Texto: DPA / Foto: Archivo Xinhua. En la imagen del 4 de junio, una persona observa vehículos dañados cubiertos de ceniza luego de la erupción del Volcán de Fuego, en San Miguel Los Lotes, del departamento de Escuintla, Guatemala.
Guatemala, 27 de junio de 2018. Las autoridades de Guatemala declararon inhabitables una comunidad y una finca devastadas el 3 de junio por la potente erupción del Volcán de Fuego que dejó al menos 112 muertos y 197 desaparecidos.
“La zona queda declarada como inhabitable y ya no puede haber nadie allí”, advirtió Sergio García Cabañas, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Se trata de la comunidad San Miguel Los Lotes, en el sureño departamento de Escuintla, unos 60 kilómetros al sur de la capital.
También se declaró inhabitable la finca La Reunión, donde hasta entonces funcionaba un lujoso campo de golf y complejo de residencias rodeado de volcanes.
De acuerdo con la Conred, los flujos piroclásticos (gases y material volcánico muy caliente) que descendieron del volcán durante la erupción destruyeron 186 viviendas, todas ubicadas en San Miguel Los Lotes.
Otras 750 viviendas sufrieron daños entre severos y moderados, la mayoría en otras comunidades del departamento de Escuintla, pero también del departamento de Sacatepéquez.
San Miguel Los Lotes será declarado como camposanto, dijo hoy el gobernador departamental, Guillermo Domínguez, que apuntó que las autoridades de Escuintla esperan que la decisión esté respaldada por los sobrevivientes.
Las barrancas Las Lajas, Seca, Taniluyá y Cenizas, en las faldas del volcán, también fueron declaradas como “zona de alto riesgo” por el Consejo Científico de la Conred.
García Cabañas también informó que 178 comunidades cercanas al volcán siguen bajo amenaza de lahares (avalanchas de material volcánico) y 152 por flujos piroclásticos.
Como consecuencia de ello y ante las persistentes lluvias, otras 69 comunidades de Escuintla están en riesgo de inundaciones por la crecida de ríos, dijo el experto.
“A partir de este momento no podrá desarrollarse ni apoyarse ningún proyecto público o privado que ponga en riesgo la vida de sus habitantes hasta que se cuente con dictámenes técnicos y científicos que den muestra que la amenaza ha desaparecido”, agregó.
