jueces” y “no de salvadores de la patria”.
Madrid, España, 12 de Febrero de 2019. El juicio por el “procés” independentista en Cataluña comenzó este martes en el Tribunal Supremo con los 12 encausados sentados juntos en el banquillo situado frente a los siete magistrados que juzgarán la causa, renunciando de este modo a la prerrogativa que se les concedió de asistir a las sesiones sentados junto a sus letrados.
El único que lleva lazo amarillo es el líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, mientras que los ex consejeros llevan un pin institucional de su condición de funcionarios del Govern.
El presidente del tribunal, Manuel Marchena, inició la vista advirtiendo, y citando jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que cada uno de los abogados dispondrá de una media hora para exponer sus alegatos previos.
El juicio comenzó con cierto retraso debido al tiempo que ha sido necesario para dotar de la preceptiva acreditación a la casi veintena de abogados, a los familiares que acompañan a los líderes independentistas encausados, al público y a los centenares de periodistas acreditados para este juicio, que hacían ya cola minutos antes de la hora de apertura del palacio de justicia a las 8 de la mañana.
Tras las advertencias de Marchena, la letrada judicial procedió a leer un resumen del escrito de la Fiscalía detallando qué delitos se imputan a cada uno de los encausados.
Abogado de Sánchez cuestiona al tribunal:
“hagan de jueces” y “no de salvadores de la patria”
El abogado del ex presidente de la ANC Jordi Sánchez y del ex consejero catalán Josep Rull pidió a los magistrados del Tribunal Supremo que comenzaron este martes a juzgar el “procés” independentista en Cataluña que “hagan de jueces” y “no de salvadores de la patria”.
Así lo ha dicho el letrado Jordi Pina durante su primera intervención en la vista oral, en la que ha expuesto las cuestiones previas, dirigidas a denunciar las posibles vulneraciones de derechos fundamentales antes de dar comienzo al juicio en sí con los interrogatorios de los procesados.
El letrado comenzó este alegato dudando de la imparcialidad de los magistrados del Supremo, desde el presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal, Manuel Marchena, hasta el juez instructor de la causa, Pablo Llarena.
Pina hizo mención a una carta publicada en un medio de comunicación, que fue enviada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al juez de Barcelona (fallecido), que inició la investigación de los preparativos del referéndum ilegal, Juan Antonio Ramírez-Sunyer.
En ella, el máximo representante del Poder Judicial aseguraba que el magistrado era un “héroe nacional” porque había “cambiado el rumbo” de España.
“Son magistrados, no héroes nacionales”, recordó el abogado, ironizando que esta afirmación hace pensar que los magistrados del alto tribunal están para “mantener la unidad de España”. “Hagan de jueces, no de salvadores de la patria”, pidió.
Para el abogado de Sánchez –para el que Fiscalía pide 17 años de prisión por rebelión– y Rull –que se enfrenta a 16 años de cárcel por el mismo delito– la muestra de que el juez instructor Pablo Llarena no ha sido imparcial es que en dos de sus autos se expresó en primera persona del plural.
Sobre Marchena, recordó la polémica generada por el Whatsapp del senador Ignacio Cosidó en el que se jactaba de que si este magistrado era elegido como presidente del Consejo General del Poder Judicial podría controlar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo “desde detrás”.
Tribunal “contaminado”
Asimismo, resaltó que cuatro de los siete miembros del tribunal que juzga a los 12 líderes independentistas están “contaminados”, entre ellos el propio presidente, porque fueron los magistrados que admitieron a trámite la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra el gobierno de Carles Puigdemont, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y cinco ex integrantes de la Mesa, que inició la causa.
“Hay una apariencia de falta de imparcialidad” y “Europa nos dice que las apariencias son muy importantes”, ha aseverado el abogado, haciendo alusión a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre Arnaldo Otegi en la que dictó que no había tenido un juicio justo.
Por otro lado, Pina solicitó al tribunal que reconsidere todas las pruebas que le han sido denegadas como la declaración como testigo del Rey Felipe VI: “Sería interesante para este proceso escuchar lo que pueda decirnos el Rey de España”, ha indicado. El artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) prohíbe expresamente la comparecencia ante el tribunal del jefe del Estado.
En cuanto a otras de las declaraciones, el abogado lamentó que se haya denegado la comparecencia de Carles Puigdemont debido a que está procesado en esta causa y declarado en rebeldía y, por tanto sus argumentación puede que “no sea veraz”; pero que no se haya mantenido el mismo criterio para aceptar la declaración como testigo del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, acusado por rebelión en la Audiencia Nacional.
Receso de 30 minutos
Tras la intervención del abogado de Jordi Sánchez y Josep Rull, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, decidió hacer un receso de 30 minutos, durante el cual los nueve acusados en prisión provisional han sido trasladados en la sala habilitada para ellos.
Antes de este “parón”, Jordi Pina planteó la posibilidad la suspensión de la vista oral para poder analizar parte de la prueba documental que ha sido admitida y a la que aún no han tenido acceso. Según ha apostillado, si no pueden examinar dichos documentos antes de los interrogatorios de los acusados se puede incurrir en una vulneración del derecho de defensa.
Considera que otra vulneración es que sus clientes no puedan declarar en catalán. Por ello, ha vuelto a solicitar la posibilidad de que las declaraciones se traduzcan de forma simultánea — “no es lo mismo si tenemos que estar cada pocos minutos parando”, ha añadido para descartar la posibilidad de que la traducción sea consecutiva– porque, al igual que en su caso, les “cuesta” expresarse en castellano.
Carpetas vacías en la “nube virtual”
Ana Bernaola, en representación del ex consejero Turull, ha sido la primera en comparecer tras el receso y se ha adherido a todas las manifestaciones anteriores realizadas por su compañero Pina y ha interesado también la suspensión del juicio hasta que no esté a su disposición toda la prueba documental.
Se ha quejado también esta letrada de que la “nube virtual” mediante la cual los abogados tienen acceso al sumario presentaba varios fallos, como la existencia de carpetas vacías y parte del sumario al que no han podido acceder, y que los problemas técnicos persisten a día de hoy. Todo ello ha producido una vulneración del derecho de defensa.
Igualmente consideró “insólito” que no se haya permitido el acceso a esta defensa a documentos que contenían información sobre lesiones sufrida por policías y guardias civiles que participaron en el 1-O.
Es esencial para esta parte recordar que las acusaciones formuladas se sustentan exclusivamente en los atestados policiales procedentes del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del 1-O, a las que se han ido incorporando aleatoriamente resoluciones de dicho órgano.
Por último, alegó vulneración del derechos fundamentales en relación a lo señalado hace unos días por la secretaria de Estado responsable de la campaña España Globarl, Irene Lozano, quien en una entrevista a la BBC el pasado 21 de diciembre afirmó que el juicio del “procés” es un reto “para el sistema judicial español” porque “el hecho de que haya líderes políticos que hayan cometido delitos penales que estén siendo juzgados no es algo que ocurra habitualmente”.
Según esta parte, estas expresiones suponen una vulneración a la presunción de inocencia de sus clientes.
Texto: Europa Press
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