Hay elementos para acreditar que no iban armados y que no había enfrentamiento, sostiene el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
Ciudad de México, 16 de marzo de 2023. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, manifestó que los cinco jóvenes que fueron perseguidos por un convoy militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a finales de febrero, fueron ejecutados.
Dijo que aún falta conocer la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para saber lo sucedido, sin referirse a la indagatoria que también realiza la Fiscalía General de la República (FGR).
“Tenemos que esperar la investigación que solicitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“No se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados”, manifestó Encinas en la Cámara de Diputados, donde acudió para dar detalles sobre una nueva Ley de la Memoria.
De acuerdo con los testimonios que se han generado sobre el caso, al salir de un centro nocturno la madrugada del domingo 26 de febrero, siete jóvenes se toparon con el convoy militar y, tras una persecución en la Colonia Cavazos Lerma, cinco civiles fueron abatidos y dos resultados heridos.
“Evidentemente, hay elementos para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento”, señaló Encinas.
La declaración del Subsecretario contradice la versión inicial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sobre que hubo una persecución porque los jóvenes iban armados y que al escuchar un “estruendo” los militares involucrados accionaron sus armas.
De 21 militares que participaron en los hechos violentos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al menos cuatro fueron vinculados a proceso por la muerte de cinco civiles identificados como Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo, de origen estadounidense, y Alejandro Trujillo Rocha.
El subsecretario aseguró que la investigación deberá aclarar cómo fue la cadena de mando en los hechos, si los soldados detenidos obedecieron o no a sus superiores.
Presenta proyecto de Ley de Memoria en San Lázaro
Durante la decimosexta reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez enfatizó que la ley busca institucionalizar una política pública que reconozca la responsabilidad de los distintos órdenes de gobierno y órganos autónomos, para establecer los criterios y normas que permitan implementar y dar seguimiento de las disposiciones internacionales para atender las demandas de los colectivos y facilitar así las tareas de investigación y creación de archivos de memoria.
“Hay que dejar atrás el tiempo de las memorias oficiales y reconocer la diversidad que en esos procesos son parte de la construcción de la transición democrática en nuestro país” puntualizó.
De lo que trata, dijo, es de generar una ley clara y concreta sin muchas normas, que constituya las obligaciones del Estado para garantizar el ejercicio de este derecho para establecer una relación entre justicia, verdad, búsqueda y garantía de no repetición.
Crea el Senado comisión bicameral para analizar acciones de la GN
El Pleno del Senado designó a los integrantes de la Comisión Bicameral que se encargará del análisis y dictamen de los informes que remita el Ejecutivo federal respecto a las acciones de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.
De acuerdo con el documento, durante los primeros seis meses de ejercicio, la presidencia de esta instancia estará a cargo del coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal.
Estará conformada por los senadores Damián Zepeda Vidales, del PAN; Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI; Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; e Israel Zamora Guzmán, del PVEM.
Además de Alejandro González Yáñez, del PT; Marcela Mora Arellano, del PES; Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD; y Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural.
Los informes deberán contener indicadores cuantificables y verificables, que permitan corroborar, entre otros asuntos, el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como el cumplimiento de los criterios de participación en las tareas seguridad pública.
Texto: Staff / Agencia Reforma
